Manuel Tejeda Reyes*
La polémica en torno a la figura del empresario Ricardo Salinas Pliego ha resurgido en el debate público nacional debido a su actitud desafiante contra el gobierno y a sus muy cuestionables prácticas fiscales, resumidas en su reiterada negativa a pagar impuestos, lo que ha suscitado un debate social interesante, principalmente entre los enemigos de la autoproclamada “Cuarta Transformación”, quienes por alguna razón que al menos a mí no me resulta coherente, sostienen que cobrarle impuestos a Salinas Pliego implica censurarlo, con aquellos que aplauden todo lo que haga o deje de hacer la administración de Claudia Sheinbaum, los que enfilan sus baterías contra el magnate por ser un evasor y por lanzar campañas contra el gobierno.
Como no me ubico en ninguna de ambas posiciones, quiero plantear mi postura tratando de reflejar la de quienes pensamos que en un país donde la evasión fiscal es un problema que golpea permanentemente a las finanzas públicas y perpetúa la desigualdad, cobrarle impuestos a un multimillonario que desde hace años se ha negado a pagarlos y quien se ha dedicado a plantear ante los tribunales cuantas dilaciones y argucias legales sean posibles, para así mantener su postura evasora, como lo ha hecho Ricardo Salinas Pliego, puede constituir, si se maneja bien y sin distingos personales y/o políticos, una buena señal para ponerle fin a las prácticas que constituyen una abierta evasión o elusión fiscal.
En varias ocasiones, la prensa y la justicia (la anterior a la que emergió luego de las elecciones judiciales) han documentado cómo las empresas de Salinas Pliego, mediante estructuras legales complejas, han logrado reducir significativamente y de manera fraudulenta su carga fiscal, lo cual, además de ser una práctica indebida e ilegal, representa una carga injusta para otros contribuyentes que sí pagan sus impuestos, y limita la capacidad del Estado para financiar servicios públicos, infraestructura y programas sociales.
Salinas Pliego ha declarado, públicamente y en múltiples ocasiones, su postura en contra de los impuestos, argumentando que éstos ahogan a los empresarios y que la carga fiscal en México es demasiada e injusta. Sin embargo, esta actitud contrasta con su comportamiento empresarial, que se ha distinguido por expoliar a sus clientes, por cobrarles altos intereses y por ofrecer productos y servicios de dudosa calidad; además de que como contribuyente del país que le ha dado ganancias que en otra parte del mundo jamás habría podido obtener, se ha destacado por recurrir a todos los mecanismos posibles, aunque sean ilegales, para minimizar sus obligaciones fiscales.
La doble moral del personaje es evidente y su victimismo resulta absurdo: por un lado, se presenta como un empresario que defiende la libertad y la iniciativa privada, y por otro, se beneficia de lagunas legales y busca a toda costa opciones que le permiten evadir sus responsabilidades fiscales, así sea al margen de la ley.
Este comportamiento no sólo es éticamente cuestionable y legalmente reprochable, sino que también contribuye a acrecentar la desigualdad social y económica en un país que puede generar a un plutócrata como Salinas Pliego y también a millones de personas inmersas en la extrema pobreza. La evasión fiscal de grandes empresarios, como Salinas Pliego, perpetúa un sistema desigual, donde las cargas fiscales recaen desproporcionadamente sobre los hombros de la clase media y los sectores más vulnerables, mientras que los millonarios encuentran maneras de evitar contribuir en su justa medida y proporción.
Y es que la evasión fiscal constituye un problema estructural para cualquier economía, porque no es una cuestión meramente contable; implica decisiones que, aun cuando legales en ciertos marcos, reducen la capacidad del Estado para financiar servicios públicos y redistribuir recursos. Cuando las prácticas fiscales permiten o incentivan la posición agresiva de no pagar impuestos y tampoco tener contrapesos, como ocurrió durante años con Salinas Pliego, la recaudación se erosiona, la equidad se vulnera y la competencia entre empresas se distorsiona.
