Balbina Flores Martínez*
En un cuarto de siglo el gremio periodístico en México ha sido blanco de violencia constante, vulnerando la libertad de prensa de los periodistas y el derecho a la información de los ciudadanos.
El costo humano de esa violencia ha sido altísimo: más de un centenar de homicidios, decenas de periodistas desaparecidos y de secuestrados, desplazamientos forzados, agresiones físicas, censura, autocensura, demandas y amenazas.
Durante 25 años, quiero reconocer que la revista Zócalo ha sido siempre un espacio abierto y solidario con los informadores de este país y de otras regiones del mundo, como ahora ocurre con el genocidio en Gaza, en donde el ejército de ocupación israelí ha matado a más de 250 comunicadores. Esta revista ha sido uno de los pocos medios especializados que permanentemente informa de aquellas agresiones.
Advertir de aquellas agresiones en más de dos décadas, no sólo es un esfuerzo para hacer memoria y exigir justicia, además, es un modesto homenaje a aquellos periodistas, hombres y mujeres, quienes perdieron la vida o fueron agredidos en sus derechos por su actividad periodística informando. Buena parte de los periodistas asesinados han ocurrido en ciudades pequeñas, en donde la seguridad es más vulnerable.
Las cifras son frías pero miden el pulso de la situación de la prensa en México, en donde en 25 años más de 175 periodistas han sido asesinados y otros 29 están desaparecidos. El impacto de esos homicidios y otros hechos de violencia es enorme. Muchos de los periódicos, revistas o portales informativos locales en donde publicaban esos informadores, muchos ya no existen, creando “zonas de silencio”. Es decir, la información de interés social desapareció en aquellas ciudades o regiones. Cuando un país ve silenciar a sus periodistas, la democracia está en riesgo.
Aquellas agresiones, registradas por Reporteros Sin Fronteras, siempre tuvieron espacio en esta publicación mensual. Denunciando los hechos, obteniendo la información de fuentes confiables como testigos, compañeros de trabajo de las víctimas y familiares de las mismas. Cada homicidio de un periodista vulnera la libertad de expresión, el derecho a saber del entorno social y lesiona la democracia.
En el último cuarto de siglo, años difíciles para la prensa, el sistema jurídico de protección y defensa del gremio se fortaleció con la creación de dos instituciones: Mecanismo de Protección para Defensores y Periodistas (2012) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión de la FGR (2010). Hoy 19 estados del país cuentan con una normatividad para la protección de periodistas.
En poco más de dos décadas o cuatro sexenios, se puede afirmar sin la menor duda que el sexenio más difícil para la prensa en México, fue el de Felipe Calderón (2007-2012), cuando se inició la llamada guerra contra el narcotráfico en México, declarada en Michoacán por Calderón. Durante ese sexenio fueron asesinados 57 periodistas y otros 16 fueron desaparecidos, algo devastador para la prensa en este país.
Como puede verse en el siguiente cuadro, las cifras por sexenios de periodistas asesinados y desaparecidos no se han movido mucho en los cuatro sexenios: dos del PAN, otro del PRI y uno más de Morena.
En ese cuarto de siglo, todos estos años han ocurrido asesinatos que han impactado al gremio periodístico en México y dejado una herida enorme en el periodismo. En la mayoría de los casos esos homicidios permanecen en la impunidad, 90%.
En el sexenio de Vicente Fox, quien decidió ya no leer periódicos “para no ver las malas noticias”, ocurrieron los asesinatos de los periodistas Roberto Mora García, director editorial del periódico El Mañana de Nuevo Laredo, Tamaulipas (2004); y el atentado a la redacción del diario casi al finalizar ese gobierno. El homicidio de Francisco Ortíz Franco del Semanario Zeta (2004), el segundo periodista asesinado de ese medio después de Héctor Félix Miranda (1988). Además de la desaparición del joven reportero Alfredo Jiménez Mota (de 25 años) del periódico El Imparcial en Sonora, ocurrido desde 2005.
El asesinato de Dolores Guadalupe Escamilla (2005), ocurrido en la puerta de la redacción de la radio donde laboraba. En ese gobierno aparecieron las “zonas de silencio” en el norte del país donde el narcotráfico empezó a asediar a la prensa, como en Tamaulipas que se extendió y ahondó con la llamada guerra contra el narcotráfico. El sexenio de Calderón cerró con 57 periodistas asesinados y 16 desaparecidos.
En 2008 fue asesinado el periodista Armando Rodríguez Carreón, de El Diario de Juárez. Miguel Villagómez, en Michoacán, en 2008, y el secuestro de cuatro periodistas en Durango que después fueron rescatados en un extraño show organizado por Genaro García Luna. Lo mismo ocurrió con Bladimir Antuna (2009) y con Eliseo Barrón Hernández (2009).
