Hace doce meses el Congreso de la Ciudad de México aprobó la conocida “Ley Airbnb”, un paquete de reformas destinado a regular las Estancias Turísticas Eventuales (ETEs), figura bajo la cual vecinos y familias ofrecen hospedaje a través de plataformas digitales. El planteamiento oficial fue detener la gentrificación, evitar la competencia desleal con el sector hotelero y garantizar mayor acceso a la vivienda. Una de las disposiciones centrales fue la limitación de 180 noches de renta por inmueble al año, con la advertencia de que rebasar ese límite implicaría la cancelación del registro oficial y, con ello, la pérdida de empleos e inversiones familiares.
Para el Frente Unidos por la Hospitalidad (FUH), la normativa no cumplió con las expectativas anunciadas. La organización, que agrupa a más de 48 mil 800 familias anfitrionas, sostiene que las restricciones no incidieron en la crisis habitacional, mientras que sí redujeron la estabilidad económica de miles de hogares. De acuerdo con sus datos, las ETEs representan menos del 1 % del parque habitacional capitalino. En contraste, durante 2024 se edificaron únicamente 1 mil 157 viviendas nuevas, cuando la ciudad requiere alrededor de 70 mil por año, y más de 207 mil inmuebles permanecen vacíos y sin uso.
El FUH también presentó cifras sobre el papel económico de la hospitalidad comunitaria: alrededor de 28 mil inmuebles en operación, 66 mil 800 empleos generados y una derrama anual de 22 mil millones de pesos, que aseguran es hasta ocho veces mayor a la del sector hotelero. A esto se suma que los anfitriones pagan un 5 % de Impuesto sobre Hospedaje, frente al 3.5 % de los hoteles, además de cubrir IVA e ISR. La organización enfatizó que detrás de esta actividad se encuentran principalmente mujeres —la mitad de los anfitriones— y adultos mayores, que representan el 17 % del total.
Otro de los argumentos del frente es que los beneficios se distribuyen de manera directa en la economía barrial. Cada peso gastado en hospedaje, explicaron, se refleja en consumo local: mercados, fondas, transporte y pequeños comercios.
Durante un pronunciamiento, Ángel Torres, fundador de Todos Somos Anfitriones y cofundador del FUH, aseguró: “Lo advertimos desde el inicio: esta ley no iba a resolver la crisis de vivienda porque el problema no somos los anfitriones, sino la falta de construcción y las viviendas vacías. En cambio, sí golpeó a miles de familias que hoy tienen menos ingresos para vivir con dignidad. La hospitalidad comunitaria no es el enemigo: es trabajo, sustento y futuro para la Ciudad de México. Queremos una regulación justa que reconozca plenamente la hospitalidad como parte de la política turística y social de la ciudad, porque en México, cuando decimos ‘Mi casa es tu casa’, no es un dicho: es un compromiso de comunidad, identidad y cultura compartido”.
El FUH también reconoció la disposición al diálogo de autoridades y legisladores, entre ellos la Jefa de Gobierno, Clara Brugada; César Cravioto, secretario de Gobierno; Alejandra Frausto, secretaria de Turismo; Inti Muñoz, secretario de Vivienda; Alejandro Encinas, secretario de Planeación y Ordenamiento Territorial; Manola Zabalza, secretaria de Desarrollo Económico; y la diputada Xóchitl Bravo, coordinadora del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso local.
Con este balance, la organización reiteró que la alternativa debe orientarse hacia la profesionalización, formalización y certificación del sector, al mismo tiempo que se impulse una política de vivienda asequible y se ocupen los inmuebles que hoy permanecen deshabitados.
