La Presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), Nashieli Ramírez Hernández, llamó a plantear rutas para que en el corto plazo las instituciones sean capaces de adaptarse y garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres en un contexto cada vez más digitalizado.
En su participación en el Seminario: Retrocesos y desafíos para los derechos humanos de las mujeres en la pandemia por COVID-19, convocado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), urgió a atender con acciones inmediatas el incremento de las violencias económica, obstétrica y digital.
Dijo que los cambios y transformaciones impuestos por la emergencia sanitaria de COVID-19 y de violencia de género obligan a las instituciones a encaminar sus enfoques hacia la eliminación de las violencias en contra de las mujeres y evitar caer en retrocesos respecto a la garantía de sus derechos.
La experiencia después de un año de emergencia sanitaria, insistió la Defensora, obliga a trabajar desde una metodología de sociología de la emergencia y con miras a atender los rezagos que se han profundizado en detrimento de la vida de las mujeres y del ejercicio de sus derechos.
Llamó a analizar lo que se ha hecho y lo que se dejó de hacer, así sobre cómo se implementarán acciones en el corto plazo y durante los siguientes meses para prevenir, atender, sancionar, contener y erradicar las violencias sexual, física, económica, psicológica y patrimonial, como consecuencia directa del COVID-19, en lo económico y en el ámbito de la salud.
Con respecto a la violencia económica ajena a las relaciones de pareja, indicó que es preciso un enfoque derechos humanos en general, y de género en particular, para diseñar medidas específicas de política presupuestaria y fiscal, encaminadas a evitar una mayor brecha laboral y la precarización laboral feminizada.
“Deben diseñarse paquetes fiscales para garantizar que las mujeres no queden al margen de la respuesta y recuperación de la pandemia”, puntualizó, además de medidas como el acceso al financiamiento, la implementación de políticas fiscales dirigidas y la transferencia directa de recursos.
Urgió también a la inversión inmediata en infraestructura de cuidados que coadyuven a disminuir la desigualdad de género en el hogar y el trabajo, así como a impulsar medidas que favorezcan la autonomía de las mujeres, y a garantizar igual paga para mujeres que realizan funciones de la misma naturaleza que los hombres.
“Lo anterior plantearía a ese nivel constitucional el Derecho al Cuidado, a cuidar, ser cuidada y al autocuidado, y con ello contribuiría a la disminución de la violencia económica en contra de las mujeres, a partir de la coordinación y cooperación entre el sector público y el mercado laboral”, explicó.
En lo que toca a la violencia obstétrica, lamentó la dificultad para acceder a información desagregada y que no contribuye al análisis de la situación; y cuestionó si la atención a las mujeres embarazadas y bebés recién nacidos se ha abordado desde el enfoque de género con la debida prioridad.
“En particular, la mortalidad materna y otros indicadores que configuran la violencia obstétrica deben de ser identificados y reportados en los boletines informativos generados en el contexto de la pandemia”, subrayó.
Finalmente, respecto a la violencia digital, dijo que es preciso visibilizarla, tanto como es precisa la estrecha colaboración entre la policía cibernética, la Fiscalía y la policía de investigación, de forma que puedan actuar oportunamente, sin revictimizar o perder pruebas valiosas para la investigación de este delito.
Recordó que en su Informe recién presentado sobre Violencia digital en contra de las mujeres en la Ciudad de México, la CDHCM da cuenta de que el acoso sexual y hostigamiento laboral contra niñas y mujeres se ha mudado a Internet, a través de la difusión de imágenes, la invasión de privacidad y el acercamiento de adultos con interacciones inapropiadas.
“En el contexto del confinamiento por la pandemia de COVID-19, lo digital ha cobrado particular relevancia al convertirse en una de las únicas formas de socialización de las personas, como el trabajo, la educación y hasta las compras de víveres”, señaló Ramírez Hernández.
Dijo que urge elaborar protocolos de atención y prevención, así como la alfabetización de violencia digital para el autocuidado y para el reconocimiento de los mecanismos de protección de las mujeres.
