Luis Miguel Carriedo*
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, presentó el 6 de septiembre de 2015 su primer informe sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las conclusiones contradecían la llamada “verdad histórica” que había defendido el gobierno federal desde noviembre de 2014, dos meses después de los hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y madrugada del 27 de septiembre de ese año.
Acorde a un peritaje del grupo de expertos reseñado en aquel informe, era imposible que fuera cierta la versión gubernamental, que había difundido el entonces procurador de justicia, Jesús Murillo Karam a pocas semanas de los hechos, diciendo que una inmensa pira de fuego en el basurero de Cocula habría “incinerado” los cuerpos de todos los normalistas. En el informe del GIEI se lee al respecto: “De haber existido un fuego de esta magnitud, daños generalizados serían visibles en la vegetación y la basura. Ninguno de estos elementos muestra estos daños (…) no hay ninguna evidencia que indique la presencia de un fuego de la magnitud de una pira para la cremación de inclusive un solo cuerpo.”[1]
Mucho antes del informe del GIEI, cuando se acababa de dar a conocer la “verdad histórica” del gobierno, los grandes medios y televisoras difundieron y en muchos espacios defendieron aquel relato imposible. En diciembre de 2014 la Cámara de Diputados, donde el PRI que entonces gobernaba tenía mayor incidencia frente al resto de partidos, impulsó una encuesta para medir si la población creía en la polémica versión del procurador.
Así, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara registró en ese momento que “un 85%” de la población consideraba que la policía municipal de Iguala era algo o muy responsable de la desaparición de estudiantes; un 63% opinaba lo mismo del gobierno federal, pero sólo un 47% creía que el Ejército era también responsable.
La abrumadora mayoría, con los datos disponibles, creía que eran responsables principalmente autoridades locales tal y como aseguraba el gobierno federal, pero menos de la mitad de encuestadas y encuestados veía responsabilidad del Ejército.[2]
Esa percepción comenzó a modificarse cuando en septiembre de 2015 se dio a conocer el informe del GIEI, que ha sido confirmado en aspectos sustantivos y nuevos hallazgos en el reciente informe de la Comisión que encabeza el hoy subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas.
En 2015 el GIEI ya rebatía como falsa la versión del traslado al basurero y la supuesta incineración de normalistas ahí, también acreditaba que el Ejército tuvo conocimiento de los hechos en todo momento y era un asunto sólo de autoridades locales, se trataba de una complicidad de Estado al más alto nivel: “personal del Ejército estaba al tanto de lo que sucedía”, sentencian las páginas del informe.
El papel de los medios sería clave para ensuciar al GIEI y defender la versión de la quema en Cocula y el supuesto desconocimiento del Ejército que, hoy sabemos, era un engaño.
Poco después del informe, una encuesta de Ulises Beltrán publicada en el diario Excélsior, mostraba una tendencia de cambio en el ánimo ciudadano: sólo un 44% (menos de la mitad de la población) creía para entonces que se hubiera incinerado a estudiantes. Las opiniones de acuerdo con la narrativa del gobierno respecto a que todo era responsabilidad de autoridades municipales comenzaba a dividir opiniones: 47% consideraba en ese momento nada o poco probable la versión de que eran autoridades municipales aliadas con narcos quienes habían asesinado a normalistas por considerarlos de un grupo criminal rival[3].
Ante los efectos que empezaban a permear en la opinión pública sobre el caso, luego del informe del GIEI, el Ejército y el gobierno federal tuvieron un respaldo casi inmediato de los principales medios masivos y apenas unas semanas después de aquel informe, el 16 de octubre de 2015, comenzó a exhibirse en salas de cine y en la propia Cineteca Nacional, con atípico despliegue publicitario, “La noche de iguala”, un “documental” dramatizado que a toda velocidad parecía responder a la coyuntura y vacunar el informe del GIEI.
La “película” se presentaba como “investigación” a cargo de periodistas, pero durante su casi una hora y 20 minutos de duración no incluía ni una sola entrevista a cuadro con las y los involucrados, sólo lectura en voz off de una monótona narración que reproducía casi textual la versión del gobierno federal sobre el caso, la hacía suya con afirmaciones que ni siquiera aludían a “supuestos”, “indicios” o “versiones”, y se esforzaba en dar verosimilitud a esa “verdad histórica” oficial con escenas actuadas que sugerían a los normalistas criminales violentos y peligrosos que se buscaron su propio infierno. Era el mundo al revés, donde las víctimas eran presentadas como parte del crimen en sintonía con la “verdad” oficial.
Las víctimas eran presentadas en el documental como delincuentes, golpeadores de choferes, integrantes del cártel de “Los Rojos” que habrían sido asesinados por sus rivales “Guerreros Unidos”, luego incinerados en una enorme pira que ardió, como aseguraba el gobierno, en el basurero de Cocula y con un montaje actuado, aquel ominoso “documental” presentaba imágenes de esa enorme pira de fuego intenso tal como la había contado el gobierno, sin una sola palabra sobre la lluvia de esa noche, sin aludir al informe de los expertos internacionales que acababa de darse a conocer y concluía que era imposible que esa versión gubernamental de la incineración fuera cierta.
Luego de un peritaje referido en el informe se lee contundente la conclusión de las y los expertos: «el GIEI se ha formado la convicción de que los 43 estudiantes no fueron incinerados en el basurero municipal de Cocula». Eso no importó a periodistas y televisoras que siguieron asumiendo el guion gubernamental.
