Con el compromiso de impulsar la defensa de la propiedad social, el reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas, la protección del territorio y del medio ambiente, así como el acceso efectivo a una justicia agraria pronta, completa, imparcial y gratuita, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), la Procuraduría Agraria (PA) y el Registro Agrario Nacional (RAN) formalizaron, por primera vez en la historia, un convenio de colaboración bajo el eje temático: “Alianza para la defensa de la propiedad social de la tierra y el territorio”.
Este acuerdo, encabezado por el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, busca fortalecer la vinculación interinstitucional orientada a defender el territorio, coordinar esfuerzos, compartir información pública y promover mecanismos de atención, capacitación, acompañamiento y fortalecimiento, en el ámbito de sus respectivas competencias, con un enfoque prioritario en derechos humanos, ambiental, social, de pluralismo jurídico, interculturalidad y perspectiva de género.
El ministro presidente Aguilar Ortiz afirmó que en el ámbito agrario es donde más justicia se requiere porque hay conflictos y situaciones jurídicas que han pasado por todo el proceso jurisdiccional, logran una sentencia, pero ese fallo nada resuelve, el conflicto sigue. El tema de la tierra implica una disputa que puede llegar a décadas. “Podría decir así que la justicia se ha declarado derrotada […] la justicia agraria rebasa el expediente, rebasa lo que uno puede hacer en el ámbito de la estricta administración de justicia. Se requiere justicia humana, justicia ambiental, justicia territorial y se vuelve multidisciplinario y requiere la conjunción de esfuerzos”.
Acompañado de Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de la Sedatu; el Procurador Agrario, Víctor Suárez Carrera; y el director en jefe del RAN, Luis Cruz Nieva; así como de ministras y ministros, legisladores y representantes de personas ejidatarias o comuneras, el ministro presidente reiteró su postura de que esta Corte impulse un Plan Nacional de Justicia, pero consideró necesaria la participación de diversos sectores de la sociedad para lograrlo y no solo dejarlo en el ámbito de las personas juzgadoras.
Al participar como testigo de honor, la ministra Lenia Batres Guadarrama consideró que la justicia agraria es un imperativo vigente. “Las presiones se articulan contra la propiedad social, hacen de cualquier colaboración interinstitucional un objetivo muy importante; los más de 5 millones de sujetos agrarios […] requieren un aparato de justicia robusto, accesible, eficaz y sobre todo articulado”.
A su vez, la ministra Sara Irene Herrerías Guerra resaltó la importancia de este convenio, ya que la protección de los derechos agrarios implica certeza jurídica. “La Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la responsabilidad de interpretar el artículo 27 a la luz de su origen social, fortaleciendo la protección de comunidades agrarias e indígenas […] La alianza que hoy se suscribe, cobra un sentido más profundo, no solo es un instrumento institucional, sino una continuidad histórica del constitucionalismo social mexicano”.
En su oportunidad, Griselda Martínez Vázquez, subsecretaria de Ordenamiento Agrario e Inventarios de la Propiedad de la Sedatu –en representación de la secretaria Edna Elena Vega Rangel— reconoció el esfuerzo interinstitucional que logrará modernizar, agilizar y humanizar la justicia agraria en México. “Tengan la certeza de que el sector agrario asume este convenio con la mayor responsabilidad institucional y con un compromiso pleno con el humanismo mexicano”.
