José Luis Camacho López
La primera intervención del Estado mexicano en materia de radiodifusión y del espectro radioeléctrico fue la señal de Radio Educación, una emisora de la Secretaría de Educación Pública, que en la visión inspirada de quien se acredita su creación: José Vasconcelos, se propuso reducir el analfabetismo en el país y ser vehículo público pedagógico de la educación pública, en una etapa de violentos desencuentros entre los caudillos de la Revolución Mexicana.
Después de la fundación de esta emblemática emisora (1924), el Estado mexicano optó por beneficiar y apoyar a empresas privadas y entregándoles concesiones para la explotación económica del espacio radioeléctrico, cuando aún no se percibía que al Estado, le correspondía también participar en el espacio aéreo radioeléctrico. Entonces, no se tuvo la visión del estratégico papel que le correspondía a un medio de comunicación de esa dimensión como la radio. Aunque para el caso de la BBC de Londres, creada en 1922, sí se tuvo esa visión.
A lo largo del siglo XX, además de la BBC se fundaron Radio Nederland (Holanda), Deutsche Welle (Alemania), Radio Francia (Francia), Radio Televisión Española (España), con una clara función pública de su papel político y sociocultural en el espacio radioeléctrico, y como vehículos para difundir sus lenguas, pero también como representantes de Estados en la disputa de los espacios de la radio y la televisión. Todas ellas, con una característica similar: depender de fondos públicos con diversas estrategias fiscales.
En México, durante los 70 años de partido de Estado en la Presidencia (creado en 1929 por Plutarco Elías Calles), a todas las empresas radiofónicas y de la televisión se les apadrinó y protegió en sus negocios y se mantuvo como aliados políticos. Eran “soldados de la Revolución”, llegó a decir “El Tigre”, Azcárraga, fundador del emporio Televisa. Mientras tanto, la radio y la televisión públicas, creadas casi por accidente, durante décadas fueron condenadas a navegar en el espacio radioeléctrico, regateándoles su vida, sin una política pública definida en todo el espectro radioeléctrico nacional.
El trato que les otorgó el partido de Estado a esos medios fue de exclusión, tanto de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional. Los medios públicos eran parte de la “familia incómoda”; no sabían qué hacer con las estaciones de radio y televisión, al grado que durante el periodo del Tratado de Libre Comercio y del periodo económico político neoliberal estaban amenazados con la desaparición.
Radio Educación, Notimex, IMER, Canal 22 y Canal Once parecían tener el mismo destino de la desincorporada Imevisión, que llegó a operar como empresa estatal con nueve canales en la capital del país, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Mexicali, Tijuana y Monterrey, además de 90 y 78 estaciones repetidoras. Todo un escandaloso regalo que se le hizo, al empresario Ricardo Salinas Pliego, al venderle Imevisión, quien ahora evade pagar impuestos. La falta de visión de aquellas administraciones gubernamentales para con los medios públicos, llevó a esas burocracias sexenales a nombrar como directivos a políticos, amigos o como “premios de consolación”.
El Canal Once nació en una bodega cercana al Casco de Santo Tomás. Radio Educación tuvo un largo itinerario accidentado con algunas luces por varias décadas sin saberse de su futuro hasta que una profesora María del Carmen Millán en 1970, tuvo la visión de recuperar su original función educativa con el apoyo de un grupo de mujeres judías que le donaron un transmisor.
A cien años de su fundación Radio Educación, que sin duda representa hasta ahora, el ejemplo del porqué el Estado mexicano debe contar con medios de genuina vocación cultural, sociopolítica y pedagógica, todavía no cuenta con una política pública de largo alcance para que sus objetivos incidan en la radiodifusión nacional, cuyo espectro está acaparado por unas cuantas familias de la mercadotecnia políticoeconómica, además de asumirse como voceras de grupos de derecha y ultraderecha.
Reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Ahora, para el segundo piso de la IV Transformación de la República, se presenta la oportunidad de elaborar un proceso de construcción que coloque a los medios públicos en una pista de desarrollo propicio para el equilibrio mediático frente a la alta concentración en el sector privado, en donde la información y la opinión son manipuladas, disfrazando la libertad de empresa con la libertad de prensa.
La definición de “medios públicos” debe ser más precisa en la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión ya que todos los medios sean de uso comercial, privado, público o social “son servicios públicos de interés general”. Todos esos medios (públicos y privados), se transmiten en un espacio público radioeléctrico propiedad y dominio de la nación, a la que no ha renunciado el Estado mexicano.
