Gabriel Sosa Plata*
Spoiler: pese a todo lo que podamos cuestionar a la televisora de Ricardo Salinas Pliego en materia de contenidos, la respuesta es no. Ni la legislación vigente ni su título de concesión incluyen como causal de revocación la violación a los principios de la función social que deben cumplir los medios electrónicos.
La Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión es explícita. En su artículo 287 establece que la revocación sólo procede por faltas operativas graves: no iniciar los servicios en tiempo, transferir indebidamente la concesión o incumplir obligaciones como la retransmisión gratuita (el famoso must carry/must offer).
El discurso de odio, la falta de veracidad, la violación de derechos de niñas y niños o la apología de la violencia no aparecen en ese listado.
Pero eso no significa que no existan otras rutas.
La propia ley prevé una vía indirecta: la revocación por reincidencia.
La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) podría revocar una concesión si el concesionario ha sido sancionado al menos dos veces por cualquier causa aplicable y esas sanciones han quedado firmes (es decir, han causado estado). Así, si TV Azteca violara reiteradamente las normas de contenido y acumulara dos sanciones definitivas, podría enfrentar la revocación por reincidencia, aunque esas faltas no aparezcan como causales directas en la ley.
Aun así, llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza sería complejo, largo y difícil de sostener hasta su conclusión.
Existe además otra causal prevista en la ley, no necesariamente vinculada a los supuestos anteriores: “solicitar protección de algún gobierno extranjero” (fracción VII del artículo 287).
¿Lo ha hecho TV Azteca? Hasta donde se sabe, no. Aunque sí ha abierto sus pantallas a quienes claman abiertamente por una intervención del gobierno estadounidense en México -como ocurrió en la cobertura de la marcha de la generación Z-, no existe evidencia pública de que la empresa o sus representantes legales hayan pedido protección al presidente Donald Trump.
Ahora bien, el título de concesión única otorgado a Televisora del Valle de México (ADN 40) contiene obligaciones específicas derivadas de la normativa vigente. Varias de ellas tocan directamente las preocupaciones de las audiencias en torno al discurso de odio y la violencia.
Una de ellas es la prohibición de discriminación (condición 8). La concesionaria tiene prohibido establecer privilegios o distinciones que constituyan discriminación por opiniones u otros factores que “atenten contra la dignidad humana”.
Esta cláusula podría ser una base legal para sancionar contenidos que incurran en discursos de odio… pero no para revocar la concesión.
Otra obligación relevante es la prohibición de hacer apología del delito en programación dirigida a niñas, niños y adolescentes (condición 9). El concesionario debe abstenerse de difundir información, imágenes o audios que “hagan apología del delito”. Esta salvaguarda está además reforzada por la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
También aquí podría configurarse una infracción grave… pero tampoco suficiente para alcanzar la revocación.
¿Qué sí se puede sancionar?
El marco legal vigente otorga a la Secretaría de Gobernación facultades para imponer multas a los concesionarios que incumplan la clasificación de contenidos o transmitan propaganda de gobiernos extranjeros.
La CRT, por su parte, puede multarlos por exceder los tiempos máximos de publicidad, por no nombrar a un defensor o defensora de audiencia o no emitir Códigos de ética.
Además, el órgano regulador puede ordenar la suspensión precautoria de transmisiones que violen derechos de audiencias y en particular los derechos de niñas, niños y adolescentes.
¿Qué pueden hacer las audiencias?
Independientemente de las sanciones gubernamentales, que en ocasiones son necesarias, el marco jurídico mexicano reconoce herramientas directas para que las audiencias combatan la desinformación y el discurso de odio: recurrir a la defensoría de las audiencias, ejercer el derecho de réplica y exigir el cumplimiento pleno de la ley.
El problema es que la defensoría de TV Azteca no responde a las audiencias, sino al concesionario, lo que la vuelve un mecanismo prácticamente inoperante.
De ahí la importancia de que la CRT emita lineamientos eficaces sobre derechos de las audiencias que garanticen la autonomía y el funcionamiento real de las defensorías.
Regular contenidos implica un equilibrio delicado entre la libertad de expresión de los concesionarios, su responsabilidad social y los derechos de las audiencias. No hay medidas simples.
Me sumo a quienes opinan que no deben revocarse las concesiones de TV Azteca, pese a los excesos en los que ha incurrido. Una democracia no se sostiene silenciando pantallas, sino fortaleciendo la mirada crítica de quienes las observan. Las audiencias tenemos más poder del que creemos: reclamar, exigir, señalar y organizarnos.
Si queremos contenidos que no normalicen la violencia, el discurso de odio, el engaño o la desinformación, indignarnos no es ni será suficiente: debemos participar activamente en la defensa de nuestros derechos. La regulación es importante, pero nada pesa más que una ciudadanía vigilante frente a las pantallas en disputa.
TV UNAM: librazo
Durante la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, se presentó oficialmente un “librazo”, de lectura indispensable para quienes amamos los medios públicos: Televisión universitaria Tomo II. Un canal para la UNAM: 1985–2023.
La presentación contó con la participación de los autores Magdalena Acosta Urquidi y Federico Dávalos Orozco, así como del director de TV UNAM, Iván Trujillo, y del cineasta y exdirector del canal, Armando Casas.
La obra es producto de una investigación rigurosa sobre casi cuatro décadas de esfuerzo institucional, técnico y editorial para que la UNAM desarrollara una televisión universitaria autónoma. Reconstruir así la memoria de un proyecto que, como pocas iniciativas en México, apostó por la cultura, la ciencia, la educación y el pensamiento crítico desde una perspectiva universitaria, es no sólo un deleite historiográfico, sino también fuente de inspiración y esperanza.
Para quienes creemos en los medios públicos, en la autonomía universitaria y en la responsabilidad social del periodismo, este libro invita a reflexionar sobre los valores que debe defender la televisión pública: pluralidad, memoria, diversidad cultural y compromiso ético con las audiencias.
* Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista. Defensor de audiencias. Conduce el programa Media 20.1 en TV UNAM.
