El titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), Efraín Morales, desmintió la desinformación que ha circulado en redes sociales respecto a la reforma a la Ley General de Aguas, la cual ya fue aprobada por la Cámara de Diputados y turnada al Senado.
Durante la conferencia matutina, el funcionario aclaró que el propósito de la reforma es modificar la gestión y concepción del agua, para verla como un derecho humano y no como una mercancía, como se concibe actualmente.
Morales explicó que la reforma busca terminar con el acaparamiento de agua y garantizar su distribución equitativa, especialmente para las comunidades y productores que enfrentan escasez.
Ante los falsos señalamientos que han circulado en redes sociales, el director de Conagua aseguró que no es cierto que la reforma impida heredar terrenos con títulos de concesión de agua. Asimismo, desmintió la afirmación de que se impedirá la venta de propiedades con título de concesión, pero aclaró que sí se regulará el uso del agua.
Morales enfatizó que la reforma no está dirigida a criminalizar a pequeños productores, sino a quienes han abusado del recurso. Recordó el caso del exgobernador de Chihuahua César Duarte, quien mandó construir una presa sin justificación.
El titular de Conagua refutó la afirmación de que quienes transportan agua en pipas serán sancionados. Aclaró que la reforma está dirigida a combatir el robo de agua, no el transporte legítimo.
Morales explicó que aunque se está reglamentando la captación de agua de lluvia, sólo se regularán los casos en los que se capturen grandes volúmenes que puedan afectar a los ríos, como en el caso de grandes contenedores similares a presas.
El funcionario también desmintió la afirmación de que la reforma impide rentar parcelas que cuenten con acceso al agua. Aseguró que este es un mito sin fundamento. Morales dijo que la reforma tampoco contempla la revocación de títulos de concesión por simplemente tener un pozo.
Finalmente, el director de Conagua subrayó que la nueva legislación busca que el Estado sea el único responsable de la gestión del agua, a fin de garantizar su distribución equitativa. A diferencia de la Ley de Aguas Nacionales de 1992, la reforma se alinea con el artículo cuarto constitucional que reconoce el acceso al agua como un derecho humano.
Redacción
