Gabriel Sosa Plata*
Durante las últimas semanas, el debate sobre los nuevos lineamientos para proteger los derechos de las audiencias ha estado dominado por representantes de la industria, periodistas, articulistas y comentaristas que advierten de una supuesta censura, un control gubernamental y amenazas a la libertad de expresión.
La cantidad de críticas ha sido apabullante. En periódicos, noticiarios, programas de opinión y redes sociales se han repetido los mismos argumentos, algunos atendibles y otros basados en falsedades o interpretaciones exageradas del proyecto sometido a consulta por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT).
Si sólo nos basamos en esas fuentes, llegaríamos a la conclusión que existe un rechazo social casi generalizado a la propuesta del órgano regulador. Sin embargo, esa conversación se ha desarrollado fundamentalmente en el llamado círculo rojo. ¿Qué piensan las audiencias?
La encuesta nacional de De las Heras Demotecnia, publicada el 13 de agosto y que dio a conocer la presidenta Claudia Sheinbaum, contrasta con el discurso predominante en medios y redes.
Según el documento, el 78 por ciento de las personas consultadas considera muy o algo importante que los programas de radio y televisión distingan claramente cuándo presentan una noticia, cuándo se trata de la opinión de una persona comunicadora y cuándo transmiten publicidad o contenido pagado.
Este resultado es interesante porque dicha distinción constituye uno de los derechos fundamentales de las audiencias y uno de los aspectos más cuestionados por quienes afirman que los lineamientos pretenden intervenir en las líneas editoriales.
Otro dato que merece atención es que el 62 por ciento considera que las reglas propuestas buscan que los medios comuniquen e informen de manera clara, mientras 28 por ciento piensa que su propósito es controlar o censurar contenidos. Es decir, la percepción mayoritaria registrada por la encuesta tampoco coincide con la narrativa que ha dominado el debate público.
Al presentar los resultados, la presidenta Sheinbaum destacó precisamente esa distancia y recordó que ha existido una intensa campaña para asegurar que los lineamientos son censores. También aclaró que el gobierno no propone sancionar genéricamente las llamadas noticias falsas, sino hacer efectivos los códigos de ética, las defensorías y los mecanismos para recibir y atender quejas de las audiencias.
La precisión es también necesaria porque 79 por ciento de las personas encuestadas respondió que el gobierno debería sancionar a los medios que busquen engañar deliberadamente mediante información falsa. Esto es, hay un fuerte rechazo social al engaño. Sin embargo, ello no debería interpretarse como un cheque en blanco para que la autoridad establezca concluya si una pieza periodística es veraz o no.
La encuesta es una fotografía del momento, muy útil, pero tampoco representa la última palabra. Por supuesto se requiere un esfuerzo mucho más amplio para conocer lo que piensan radioescuchas, televidentes y audiencias de servicios de paga y plataformas audiovisuales.
También es indispensable escuchar a las audiencias indígenas, comunitarias, infantiles, juveniles, con discapacidad y de las distintas regiones del país.
Por otra parte, la encuesta aporta datos no necesariamente vinculados con los lineamientos, pero que son valiosos para otros temas que ha colocado la presidenta en la agenda nacional.
El 86 por ciento considera muy o algo importante regular el acceso de niñas y niños menores de edad a las redes sociales. Esto es una muestra de la preocupación social que tampoco aparece con suficiente fuerza en el círculo rojo; es decir, qué tipo de contenidos consumen niñas, niños y adolescentes; cómo operan los algoritmos, a qué publicidad, violencias, estereotipos y desinformación están expuestos, y qué responsabilidades deben asumir las plataformas.
En esta discusión también debe escucharse directamente a niñas, niños y adolescentes.
La encuesta de Demotecnia no elimina, obvio, las observaciones jurídicas o técnicas que deben hacerse al proyecto, pero sus resultados sí desmontan la idea de que las voces más visibles y estridentes representan automáticamente a todas las audiencias. ¿Qué debe hacerse? Justo, escuchar a las audiencias, en todo momento, atender sus reclamos y opiniones, así como tutelar sus derechos. En eso consiste la esencia de los lineamientos de la CRT y los objetivos de la ley en la materia.
Comunidades dueñas de su propia voz
Y bajo el intenso debate sobre los lineamientos de derechos de las audiencias, la CRT inauguró el Foro Internacional de Medios Comunitarios, Indígenas y Afromexicanos 2026, Voces, Territorios y Futuros.
El encuentro, celebrado los días 12 y 13 de agosto con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, abrió un espacio para reflexionar sobre identidad, memoria, sostenibilidad y desarrollo de la radiodifusión social.
Durante el encuentro, la comisionada Mercedes Olivares Tresgallo informó que México cuenta con 253 estaciones concesionadas de uso social, de las cuales 212 son comunitarias, 35 indígenas y seis afromexicanas. Son medios que, agregó, preservan lenguas, historias, conocimientos, música y formas de organización que rara vez encuentran espacio en la radiodifusión comercial.
La exdefensora de las audiencias señaló que las comunidades deben ser dueñas de su propia voz y que la radiodifusión puede hacerlo posible con fuerza, orgullo e identidad. También destacó el papel de estas emisoras en la conservación de la memoria y la historia de los pueblos. De ahí que la CRT tenga entre sus prioridades reforzar este modelo de comunicación mediante, por ejemplo, la reducción de cargas administrativas y acompañamiento técnico a quienes operan o aspiran operar una frecuencia de este tipo. También a través de la eliminación de requisitos económicos, financieros y jurídicos que durante años funcionaron como barreras para acceder legalmente al espectro. Muy bien por ello.
*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y Defensor de Audiencias de Radio UdeG y Canal 44 de la Universidad de Guadalajara.
