Agustín Pineda
Desde el arribo del Presidente López Obrador a la silla presidencial, se ha presenciado un debate acalorado sobre la posible desaparición de los órganos constitucionales autónomos (OCA´s).
El culmen se dio el 5 de febrero porque la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Presidente al Congreso busca eliminar varios de ellos y transferir sus funciones a otras dependencias y entidades de la administración pública federal, lo cual ha suscitado un intenso debate sobre los pros y los contras de tal medida, porque en mayor o menor medida, han sido pilares en la consolidación de la democracia y la protección de derechos fundamentales.
La expansión de estos órganos no ha estado exenta de desafíos. Han enfrentado críticas relacionadas con su costo de operación, su efectividad en la implementación de sus mandatos y las tensiones con el Presidente López Obrador, especialmente cuando sus decisiones afectan intereses políticos o económicos particulares o parecería que se encuentran desvinculados al interés general.
Antecedentes de los OCA´s
La creación y evolución de los órganos constitucionales autónomos en México refleja un proceso de construcción institucional esencial para la consolidación democrática del país. Estos órganos nacieron de la necesidad de fortalecer la imparcialidad y la independencia de ciertas funciones esenciales del Estado, separándolas del control directo de los poderes tradicionales.
Los primeros OCA´s surgieron en respuesta a la centralización del poder en el Ejecutivo y la necesidad de crear instituciones que garantizaran la transparencia, la justicia y la equidad en áreas críticas como las elecciones, los derechos humanos y la estabilidad económica. Uno de los primeros en establecerse fue el Banco de México, seguido por el Instituto Federal Electoral (ahora Instituto Nacional Electoral) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
En los inicios del siglo XXI marcados por la alternancia en el poder, que rompió con más de 70 años de dominio del Partido Revolucionario Institucional, se impulsaron reformas orientadas a fortalecer la democracia y la institucionalidad del país, evidenciando una clara intención de descentralizar y democratizar el poder, como ocurrió con la creación del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información, organismo público descentralizado no sectorizado.
Durante la segunda década del presente siglo se continuó con la tendencia de fortalecer la autonomía de los órganos ya existentes. Una de las reformas constitucionales más destacadas fue en materia de derechos humanos en 2011, la cual elevó a rango constitucional los tratados internacionales en la materia y reforzó el papel de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como órgano autónomo.
Es en el gobierno de Enrique Peña Nieto en donde se presentaron reformas estructurales que tuvieron un impacto profundo en la estructura del Estado mexicano. Entre 2013 y 2015, se crearon seis nuevos órganos constitucionales autónomos, lo que representó una expansión significativa en la cantidad y alcance de estas instituciones.
Entre los nuevos órganos figuraron: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI): clave para garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales. Su creación fortaleció la transparencia y la rendición de cuentas en el país.
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE): creado para evaluar la calidad, el desempeño y los resultados del sistema educativo en México, con la finalidad de proponer mejoras y políticas públicas basadas en evidencia.
Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): para regular la competencia económica y los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, con el objetivo de promover la competencia justa y evitar monopolios, asegurando así el acceso equitativo a servicios y la protección de consumidores, usuarios del sector de telecomunicaciones y audiencias audiovisuales.
Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL): creado para medir la pobreza y evaluar las políticas de desarrollo social, proporcionando datos fundamentales para la formulación de políticas públicas efectivas en la lucha contra la pobreza.
Fiscalía General de la República (FGR): que, aunque no se creó como un órgano autónomo durante este periodo, se dio el marco legal para su eventual autonomía, separando sus funciones de la Procuraduría General de la República y otorgándole independencia en la persecución de los delitos.
La creación de estos órganos autónomos respondió a la necesidad de contar con instituciones especializadas, imparciales y con capacidad técnica para abordar desafíos complejos en áreas clave para el desarrollo del país. Estos órganos han desempeñado un papel fundamental en la consolidación de la democracia, promoviendo la transparencia, la rendición de cuentas y el respeto a los derechos fundamentales.
