Con voz pausada, sin estridencias, Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, informó: “Fue un crimen de Estado”. Momentos antes había señalado: “no hay indicios de que los 43 estudiantes estén vivos (…). Todos los testimonios y evidencias acreditan que éstos fueron arteramente ultimados y desaparecidos”.