De entre las más de 3 mil 400 candidaturas en la primera elección de integrantes del Poder Judicial en México, hay un aspirante que la asociación civil Defensorxs marcó con una alerta roja debido a que estaría vinculado con la desaparición de un periodista en Sonora, en 2005.
Se trata del candidato a magistrado penal Andrés Montoya García, quien es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora y cuenta con más de 30 años de experiencia en temas de seguridad pública, justicia y derechos humanos.
Sin embargo, el abogado es señalado de ser el autor intelectual de la muerte del periodista Alfredo Jiménez Mota, de 25 años, quien investigaba presuntos nexos de funcionarios del gobierno de Sonora con el crimen organizado. La desaparición de Jiménez Mota ocurrió el 2 de abril de 2005.
Para Miguel Alfonso Meza, presidente de la asociación Defensorxs, el candidato Andrés Montoya García es una “alerta roja” porque, de ganar la candidatura, protegería a autoridades vinculadas con la desaparición de personas.
“Es candidato para un puesto que va a resolver asuntos penales y es potencialmente un riesgo para los activistas, periodistas y más personas que defienden los derechos humanos. Es muy preocupante el señalamiento en su contra y contra su círculo cercano, así como la posibilidad de que llegue a una posición en el Poder Judicial en la cual pueda proteger a autoridades relacionadas con otras desapariciones”, explicó Meza.
El joven reportero comenzó su carrera cubriendo temas relacionados con la nota roja, sin embargo, su carrera trascendió cuando investigó a los integrantes de la banda Los Salazar, un brazo armado del Cártel de Sinaloa encabezado por Adán Salazar Zamorano, quien fue extraditado a Estados Unidos.
Asimismo, Alfredo Jiménez investigó a Los Números, liderados por los hermanos Enríquez Parra, y a los hermanos Beltrán Leyva. La conclusión que arrojó su investigación fue que todos estos grupos delictivos estaban integrados por policías judiciales y personal de penales locales.
Según testimonios, el último contacto que tuvo el periodista fue con el abogado Andrés Montoya -quien entonces fungía como subdirector del Sistema Penitenciario del estado- a las 21:00 horas del 2 de abril de 2005.
De acuerdo con una investigación de la Sociedad Interamericana de Prensa, el actual candidato a magistrado para el Tribunal Colegiado de Apelación del Quinto Circuito en Sonora sí tuvo ese encuentro con el periodista -según él mismo declaró ante la Procuraduría General de Justicia de Sonora- mientras charlaban en su camioneta sobre la liberación de un narcotraficante identificado como El Estudiante, y de quien Jiménez Mota realizaba una investigación.
Posteriormente, Andrés Montoya García declaró que dejó al joven periodista en un supermercado. Sin embargo, el hermano del abogado José Antonio Montoya García, agente judicial del estado, fue señalado como autor material del “levantón” del periodista y posteriormente fue asesinado el 7 de septiembre de 2006, según un reporte de Defensorxs.
A pesar de tales señalamientos, no hay una investigación concreta ni expediente judicial del caso en el que se señale a Andrés Montoya García y a su hermano como responsables de la desaparición del periodista.
No obstante, en diciembre de 2021, Alejandro Encinas, entonces subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, ofreció una disculpa en la localidad de Empalme, Sonora, por este caso, pues -afirmó- se trató de un “crimen de Estado”.
“Vengo a reconocer la responsabilidad del Estado en la desaparición de Alfredo Jiménez Mota y a ofrecer una disculpa pública porque el Estado no supo garantizar su seguridad, integridad, sus derechos y su libertad. Vengo a ofrecer esta disculpa con total convicción y sin condición alguna”, declaró el funcionario en ese momento.
El caso del candidato a magistrado penal Andrés Montoya García dejaría entrever que en esta elección judicial el crimen organizado pretende incidir en el Poder Judicial de Sonora, ya que bandas criminales como Los Salazar mantienen una alianza con Los Chapitos para tomar el control territorial del desierto de Sonora y, por otro lado, Crispín Salazar, líder de ese grupo delictivo, estaría vinculado al asesinato de la periodista Miroslava Breach, ocurrido en Chihuahua en 2017.
En otro caso similar, Defensorxs señaló a Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez de Distrito en Materia Penal por Nuevo León, quien fue abogado de criminales como Miguel Ángel Treviño Morales, El Z40, y Eleazar Medina Rojas, El Chelelo, ambos extraditados a EU y en proceso a ser juzgados en ese país.
Además, en 2016, Escamilla Villarreal fue detenido en primera y segunda instancia por el delito de portación ilegal de arma de fuego.
Abraham Pensamiento