Luego ocurrió la misma tragedia con Valentín Valdez Espinosa, en el estado de Coahuila (2010). En Veracruz, Miguel Ángel López Velasco, asesinado junto a su esposa e hijo. Otro caso fue la muerte de Yolanda Ordaz, en Veracruz (2011). Casi al final del gobierno de Felipe Calderón, como respuesta a la exigencia de periodistas y organizaciones, y después de medio centenar de periodistas asesinados, se creó el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras y Periodistas, sin estructura y sin presupuesto suficiente.
En el sexenio de Enrique Peña ocurrieron 48 asesinatos de comunicadores, como el de la periodista Regina Martínez, corresponsal de la revista (Proceso (2012), seguido por el caso del periodista Rubén Espinosa (2015), quien se refugió en la Ciudad de México, proveniente de Veracruz, entidad en donde en el gobierno de Javier Duarte se cometieron 17 homicidios, como documentó RSF en su informe Veracruz: Estado de Silencio (2017).
Peña Nieto reaccionó al final de su sexenio ante los asesinatos de informadores y las manifestaciones en varias regiones del país por los homicidios de Miroslava Breach (03/2017) en Chihuahua, y el de Javier Valdez Cárdenas (05/2017), ambos corresponsales de La Jornada; Cecilio Pineda, en Guerrero (2017), quien estaba en los registros del Mecanismo de Protección. Francisco Pacheco Beltrán (2016), Ricardo Monlui (2017), entre muchos otros cuyas indagatorias siguen en la impunidad.
Los asesinatos de Miroslava y Javier y las protestas nacionales e internacionales hicieron que el gobierno de Enrique Peña Nieto convocara de manera urgente a la Conferencia Nacional de Gobernadores. En esa reunión condenó los asesinatos de periodistas y dijo: “No permitiremos la censura ni de las nuevas plataformas digitales, una democracia plena requiere que nadie calle su voz”. Era ya bastante tarde, habían asesinado a 48 periodistas. Además, en este gobierno ocurrieron los despidos de Carmen Aristegui después de la publicación del libro La Casa Blanca de Peña Nieto, un claro hecho de censura que recordaron las peores épocas del priísmo.
Peña Nieto se comprometió a fortalecer la estructura y presupuesto del Mecanismo de Protección y establecer protocolos para reducir las situaciones de riesgo para periodistas, pero la violencia contra la prensa no se detuvo.
Su sucesor Andrés Manuel López Obrador, quien llegó al poder con una legitimidad incuestionable, creando expectativas de cambio y de mayor seguridad para el gremio con aquella frase: “En mi gobierno no habrá más asesinatos de periodistas”, lanzada en el Zócalo el 1 de diciembre de 2018. Pasaron cinco años para que ese gobierno como el anterior reaccionara y se diera cuenta que en México se estaban matando a periodistas.
No habían pasado ni un mes del gobierno de AMLO cuando fue asesinado Rafael Murúa Manríquez en Baja California, quien contaba con protección; después fue asesinada la periodista Norma Sarabia, en Tabasco (2019). Posteriormente, sucedió el homicidio del fotógrafo Margarito Martínez, en Baja California (2022); y luego el de María de Lourdes Mendoza (2022). Armando Linares fue muerto un mes después de que asesinaran a su colega Roberto Hernández (2022); y luego ocurrió el de Luis Martín Sánchez, Nayarit (2023). Así cerró el sexenio de la 4T con 47 periodistas asesinados. En ese gobierno seis periodistas con protección del Estado fueron asesinados. Una situación que particularmente marcó al gobierno de AMLO fue el discurso estigmatizante para la prensa y que otros gobiernos copiaron a su conveniencia, y hoy en día sigue siendo una práctica. El periodismo pasó de la mirada indiferente o cómplice de los gobiernos panistas ante las agresiones a ser un gremio estigmatizado y descalificado.
En el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum que inició el 1 de octubre de 2024, en 10 meses se cometieron siete asesinatos de periodistas. Si bien su discurso en contra de los periodistas se ha moderado, contrario a su predecesor, las agresiones continúan preocupando.
Otro tipo de agresión o amago son las demandas judiciales en los primeros meses de 2025, incrementadas de manera considerable con sentencias excesivas y multas irracionales emitidas por el Poder Judicial, como es el caso del periodista Jorge González, en el estado de Campeche, a quien los jueces impusieron medidas cautelares inadmisibles. Así hasta llegar a más de una decena de casos en tan sólo dos meses.
Ahora en septiembre de 2025, a 25 años de fundada la revista Zócalo, esta publicación continúa difundiendo la violencia ejercida en contra de la prensa. La presidenta Claudia Sheinbaum tiene la oportunidad de revertir el estigma internacional que tiene México de ser uno de los países más violentos para ejercer el periodismo y cumplir con los cinco compromisos firmados con Reporteros Sin Fronteras para el fortalecimiento del oficio en este país.
*Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras.