En México, la discusión pública sobre este tema no es meramente técnico ni únicamente respecto de reglas de naturaleza fiscal, porque se entrelaza con narrativas de poder, legitimidad y control institucional. Cuando actores con gran influencia mediática promueven estrategias de minimización o de plano de nulificación de su carga tributaria sin la justificación suficiente, se abre un vacío de responsabilidad y también se abre la veta para un peligro creciente, ya que la opinión pública puede considerar que la contribución fiscal es optativa, lo que socava la confianza en las instituciones y la fortaleza de las políticas públicas.
Salinas Pliego, uno de los empresarios más influyentes de México, ha ignorado las críticas por su práctica de evadir impuestos y por su cínica defensa de justificar esa conducta como una forma de “optimizar” sus recursos. Esta actitud no sólo refleja falta de responsabilidad con la sociedad de la que se ha beneficiado y obtenido ganancias exorbitantes, sino que también tiene implicaciones profundas en el tejido económico y social del país.
Y esto es así dado que la evasión fiscal por parte de individuos y corporaciones de alto perfil, como es el caso de Salinas Pliego, contribuye a generar un ciclo vicioso de desigualdad y falta de financiamiento de los servicios públicos. En un país donde millones de ciudadanos dependen de la educación, la salud y la infraestructura públicas, la negligencia de aquellos que deberían contribuir con el pago de sus impuestos a fortalecer esas áreas, agrava la situación de vulnerabilidad de muchos. Es inaceptable que quienes han acumulado enormes fortunas al amparo de concesiones del Estado y de cobrarle intereses usureros a sus clientes, busquen refugiarse en lagunas fiscales, eludiendo sus deberes cívicos y legales, mientras los ciudadanos comunes enfrentan sin opciones la carga tributaria.
Además, el mensaje que se envía al resto de la población es igualmente preocupante. La idea de que el éxito empresarial puede y debe ir acompañado de conductas evasivas, tramposas e ilegales, también contribuye a crear un entorno donde la ética y la honradez en los negocios quedan supeditadas al lucro personal. Esto no sólo daña la imagen del empresariado en su conjunto, sino que también promueve una cultura de impunidad que erosiona la confianza de los ciudadanos en sus instituciones, privadas y públicas.
No me gusta nada ese personaje, pero reconozco que, en el escenario económico y político de México, pocas figuras han logrado consolidar una imagen de multimillonario influyente y poderoso como Ricardo Salinas Pliego. Es cierto que se convirtió en un empresario de gran peso en los medios de comunicación, como propietario de TV Azteca, independientemente de la forma en la que se hizo de la televisora, contando para ello con el apoyo de Raúl Salinas de Gortari, hermano del entonces presidente que privatizó activos del Estado entre sus amigos, socios e incondicionales, entre ellos el propio Salinas Pliego, lo que le llevó a convertirse en uno de los hombres más ricos del país.
Quizá recordando esos tiempos, ahora que fue definitivamente derrotado en su batalla legal respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, sabedor del poder y la influencia que alcanzó ante algunos sectores de la población, decidió emprender una campaña mediática contra el gobierno, destacando la relación de subordinación que guarda con el oficialismo la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la cuestionable historia de los acordeones judiciales con los que se eligió a los actuales ministros, lo cual es absolutamente cierto.
También está buscando presentarse ante la población como si él fuera un modelo de ética empresarial, al proclamarse públicamente como un personaje que tiene principios y valores que defiende a costa de lo que sea y, a partir de esa mentira, afirmar que en una relación causaefecto, ahora es un perseguido del gobierno y una víctima de la 4T y del actual sistema de justicia mexicano, que está subordinado a los intereses de Morena. En esa narrativa, desde mi perspectiva cierta en cuanto a la subordinación judicial al gobierno, pero absolutamente falsa en todo lo demás, también se autodesignó como un supuesto defensor de la democracia y la libertad en México, lo que sólo resulta una fantasía.
