En el Senado se realizó el pasado jueves el tercer conversatorio para analizar la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom), con el tema “Servicios Digitales”.
Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum y el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, informaron la eliminación del artículo 109 de la iniciativa —según el cual, a decir de la oposición y diversas organizaciones, se censuraba a las plataformas digitales—, la mayoría de ponentes celebró la decisión.
La gerente para México y Centroamérica de la Asociación Latinoamericana de Internet (ALAI), Fabiola Peña Ahumada, expresó su preocupación por la redacción del artículo 3 de la iniciativa, referente a las plataformas digitales, al considerar que podría prestarse a una interpretación errónea respecto a las regulaciones y al alcance de la ley en los sectores y servicios digitales.
Aclaró que es preocupante que las plataformas sean reguladas de la misma forma que las infraestructuras de telecomunicaciones: “El sector de telecomunicaciones debe diferenciarse, por ejemplo, de los servicios de generación de contenidos (…) y de los servicios que ofrecen las plataformas digitales, como las redes sociales y también el comercio electrónico”.
Por su parte, el subdirector de Estrategia Comercial de la Dirección Corporativa de Negocios Comerciales de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Héctor Alonso Romero Gutiérrez, resaltó la importancia de contar con infraestructura pública y con un ente que pueda desplegar esta infraestructura a zonas que no tienen cobertura por no ser “rentables”.
En tanto, el vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación de Internet MX, David Pizaña Rito, aseguró que “esta ley es, sin duda, relevante para el futuro digital del país”, por lo que debe garantizar el desarrollo libre, responsable y seguro en el uso del internet.
Coincidió con Fabiola Peña en el sentido de que la iniciativa “busca incorporar los servicios digitales dentro de un marco que fue pensado para regular las telecomunicaciones y la radiodifusión”, y que tal regulación se plantea de forma parcial y dispersa, por lo que los artículos presentan “un riesgo para la interpretación”.
La abogada y líder de proyectos de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), Francia Michelle Pietrasanta Baldazo enfatizó la necesidad de “establecer marcos jurídicos robustos que cuestionen el modelo de negocios dominante basado en el tratamiento de datos y vigilancia masiva de personas”.
Señaló que no basta con una Ley Telecom, sino que es necesario fortalecer también la Ley Federal de Protección de Datos Personales para que incorpore principios como la “minimización de datos y la prohibición de entrega obligatoria de datos no esenciales para la prestación de servicios digitales”.
La directora de Alianza por una Internet Abierta en América Latina y el Caribe, Mercedes Aramendía Falco, resaltó la rápida transformación digital potenciada por inteligencia artificial, los servicios de la nube y el big data, por lo que deriva que los espacios digitales “requieren marcos regulatorios que impulsen la innovación que promuevan el desarrollo inclusivo y estén centrados en las personas y los derechos humanos”.
Aramendía propuso “eliminar el artículo 3 en la fracción que define plataformas digitales y las fracciones digitales”, ya que le daba sustento al ya eliminado 109, por lo que artículo tercero carece de función normativa clara que podría generar problemas jurídicos.
La coordinadora de la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen/Canto de Cenzontles, Alejandra Carrillo Olano, pidió que se visibilice y dignifique a las comunidades originarias, pues dentro de esta población los contenidos circulan cada vez más a través de plataformas digitales, dejando atrás a los medios tradicionales.
“Por ello es urgente que la ley reconozca e incorpore el derecho de los pueblos indígenas y afromexicanos a acceder, participar y desarrollar sus propios servicios digitales con condiciones de conectividad adecuada sin discriminación y con acceso preferente a infraestructuras públicas digitales”, subrayó.
La directora de Política de Telecomunicaciones de la ATDT, Tania Villa Trápala, dijo que la infraestructura es un insumo esencial para los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, por lo que la iniciativa de ley no asegura que la Red 5G sea distribuida en todas las regiones del país.
Villa explicó que la tecnología 5G no existe sin un despliegue de fibra óptica, es decir, redes físicas y terrestres. Por lo que no es posible llevar la fibra óptica a cada nivel del país, por la gran diversidad de espacios (selva, montaña, desierto).
El asesor de diversos radiodifusores Federico González Luna Bueno expuso que el mercado de las telecomunicaciones en México “no funciona y ha traído costosas consecuencias”, por lo que señaló que las condiciones actuales y la iniciativa de ley no cambiarán las cosas. El asesor previó que pasarán aproximadamente 30 años para que haya una mejor cobertura en el país.
Dardo Emanuel Neubauer, representante de Tlatelolco Lab (PUEDJS-UNAM), dijo que la expansión de las redes sociodigitales abrió posibilidades para el ejercicio de derechos, pero también nuevas formas de concentración del poder, vigilancia encubierta y vulneración de sistemas de libertades fundamentales.
Estos actores tienen la capacidad de moldear discursos públicos, influir en procesos electorales, monetizar los datos personales y establecer las reglas de interacción social sin rendir cuentas a nadie, por lo que pensar en la regulación de los medios digitales permitirá poner al Estado de Derecho a la altura de los desafíos de la era digital.
Luis Miguel Martínez Cervantes, representantede la Asociación Nacional de Proveedores de Internet Inalámbrico, dijo que hay más de 15 millones de personas que no tienen acceso a conectividad, y para que esto cambie se requiere un marco legal y regulatorio que brinde certidumbre, igualdad, neutralidad y seguridad, para que toda la población acceda a la banda ancha.
Agregó que es necesario que la iniciativa reconozca la labor de los pequeños operadores de telecomunicaciones en la reducción de la brecha digital, mediante disposiciones a la ley que faciliten el despliegue y operación de una conectividad significativa.
Camila Doroteo e Itzel Cruz
