Ana Luisa Buendía García
¿Sabe realmente que está aplicando en su casa? Pocos conocen que hay productos que pueden ser letales y se encuentran fácilmente en los tianguis de la Ciudad de México. Es muy común encontrar insecticidas sin etiquetas, en botellas recicladas de refresco, a un precio muy bajo, sin control sanitario, que tienen sustancias prohibidas y se venden indiscriminadamente.
Como legisladora de Morena en el Congreso capitalino, he propuesto endurecer las sanciones contra quienes fabriquen, distribuyan o vendan estos insecticidas piratas, además de solicitar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) reforzar los operativos en los puntos de venta informal. La salud pública está en riesgo y es momento de actuar con firmeza. Las propuestas serán presentadas en el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre próximo.
Ante esto, propongo una ruta de acción clara mediante operativos sostenidos y focalizados en tianguis y mercados; sanciones ejemplares a quienes participan en esta cadena ilegal; campañas ciudadanas para alertar sobre los riesgos y enseñar a identificar productos seguros; así como mayor presupuesto y capacidades para COFEPRIS en labores de inspección.
Según la industria agroquímica, el 30 % de los plaguicidas usados en México son ilegales, un dato alarmante que refleja la facilidad con la que circulan productos apócrifos en el país. En 2020, la COFEPRIS incautó 108.3 toneladas de plaguicidas irregulares, muchos de los cuales se comercializan en espacios sin supervisión, como los tianguis. Estos productos suelen contener ingredientes activos ya prohibidos en México por su alta toxicidad, con efectos que van desde dolores de cabeza hasta daños neurológicos permanentes.
En noviembre de 2024, la Operación Limpieza evidenció la gravedad del problema: más de 260 000 productos pirata fueron decomisados en Plaza Izazaga 89, en el Centro Histórico. El operativo, realizado por la SSC, Secretaría de Economía, Marina e IMPI, no solo fue exitoso, sino también replicado en otras entidades como Sonora, Baja California y Coahuila. Sin embargo, estas acciones no pueden ser esporádicas; se requiere una estrategia permanente de vigilancia.
El contexto capitalino agrava la situación: casi el 45 % de la actividad económica en la CDMX se mueve en la informalidad, lo que facilita la venta sin control de estos productos. Mientras tanto, el mercado legal de plaguicidas —controlado por diez grandes empresas— generó más de 1,260 millones de dólares en 2021, lo que muestra el tamaño de un sector afectado por la piratería.
Combatir la comercialización y producción de los insecticidas piratas no es solo un tema de salud pública. Es también una lucha por la justicia social. Quienes compran estos productos —muchas veces por necesidad— son los más expuestos. No podemos seguir permitiendo que el veneno se venda como si fuera limpiador.
La “Operación Limpieza” fue un comienzo. Ahora, el reto es sostener el esfuerzo. La salud de la ciudadanía está en juego. Y como diputada, sostengo esta convicción: no habrá marcha atrás.
¿Está usted seguro de lo que rocía en su hogar?