En mi opinión únicamente hay una razón que explica la postura crítica de Salinas Pliego contra este gobierno, y esa es que se terminó la época en la que él no pagaba impuestos, lo que lo tiene muy indignado y dispuesto a cobrar la afrenta. La campaña que ha emprendido en contra de la presidenta Sheinbaum y de otros personajes públicos de la 4T, utilizando a sus comunicadores para que lean una y mil veces los mismos guiones, revelan el tamaño del coraje y la doble moral de ese demócrata de ocasión.
La campaña mediática contra el gobierno y la estrategia de confrontación y deslegitimación que esgrime Salinas Pliego, usando como su ariete principal a TV Azteca para descalificar y criticar hasta la saciedad las políticas públicas del actual gobierno, particularmente en temas relacionados con la economía, la política social y la gestión de la seguridad pública, en los que ciertamente hay un gran número de cuestiones que reprocharle al gobierno de la 4T.
En realidad tratan de esconder, por cierto muy mal, que en este caso no estamos asistiendo a una lucha de ideas ni a una defensa de otro proyecto político, lo que sí sería muy válido, porque lo que la sociedad mexicana está presenciando en los canales de la televisora del magnate, tiene un claro sesgo de revancha política y de agravio económico.
Salinas Pliego está utilizando su influencia mediática, desde el encono que le genera pagar impuestos, para promover narrativas que cuestionan la legitimidad del gobierno y desacreditan todas sus acciones, para así posicionarse como un presunto defensor de los intereses empresariales y sociales frente a políticas públicas que, él dice, son comunistas, porque limitan la generación de riqueza, propician mayor regulación y con ello un Estado más activo en la protección de los derechos sociales en detrimento de los derechos individuales, lo que desde su particular punto de vista, lleno de ignorancia y prejuicios, atenta contra la libertad y la democracia.
Este tipo de campañas mediáticas, financiada en este caso con recursos de una empresa usuaria y beneficiaria de una concesión del Estado, terminan por ensalzar la mentira y por informar a medias o de plano desinforman. Cuando todo lo que se hace en el gobierno está mal, cuando todos los políticos del oficialismo son delincuentes, cuando “el crimen organizado” gobierna, como dice Salinas Pliego, no hay mesura en los cuestionamientos ni equilibrio informativo posible. La libertad de expresión debe ser un pilar fundamental de cualquier sistema democrático, pero cuando esa libertad se emplea para promover intereses económicos particulares, se termina mintiendo a la sociedad en general y el medio de comunicación se convierte en un mecanismo de presión y manipulación.
En este caso, lo único que revela la estrategia de Salinas Pliego es cómo los medios pueden ser utilizados como armas para tratar de defender privilegios meramente económicos, en detrimento de la transparencia informativa, el desacuerdo legítimo y la honestidad en el debate público.
El papel de la nueva justicia mexicana
La relación entre poder económico y el poder judicial en México ha sido objeto de múltiples críticas, muchas de ellas provenientes de la izquierda política. En el caso de Ricardo Salinas, las recientes resoluciones de la Suprema Corte con relación a sus controversias fiscales, ha querido ser interpretada por algunos sectores como una muestra de la independencia del poder judicial frente al poder económico. Sin embargo, una lectura menos interesada me parece que revela que las determinaciones judiciales emitidas contra los intereses de Salinas Pliego no pueden ni deben servir para minimizar ni olvidar las graves irregularidades ocurridas en su proceso de elección.
Tampoco borran las dudas sobre la transparencia de los mecanismos que permitieron el ascenso, en el sistema político y judicial, de personajes públicamente desconocidos, a los que en una elección auténtica les habría resultado imposible obtener algo más que los votos de sus familiares, amigos, subordinados y algunos interesados, pero eso sí, con vínculos probados con personajes encumbrados en el oficialismo.