La reforma constitucional para desaparecer los OCA´s.
La iniciativa de reforma constitucional enviada por el Presidente a la Cámara de Diputados, busca eliminar varios organismos autónomos y fusionar otros. De los puntos que se estiman más relevantes de esa propuesta de reformas constitucionales presentadas el pasado 5 de febrero, destacamos: Eliminación de Organismos Autónomos: la propuesta incluye la desaparición de siete organismos autónomos y organismos descentralizados: • Cofece • IFT • INAI • Coneval • Comisión Reguladora de Energía (CRE) • Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) • Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu).
Fusión y transferencia de funciones: Las funciones de estos organismos se transferirían a diversas Secretarías de Estado. Por ejemplo, las funciones de la COFECE pasarían a la Secretaría de Economía, las del INAI a la Secretaría de la Función Pública y las del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Justificación de la reforma: En la iniciativa se establece que estos organismos fueron creados durante el periodo neoliberal y operan con lujos y gastos superfluos, duplicando funciones que podrían ser manejadas por otras dependencias del gobierno.
La reforma busca reducir costos y simplificar la administración pública. Como es del dominio público, la propuesta ha generado una enorme polarización y gran controversia. Algunos argumentan que estos organismos son esenciales para garantizar el ejercicio de derechos fundamentales y propiciar una sana competencia económica, mientras que otros apoyan la idea de reducir la burocracia y los gastos innecesarios. Revisemos lo que a juicio del que escribe tiene como implicaciones.
Puntos a favor de desaparecer los ÓCA´s
1. Reducción de Costos: Uno de los argumentos más recurrentes a favor de la desaparición de los OCA´s es la reducción de costos. La existencia de estos órganos implica una duplicidad de funciones que podrían ser absorbidas por las dependencias gubernamentales ya existentes, lo que permitiría una mejor asignación de los recursos públicos. En un contexto de austeridad y bajo una mirada de eficiencia administrativa, la eliminación de estos órganos se presenta como una medida para optimizar el gasto público sin comprometer la eficacia en la aplicación de políticas públicas.
2. Mayor cohesión en la aplicación de políticas públicas: Otro punto a favor es la posibilidad de lograr una mayor cohesión en la aplicación de políticas públicas. La integración de las funciones de los OCA´s en las secretarías de Estado podría facilitar una alineación más directa con las políticas y prioridades del Ejecutivo, eliminando posibles conflictos de interés o contradicciones entre diferentes organismos. Esto, en teoría, podría mejorar la coordinación y la eficiencia en la administración pública a nivel federal.
3. Fortalecimiento del Poder Ejecutivo: Desde la perspectiva del Poder Ejecutivo, la absorción de las funciones de los órganos autónomos podría fortalecer la capacidad del gobierno para llevar a cabo sus proyectos y programas sin interferencias. La centralización de estas funciones bajo el control del Ejecutivo podría proporcionar una mayor flexibilidad en la toma de decisiones y permitir una respuesta más rápida a las necesidades y demandas de la sociedad.
En contra de desaparecer los OCA´s
1. Pérdida de independencia: El principal argumento en contra de la desaparición de los órganos autónomos es la pérdida de independencia en la supervisión y regulación de diversas áreas clave. Estos órganos fueron creados precisamente para actuar como contrapesos al Poder Ejecutivo, garantizando que las decisiones se tomen con base en principios técnicos y no en intereses políticos. La desaparición del INAI, por ejemplo, podría debilitar significativamente la capacidad de la sociedad para contar con herramientas que le permitan acceder a la información pública y proteger sus datos personales, ya que las funciones de transparencia y rendición de cuentas quedarían bajo la influencia directa del gobierno.
