Dania Ravel Cuevas
El próximo 1º de junio, por primera vez la ciudadanía elegirá a las personas que ocuparán algunos de los cargos del Poder Judicial de la Federación. Con esta elección, se marca un cambio para el acceso a los cargos de ministraturas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, magistraturas de la Sala Superior y de las Salas Regionales del Tribunal Electoral Poder Judicial de la Federación, así como las magistraturas de circuito, juezas y jueces de distrito y la totalidad del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
El impacto de esta elección es de trascendencia nacional, ya que las resoluciones que las personas juzgadoras emiten pueden afectar la vida cotidiana de las personas, pues entre sus funciones está desde interpretar la Constitución hasta la resolución de conflictos entre particulares. Las decisiones que toman las personas juzgadoras afectan a la solidez de nuestro sistema de justicia, al pleno ejercicio de nuestros derechos humanos y, en términos generales, al Estado de Derecho como elemento indispensable de la democracia. De ahí la importancia de estas elecciones.
La aplicación de la reforma electoral del Poder Judicial Federal ha implicado múltiples desafíos para las instituciones electorales, y a poco más de dos meses de la Jornada Electoral, el proceso de organización continúa avanzando, a pesar de enfrentar un contexto muy complejo.
Alguno de los retos en la organización del proceso electoral
El Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025 (PEEPJF) ha implicado un esfuerzo sin precedentes para el INE debido a las restricciones presupuestales. En el anteproyecto de presupuesto que aprobó el Consejo General se preveía un monto de $13,205 millones 143 mil 620 pesos para su organización.
Sin embargo, la Cámara de diputaciones aprobó una reducción presupuestal por la cantidad de $13,476 millones de pesos, de modo que sólo pudimos destinar inicialmente a la organización de la elección la cantidad de $6,219 millones 213 mil 262 pesos, y eso gracias a que habíamos previsto un presupuesto precautorio de $4,620,764,137 para una posible Consulta Popular que finalmente no se concretó, por lo que para la organización de esta elección extraordinaria tuvimos menos de la mitad de lo originalmente presupuestado, y aunque el 16 de enero el Consejo General del INE aprobó la solicitud de una ampliación presupuestal por la cantidad de $1,511 millones 757 mil 665 pesos, el INE sólo ha recibido $800 millones de pesos adicionales.
La severa reducción presupuestal y los plazos tan acotados que tenemos para la organización de la elección nos han obligado a replantear las actividades para la organización del PEEPJF, lo que genera algunas afectaciones a la ciudadanía. Por ejemplo, en lugar de instalar 170 mil casillas instalaremos sólo 84,204 casillas seccionales, por lo que el día de la elección la ciudadanía posiblemente tendrá que recorrer una mayor distancia desde su domicilio hasta la casilla para emitir su voto.
Adicionalmente, el INE se ha enfrentado a la organización del PEEPJF con plazos sumamente reducidos, y para muestra basta con señalar que, aunque formalmente las elecciones ordinariamente se organizan con 9 meses de anticipación, lo cierto es que los trabajos para su concreción inician con anterioridad al inicio formal del Proceso Electoral. En este caso, ante un proceso electoral inédito y con un nuevo marco normativo, eso resultó imposible, pues incluso el Decreto señaló que la etapa de preparación del PEEPJF iniciaría con la primera sesión que el Consejo General celebrara dentro de los siete días posteriores a su entrada en vigor, y así fue como el 23 de septiembre del año pasado, el INE emitió la declaratoria correspondiente, prácticamente con tres semanas de retraso en comparación con otros Procesos Electorales.
Adicionalmente, se debe considerar que el INE tuvo que iniciar los trabajos de implementación de la reforma constitucional sin que el Congreso de la Unión hubiera emitido la legislación secundaria, y fue hasta el 14 de octubre cuando se publicó la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE).