Es cierto que la SCJN surgida luego de la reforma de 1995, en ocasiones emitió fallos cuestionables y favorecedores a los intereses de ciertos actores económicos poderosos, generando con ello desconfianza en la ciudadanía sobre la igualdad de trato a las partes contendientes en el poder judicial; también es verdad que sus integrantes abusaron del presupuesto público que estaba a su disposición para mantener canonjías y privilegios que resultaron ofensivos ante los ojos de la ciudadanía.
Pero eso no implica que carezcan de fundamentos las críticas emitidas a los nuevos integrantes de la SCJN por su visible alineación con los intereses de la presidenta Claudia Sheinbaum y su gobierno. Al respecto, vale decir que la independencia judicial es un pilar fundamental de cualquier democracia y cuando las instituciones clave en el reconocimiento de derechos se pliegan a los deseos del poder ejecutivo, lo que se pone en riesgo termina siendo el estado de derecho. La SCJN tiene la responsabilidad de actuar como órgano garante de la Constitución y de proteger los derechos de los ciudadanos, incluso frente a iniciativas que puedan ser populares o bien recibidas políticamente.
Si bien es esencial que los tribunales actúen en concordancia con las necesidades sociales y el contexto político, esto no puede entenderse como sumisión ante el gobierno de turno. Las decisiones de la SCJN de aceptar o rechazar casos, así como la interpretación que formulen de las leyes, debería estar basada en principios jurídicos sólidos y no en presiones externas ni en intereses de grupos políticos y/o económicos. Cuando la SCJN se convierte en una extensión del poder Ejecutivo, se debilitan las bases de la justicia y la equidad.
Al menos para mí, el caso de Salinas Pliego no puede servir de ejemplo para glorificar a la actual SCJN ni para sostener que los fallos dictados en ese asunto implican un nuevo modo de entender la justicia en México. Esta SCJN no es independiente del gobierno, y aunque sus resoluciones en este caso pueden tener fines loables, fueron generadas desde la incondicionalidad.
Lo interesante será saber si en el futuro la falta de conocimiento y de solvencia jurídica de sus integrantes y el escaso y en ocasiones lastimoso análisis de los casos que se someten a su jurisdicción, así como la sensación de apresuramiento en la toma de sus decisiones, se van a mantener, lo que en su caso va a terminar por erosionar la confianza social en una justicia imparcial.
Ambas problemáticas, como la evasión fiscal de Salinas Pliego y la falta de independencia de la SCJN, están interconectadas en un entramado que evidencia la fragilidad de nuestras instituciones. La falta de responsabilidad fiscal por parte de uno de los personajes más acaudalados del país pone presión sobre las finanzas del Estado, lo cual demandaría, por otra parte, una judicatura firme que proteja los intereses del erario y de los ciudadanos.
En lugar de ello, se observa, otra vez, una tendencia a ceder ante la presión, porque lo que antes sirvió para justificar la evasión de responsabilidades fiscales, como ocurrió durante años en el caso de Salinas Pliego, ahora se usa para justificar la conformación de las instituciones que claramente son dependientes del poder político, como ahora ocurre con el Poder Judicial.
La decisión en contra de Salinas Pliego, en este contexto, no borra las irregularidades electorales ni garantiza una justicia imparcial. La percepción de que las instituciones están sometidas a intereses, antes particulares y ahora políticos, en lugar de actuar como guardianes de la legalidad y la justicia, alimenta la crisis de legitimidad del sistema político mexicano.
Es importante recordar que la justicia no solo consiste en sentenciar en un caso particular, sino en mantener la confianza pública en que las instituciones deben actuar con independencia y transparencia. La resolución en el caso de Salinas Pliego, lejos de consolidar esa confianza, tendría que mostrarnos las fallas estructurales del sistema judicial y la influencia que poderosos intereses, políticos y económicos, aún ejercen sobre él.
*Abogado y analista