2. Riesgo de menor transparencia y rendición de cuentas: Otro riesgo significativo es la disminución en los niveles de transparencia y rendición de cuentas. Continuando con el ejemplo del INAI, desde su creación, ha desempeñado un papel crucial en garantizar que el gobierno proporcione información clara y oportuna a la ciudadanía. Sin un órgano independiente que supervise estas actividades, existe un riesgo real de que se reduzca el acceso a la información pública, lo que a su vez podría socavar la capacidad de la ciudadanía para evaluar y criticar las acciones gubernamentales.
3. Debilitamiento de la democracia: Finalmente, la eliminación de estos órganos podría representar un debilitamiento de la democracia en México. Los organismos como el INAI son esenciales para mantener un sistema de pesos y contrapesos que limita el poder de cualquier rama del gobierno. Sin estos mecanismos de control, el equilibrio de poder se inclina peligrosamente hacia el Ejecutivo, lo que podría abrir la puerta a abusos de poder y a una menor protección de los derechos ciudadanos.
El INAI como referencia
Para ilustrar lo que se ha anotado, tomando como referencia lo que acontecería con el INAI, si se determina la desaparición de este OCA´s, debe contemplarse la solución del conflicto fundamental entre la búsqueda de eficiencia administrativa y la necesidad de preservar mecanismos independientes de control y supervisión, no sólo la desaparición del órgano sin un proceso bien determinado en el régimen de transitoriedad.
Porque si bien es cierto que la eliminación del mismo genera ahorros y una mayor cohesión en la implementación de políticas públicas, los riesgos asociados con la pérdida de independencia, transparencia y rendición de cuentas son considerables, a la luz de un ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad. Al proponer la iniciativa que sus atribuciones sean asumidas por la Secretaría de la Función Pública, se podrían advertir riesgos para la transparencia y la protección de datos personales para la población.
Por tanto, la propuesta presidencial, aunque legítima en sus preocupaciones por la eficiencia, debe ser evaluada bajo un criterio de control difuso y de la interpretación más favorable para las personas, para asegurar que no se comprometan los principios democráticos y la salvaguarda de derechos fundamentales que estos órganos autónomos buscan preservar.
Desde la perspectiva particular del que escribe, ante la perentoria desaparición del INAI, se estima conveniente la decisión de crear un órgano desconcentrado en la mencionada Secretaría que asuma esas competencias “para la más eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos” como lo establece el artículo 17 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
La naturaleza de un órgano de esta naturaleza se considera más conveniente que sea el sector central, quien realice esas actividades. En la aprobación de la iniciativa presidencial no deben perderse de vista las implicaciones para los principios que rigen la actuación de los servidores públicos bajo un enfoque de derechos humanos.
Ojalá que en las discusiones que se hagan en el Congreso de la Unión haya interés de discutir el dictamen y la minuta resultante, generando de manera muy contundente en la exposición de motivos, un análisis que contemple a los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, igualdad y no discriminación, participación y acceso a la información, responsabilidad y rendición de cuentas, vinculados con el libre ejercicio, respeto, garantía y promoción de la transparencia, la protección de los datos personales y la lucha contra la corrupción. Principios que son los pilares que sostienen el respeto y la promoción de los derechos humanos, y más allá de la organización administrativa que se apruebe, su debilitamiento podría llevar a un retroceso significativo en la protección de estos derechos en México.
Conclusión
La eliminación de los órganos autónomos en México no implica directamente la pérdida de derechos fundamentales consagrados a nivel nacional e internacional, pero sí puede tener consecuencias importantes que podrían afectar la protección y garantía de estos derechos.
Por eso, se debe hacer un llamado a los integrantes de la nueva legislatura del Congreso de la Unión, para que actúen en forma responsable, a fin de asegurar que los derechos no solo se mantengan protegidos, sino que se expandan y mejoren con el tiempo.
Nadie puede legislar representando un retroceso en la protección de derechos fundamentales. Cualquier medida que debilite estos avances debe ser evaluada con extrema precaución, ya que podría tener consecuencias duraderas y negativas para la protección de los derechos de todos los mexicanos.
Académico. @Agustin_Pineda
