Gabriel Sosa Plata*
Yo también he recibido llamadas de extorsión y no pasa un solo día sin que mi teléfono suene varias veces con números desconocidos y mensajes engañosos. ¿No le ocurre lo mismo?
Por supuesto no es una percepción aislada ni una anécdota personal, es una experiencia compartida por millones de mexicanas y mexicanos.
De acuerdo con datos oficiales, solo durante 2024 el país registró más de 5.7 millones de intentos de extorsión, muchas de ellos perpetradas a través de llamadas desde números que no podían ser identificados fácilmente por las autoridades o las víctimas.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2024 del INEGI reportó que entre los delitos que más preocupan a la población se encuentra, justo, la extorsión telefónica y constituye una proporción significativa de los casos que se perciben como amenazas directas a la seguridad cotidiana.
Al menos 32 personas son víctimas de extorsión cada 24 horas y en los primeros cinco meses de 2025 se registraron 4 mil 882 víctimas, 238 más que en igual periodo de 2024. Además, históricamente más del 85% de los casos de extorsión se cometen por teléfono.
Ese nivel de incidencia se debe a que desde hace años las líneas móviles han circulado en el país sin una vinculación confiable con identidades verificables, lo que facilita el anonimato criminal y dificulta el rastreo por parte de autoridades.
Es en ese contexto que, a partir del 9 de enero de 2026, México inició la obligación de vincular todas las líneas móviles a una persona física o moral con CURP y datos oficiales, como parte de una política pública en materia de seguridad que se reflejó en la misma Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (artículos 103 y fracción III del 164).
Aunque se hace aparecer en espacios en medios y redes anti 4T como la “mala” de la decisión a la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) y a la presidenta Claudia Sheinbaum, no es así. Al órgano desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones sólo le corresponde ejecutar y supervisar el mandato legal que aprobó el Congreso.
Quienes critican la medida también suelen argumentar que pone en riesgo la privacidad o que amplía el alcance del Estado para la vigilancia masiva. Tampoco es así. La información será resguardada por los operadores telefónicos y se cumplirá con lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares.
No nos dejemos confundir. El anonimato digital facilitado por líneas no identificadas ha sido un factor estructural para que grupos delictivos, incluidos los que operan desde el interior de penales, multipliquen las extorsiones con técnicas cada vez más sofisticadas.
Todavía más: con el auge de la inteligencia artificial, estas prácticas han escalado: voces clonadas, audios manipulados y algoritmos que reproducen patrones comunicativos reales hacen que las extorsiones sean más persuasivas y más difíciles de distinguir de comunicaciones legítimas.
Frente a esta evolución, era indispensable fortalecer los mecanismos de trazabilidad de comunicaciones para garantizar la seguridad de la población y dotar a las autoridades de herramientas que sí puedan seguir la pista a quienes cometen delitos por teléfono.
¿Esta política implica costos para los operadores, como se han quejado en medios afines a sus intereses?
Sí, como adecuar sistemas, resguardar datos, operar mecanismos de verificación y respetar estrictamente la legislación de protección de datos personales, pero no está de más recordar que el mercado de la telefonía móvil en México genera utilidades multimillonarias y se ubica entre los más rentables de América Latina.
Por eso, esto hace insostenible la narrativa de que “no hay recursos” para implementar una política pública que busca reducir un delito que afecta directamente la vida y tranquilidad de millones de personas, y que se ha aplicado con éxito en otros países. Es un buen momento para que los operadores muestren también en este terreno su responsabilidad social.
En efecto, la vinculación de líneas no es una panacea que por sí sola erradicará la extorsión. Sin embargo, el anonimato absoluto que hoy facilita la comisión de delitos debe terminar si queremos avanzar en seguridad ciudadana, especialmente para proteger a sectores vulnerables como personas mayores, niñas, niños y familias que día tras día viven con el temor de que una llamada se convierta en una amenaza real.
Cambios en R3D
R3D anunció el nombramiento de Paulina Gutiérrez como directora ejecutiva a partir del 1 de enero de 2026, tras un proceso de selección conducido por su Consejo Directivo. Con una sólida trayectoria en derechos humanos y experiencia en Artículo 19, organismos del sistema interamericano y de la ONU, su llegada refuerza la agenda de R3D. La organización también reconoció la labor de José Flores, quien encabezó la dirección interina y continuará colaborando en funciones estratégicas.
Venezuela, un análisis desde UAM Radio 94.1 FM
Este miércoles 14 de enero, a las 15 horas, la emisora de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) transmitirá un programa especial sobre el ataque del gobierno de Donald Trump a Venezuela y la captura de su presidente Nicolás Maduro. ¿Cuáles son las consecuencias geopolíticas de esta violación al derecho internacional y cuál es el panorama para México? Diana Fuentes y Aleida Azamar, destacadas profesoras e investigadoras de esta Universidad, serán las invitadas.
Importante recordar que la UAM manifestó a través de un comunicado su condena por las acciones militares contra el país latinoamericano y exhortó “privilegiar las vías diplomáticas, el diálogo y la mediación como mecanismos para la resolución de conflictos”. También expresó la solidaridad de la comunidad de esta Universidad con la nación venezolana para que sea respetada su soberanía.
La UAM, siempre congruente con los principios que le dieron origen.
* Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista. Defensor de audiencias. Conduce el programa Media 20.1 en TV UNAM.