Este carácter específico todavía no ha logrado ser completamente discernido cuando todas las empresas radiofónicas son concesionarias del espacio público radioeléctrico, ya que todas son reguladas por un marco jurídico derivado de la Constitución, primero con la anterior Ley Federal de Radio y Televisión y ahora todas como concesionarias, en la vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Emisoras como Radio Educación están definidas con la figura de uso público, mientras que otras, como uso social para grupos comunitarios o indígenas, ambas sin fines de lucro.
Las emisoras dedicadas al lucro fueron descritas como de uso comercial y privado, propias del modelo capitalista de libre mercado. Aunque la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Radiodifusión dice que “en ningún caso el factor determinante será meramente económico, sin menoscabo de lo establecido en esta Ley en materia de contraprestaciones”.
La segunda etapa de IV Transformación
Para quienes dirigen la segunda etapa de la IV Transformación de la República, encontrarán en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, grandes desafíos para los medios públicos, entre ellos: mayores recursos presupuestales; proyectos para mejoras técnico-administrativas; y hacerse de amplias audiencias representativas y participativas de sus cartas programáticas. Suficientes recursos, mejores tecnologías y mayores audiencias cuya programación responda a su función pública, considerando el interés colectivo de los grupos sociales, observando el rápido envejecimiento de su población y los cambiantes fenómenos cibernéticos que atrapan a la juventud a edades tempranas.
Para subsanar la insuficiencia de recursos financieros, la queja más frecuente de la comunidad trabajadora productora de Radio Educación, es la necesidad de mayores recursos financieros. Aunque ahora la ley les permite allegarse financiamiento por diferentes vías, no sólo contribuciones federales.
La legislación impide que los medios de servicio público tengan fines de lucro: “dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión”, advierte la legislación. En un programa de “Tiempo de Análisis”, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, transmitido en AM por Radio UNAM, la subsecretaria del Gobierno de Chile, Nicole Cardoch Ramos, consideró que una fórmula de los medios públicos para obtener recursos, es entrar a la “torta” del mercado publicitario, como lo hace el Canal Nacional de Chile de televisión.
Sin embargo, aclaró que esa forma no es la idónea para conservar la viabilidad de esos medios. La vía correcta, dijo, es que obtengan recursos públicos autorizados por el Congreso para que “no tengan que pelear su existencia” en cualquier cambio de gobierno. La gran tarea de los llamados medios públicos, llegó a decir la funcionaria del actual gobierno de izquierda chileno, es atajar el estridente vendaval de las noticias falsas, que “viajan diez veces más rápidas que las verdades”, donde los medios públicos, sean garantes de que sus audiencias reciban información veraz.
Parte de la historia de los medios públicos en México tiene que ver con los esfuerzos por hacer valer el derecho a la información en los espacios radioeléctricos, dominados por empresas privadas que se escudan en la libertad de prensa para comercializar las libertades públicas de manifestación y difusión de las ideas. A los medios de uso público o de uso social como Radio Educación, del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Canal Catorce, Canal Once, Canal 22, Capital 21, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, así como las televisoras y radiodifusoras estatales, les urge alejarse de la incertidumbre sexenal para no confundir lo gubernamental con lo público.
Un primer paso para garantizar mayores recursos financieros a esos medios públicos, es autorizarles la “venta de publicidad a entes públicos federales”, como se les permite a los de uso social; agilizar sus fuentes de ingreso como donativos; venta de sus productos, patrocinios, proyectos de financiamiento y convenios de coinversión. Además de buscar una mejor vía a la utilizada por la Deutsche Welle, que recibe recursos de un impuesto específico a las concesionarias privadas. Y desde luego revisar sus cartas programáticas con una visión de mayor alcance.
En el caso de Radio Educación recuperar programas exitosos como Del Campo a la Ciudad y El hijo del Chahuiztle con fuertes lazos sociales y con mayores audiencias en esa emisora histórica. Cada medio de uso público debe sacudirse de la polilla y colocarse en los tiempos actuales de un país inmerso en la lucha entre dos proyectos de nación que provienen desde la independencia: el de país con un verdadero sentido de nación en la era de la globalización, la etapa superior del depredador capitalismo mundial.
Periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