Dirigido por el periodista Jorge Fernández Menéndez y el histrión Raúl Quintanilla, ambos integrantes de la plantilla de Televisión Azteca, ese polémico documental casi idéntico en los argumentos sustantivos, alineado al discurso del gobierno, lucía más como un infomercial dictado para lavar la cara del Ejército y la policía federal que como investigación periodística.
La producción luce descuidada, muy apresurada pero acusa recursos económicos considerables para poner imágenes actuadas a la llamada “verdad histórica”.
Un actor interpreta a los normalistas cuando presuntamente tomaron camiones para acudir a la manifestación que se llevaría a cabo en la Ciudad de México el 2 de octubre. En diálogo ficticio, guionizado, se caricaturiza a los normalistas en ese momento desaparecidos e impedidos para defenderse, quienes en la “película” de Fernández Menéndez y el staff que trabajaba en Televisión Azteca, decían: “Me voy a llevar tu camión, ¿cómo ves? Porque traigo a la banda y voy a echar desmadre”.
Poco después de esa escena, el “documental” de Fernández regresa a la narración monótona con voz off, pero ahora arremete contra todos los estudiantes en la historia de la normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa.
La voz que lee en el “documental” entona párrafos con estilo más parecido a reportes militares que a redacción periodística. Se escucha con música tenebrosa de fondo: “Por años ha sido considerada semillero de guerrilleros, como Lucio Cabañas, Genero Vázquez Rojas, Othón Salazar, así como de movimientos sociales, principalmente armados, también de personajes relacionados con el crimen organizado (…) En 2014, el presupuesto destinado a esta institución, fue de 49 millones de pesos, aunque la mayor parte del año no han tenido clases, la escuela se ha convertido en un semillero político, pero también se le acusa de estar relacionada tanto con grupos guerrilleros como del crimen organizado, como Los Rojos. Sus métodos de lucha suelen pasar por la presión y la violencia y han terminado en tragedia…”.
¿Realmente los métodos de lucha social son la razón de la tragedia en Ayotzinapa? La narrativa de descrédito a los estudiantes crecía, ensuciar a las víctimas era un discurso evidente en la campaña mediática.
La película aseguraba que el grupo criminal “Guerreros Unidos” era responsable de asesinar a los 43 normalistas con ayuda y complicidad sólo de policías municipales y autoridades locales, nunca menciona que el Ejército estaba enterado de todo y no había actuado para impedirlo, Fernández Menéndez presenta a militares en su “documental” como preocupados por la salud de estudiantes heridos, para quienes habría pedido ambulancias apenas supo de los hechos, hasta que vio dos cuerpos tendidos y entonces acudió al hospital Cristina de Iguala y ahí encontró de casualidad a normalistas a quienes habría tratado de ayudar, pero ellos no esperaron la ayuda por decisión propia según el documental.
Esto lee la voz que narra el documental: “Casi a la una de la mañana del sábado 27, un comando militar llegó al hospital Cristina, antes, habían visto tendidos en las calles cercanas los cuerpos de dos estudiantes. Cuando los soldados llegaron, las luces del hospital estaban apagadas, al llamar abre la puerta un estudiante, los militares revisan el lugar y comprueban que hay estudiantes y profesores heridos. Deciden (los militares) llamar a varias ambulancias para que les den atención, fotografían y les piden sus datos a los estudiantes…se retiran para ver qué sucede con los cuerpos abandonados en la calle…más tarde, cuando volvieron al hospital ya no había ningún normalista, han decidido marcharse antes de que lleguen las ambulancias”.
Es falso que militares se enteraran de los hechos por ver cadáveres tirados en la calle. Además del informe del GIEI, está documentado por la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, en su propio informe presentado el 18 de agosto de 2022[4], que el Ejército tenía incluso a un militar infiltrado entre los normalistas y estuvo al tanto en todo momento, minuto a minuto, de lo que ocurría en las calles de Iguala.
El día en que comenzó la exhibición del bochornosa “película” en 2015, su director escribió en el periódico Excélsior: “Hoy comenzará a exhibirse en salas de cines un docudrama, o sea un documental con algunas partes de dramatización, llamado La noche de Iguala. Allí hemos tratado de mostrar qué sucedió el 26 de septiembre del año pasado, cuando 43 jóvenes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, fueron secuestrados, asesinados e incinerados por policías municipales”.[5]
Reconocía el “periodista” que en su documental había “dramatizaciones”, pero aseguraba que sólo era en “menos de un tercio de la película”. Su justificación fue que entonces: “no tenemos más que testimonios y no se cuenta por tanto con material visual. Y había que mostrar lo sucedido”.
La investigación de Ayotzinapa no puede ser ajena al papel cómplice de grandes medios de comunicación.
*Periodista
[1] Ver: http://centroprodh.org.mx/GIEI/?wpdmpro=informe-ayotzinapa-i
[2] Ver: http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP/Opinion-Publica/Encuestas/Encuesta-Nacional-de-Opinion-Publica-Caso-de-la-Normal-Rural-Ayotzinapa
[3] Ver: https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://www.bgc.com.mx/archivos/excelsior/2015/septiembre/140915.pdf
[4] Ver: http://www.comisionayotzinapa.segob.gob.mx/es/Comision_para_la_Verdad/Informe_Presidencia
[5] Ver: https://www.excelsior.com.mx/opinion/jorge-fernandez-menendez/2015/10/16/1051541