En ese contexto en el que de por sí ya teníamos menos tiempo de lo usual para organizar el PEEPJF con todos los retos y novedades que conllevaba, debe sumarse que tuvimos que acatar las suspensiones judiciales que ordenaban detener la implementación de la reforma, lo que implicó que no se pudieran realizar actividades para la organización de la elección entre el 30 de septiembre y hasta el 18 de noviembre, cuando la Sala Superior resolvió los expedientes SUP-AG-632/2024 y Acumulados, en donde determinó que era constitucionalmente inviable suspender la elección judicial y, en este sentido, ninguna autoridad, poder u órgano del Estado podía suspender, limitar, condicionar o restringir las actividades relativas al PEEPJF.
Otro de los retos que hemos enfrentado es que al tener un número de cargos a elegir (881) mayor al de cualquier otro Proceso Electoral Federal (máximo 629), y debido a que el Marco Geográfico Electoral para esta elección también es diferente, tuvimos que pensar en un diseño de boletas electorales distinto, lo que desde luego también acarrea retos en materia de capacitación electoral porque las y los ciudadanos no votarán marcando un logo, sino que seleccionarán números de candidaturas dentro de listados diferenciados por género y especialidad.
La complejidad y diversidad de las boletas y el alto número de candidaturas también hizo necesario replantear el escrutinio y cómputo de los votos en las casillas, lo que llevó a romper con el modelo implementado en los procesos electorales anteriores debido a que habrá un alto número de combinaciones posibles en la emisión de los votos por lo que el proceso de escrutinio y cómputo se vuelve exponencialmente más complejo y tardado.
Con base en un simulacro realizado por el INE, en donde se consideró un escenario hipotético con 100 electores, obtuvimos que el proceso de escrutinio y cómputo duraría en promedio 88 minutos. Esto implicaría que en aquellas casillas seccionales donde se espera la asistencia máxima de 4 mil electores, el proceso de escrutinio y cómputo se prolongará hasta por 58 horas, lo que resulta inviable operativa y técnicamente, pues no podríamos mantener por tanto tiempo a las personas funcionarias en las casillas y tampoco sería viable abrir espacios para descansos mientras las urnas y boletas permanecieran ahí.
Ante este escenario, el INE determinó que el proceso de escrutinio y cómputo se llevara a cabo en los Consejos Distritales, y si bien es cierto que en nuestro país la credibilidad y la confianza en las elecciones se basa en la participación de la ciudadanía, debe considerarse que los Consejos Distritales del INE se encuentran integrados por ciudadanas y ciudadanos que no son funcionariado del Instituto.
Es decir, se trata de órganos colegiados temporales que se instalan y funcionan durante los procesos electorales. Su objetivo es vigilar y organizar el adecuado ejercicio de los trabajos de preparación y desarrollo de las elecciones, y las personas que fungen como Consejeras y Consejeros Distritales son electas a través de un procedimiento público que se detona con una convocatoria abierta a la ciudadanía, por lo que cualquier persona ciudadana que cumpla con los requisitos establecidos en la LGIPE puede inscribirse y participar.
La preparación continúa…
Entre los aspectos clave que la ciudadanía debe tener en cuenta en los próximos meses se encuentran:
• Las campañas de las personas candidatas que se realizarán del 30 de marzo al 28 de mayo de 2025. Las personas candidatas no podrán recibir financiamiento público ni privado para sus campañas, podrán participar en entrevistas de carácter noticioso y foros de debate, difundir propaganda a través de redes sociales o medios digitales sin erogar recursos para potenciar o amplificar contenidos, es decir, se debe tratar de contenido “orgánico”. Las y los candidatos no podrán contratar o adquirir tiempo en radio y televisión, pero sí podrán difundir propaganda impresa en papel.
• El “Sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles” estará disponible a partir del inicio de las campañas electorales (30 de marzo) para que la ciudadanía pueda consultar información profesional y académica de las personas candidatas, además de su visión acerca de la función jurisdiccional y la impartición de justicia, así como sus propuestas de mejora.
Se le dio una misión imposible al INE, sin embargo, gracias al trabajo profesional y especializado de quienes conforman a la institución, particularmente de su servicio profesional, la organización de esta elección está en marcha.
*Consejera electoral del Instituto Nacional Electoral
