José Luis Camacho López
Al concluir el gobierno del ahora expresidente Andrés Manuel López Obrador, el modelo de comunicación social de las conferencias “Mañaneras”, deberá continuar en la nueva administración de Claudia Sheinbaum Pardo, como lo que es, un ejercicio democratizador de la información pública, abierto a la sociedad, y sin precedente en la historia del presidencialismo. Ese modelo representa, una sólida alternativa para una reforma constitucional de mayor envergadura, que incorpore en forma plena los principios de transparencia y rendición de cuentas en el Artículo Sexto de la Constitución.
Las bases de esa eventual reforma existen desde la iniciativa de 1976, cuando se planteó el carácter social del “Derecho a la Información garantizado por el Estado”, y se puso de relieve que “en su origen y su razón de ser, está en el ámbito de la democracia”, como lo señaló Fátima Fernández Christlieb, a nombre de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación (AMIC), ya que “no son más unos simples transmisores de información”. Y, por ello “un derecho de la ciudadanía”, como llegó a suscribir el jurista Jorge Carpizo y no solamente un derecho de los partidos políticos, periodistas o empresarios.
Durante las consultas y audiencias públicas en 1980 para crear la Ley del Derecho a la Información, Fernández Christlieb evidenció la resistencia de las empresas privadas de la información para reglamentar la reforma de 1976. Una historia de oposición de los intereses privados a cualquier regulación de la radiodifusión que data desde el gobierno de Plutarco Elías Calles (1924-1928), cuando se promulgó la “ley de Comunicaciones Eléctricas que impedía el otorgamiento de concesiones a extranjeros”, pero que fue burlada por prestanombres mexicanos, ya que se comprobó que en realidad en 1930, la propiedad de la radiodifusora la “W” “estaba en manos del consorcio estadunidense Radio Corporation of América”.
La historia de las empresas privadas de la información y la opinión es una crónica de absolutas y oscuras venalidades, que han impedido conocer con claridad los trasfondos de sus intereses a los que en realidad sirven esos organismos como ocurrió con la radiodifusora W que llegó a jactarse de ser “la voz de América Latina desde México”. Gracias a la maestra Fernández y a la AMIC conocemos parte de esa ruta de turbiedades ,cuando bajo las siglas de las radios W y XEQ, “se arraigan en nuestro suelo y en nuestros aires los capitales de la RCA y CBS” del mercantilismo estadunidense; cuando en el gobierno de Manuel Ávila Camacho (1940-1946) “la política informativa se subordinó a la política económica” y en el gobierno de Miguel Alemán Valdés (1946-1952) hizo su aparición “el modelo televisivo financiado por el capital monopólico”.
La reforma de 1976 significó la apertura de un derecho democratizador de todos los órganos del Estado en sus tres instancias de poder público: federal, estatal y municipal y a la vez de los poderes legislativos y judiciales al garantizar a toda la ciudadanía, su derecho a estar informada de los asuntos públicos que les atañen en cualquier ámbito del poder gubernamental de las 32 entidades de la República.
Una nueva reforma constitucional de ese artículo, debe involucrar a las empresas particulares por ser organismos de carácter público y detentar concesiones otorgadas por el Estado para que cumplan con obligaciones de transparencia y rendición de cuentas. Una reforma al Derecho a la Información genuinamente democrático, que corresponda a un “segundo piso” de la IV Transformación de la República, que a la vez conserve el espíritu de las “Mañaneras”. Un Derecho a la Información sin ataduras burocráticas que fortalezca el conjunto de principios de los derechos humanos del primero constitucional de “universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad”, con las obligaciones de la transparencia y la rendición de cuentas de todo el aparato mediático de particulares.
Desde que se discutió en 2007, una nueva reforma a ese articulado de la Carta Magna para ampliar la jurisdicción del Derecho a la Información y prevaleciera el “principio de máxima publicidad”, en los mecanismos de acceso y las funciones de los sujetos obligados a cumplir con ese mandamiento, ya se estipulaba en la iniciativa “una política de estado plenamente comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas”.
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública contiene esas facultades de transparencia pero limitadas ya que únicamente, se ciñe a los sujetos obligados de los poderes Ejecutivos Federal, los estados y municipales, legislativos o judiciales o de quienes reciben recursos públicos “órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos”. Falta ampliar esas obligaciones de transparencia y de rendición de cuentas como sujetos obligados, hacia esas empresas de la radio y la televisión dedicadas a explotar los espacios radioeléctricos con distintos fines mercantiles.
La ciudadanía tiene Derecho a la Información sin las opacidades con las cuales, le ha sido conculcado por los intereses económico-políticos que han convertido a la información y la opinión, una poderosa red de poder hegemónico. Un sexenio de guerras mediáticas En el sexenio que concluyó esos grupos de presión, desde sus empresas de radio, televisión, medios impresos y de la internet, declararon una rabiosa guerra mediática durante seis años, pretendiendo desestabilizar el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador hasta delirar al extremo, generando un mundo de grotescas fantasías, alimentando condiciones para un golpe de Estado. Con medios intactos de la naturaleza de la fábula del escorpión, el nuevo gobierno de la IV Transformación que encabeza Sheinbaum Pardo, no estará a salvo de las campañas sucias, utilizando narrativas de esos grupos con las más absurdas y estúpidas falacias mediáticas.
Durante la etapa de la aprobación constitucional de la reforma judicial que ataca los vicios y sótanos de corrupción del antes intocable Poder Judicial, se difundieron por redes socio-digitales, los más bajos y escatológicos mensajes e imágenes cargados de hediondos escarnios en contra del expresidente López Obrador y la presidenta Sheinbaum Pardo por esa cacocracia mediática. Esos poderosos grupos económicos y políticos y sus actores mediáticos buscaron herir y lesionar dignidades, lo más sensible de las integridades personales. Pretendieron humillar, aterrorizar, demoler prestigios, desmoralizar, acorralar y con ello infundir en las audiencias sus mismas venenosas animadversiones. López Obrador abrió las puertas de Palacio Nacional y pavimentó el camino para un ejercicio democratizador más extenso del Derecho a la Información, a través de ese modelo de comunicación social multicultural con las conferencias “Mañaneras”.
Para el segundo piso de la IV Transformación esta experiencia democratizadora de la información resultó valiosa iniciativa, donde se ejerció además, el Derecho de Réplica, todos los miércoles a partir de 2022 con la sección “Quién es Quién en las Mentiras de la semana”, a cargo de Elizabeth García Vilchis, donde se exhibían “los intestinos” de las empresas y actores mediáticos, que son punta del hilo de las élites que presionan. Esos grupos propalan airados y desgarradores argumentos en defensa de su libertad de expresión pero ocultan y disfrazan los intereses que los titiretean, como subordinados de los mercados de la economía neoliberal, manipulando la información en sus noticiarios, segmentos de opinión y hasta los dedicados a entretenimientos con las voces de embaucadores.
En la historia del país las luchas por las libertades públicas de expresión provienen de una larga historia constitucional, desde las constituciones de Cádiz de 1809; de Apatzingán, y las que siguieron en 1814, de 1824, 1857 y 1917. Esas luchas trazaron una larga ruta por la defensa del ejercicio de un periodismo limpio a pesar de los acosos, amenaza, cárcel y crímenes en contra de periodistas auténticos porque esos derechos se ejerzan sin cortapisas como verdadero contrapeso de cualquier poder político y económico, por encima de censuras, autocensuras, arreglos, servidumbres, subordinaciones muy comunes en la historia de la prensa mexicana.
Periodismo de pesos y contrapesos
La historia del periodismo y la prensa mexicana ha sido controvertida como instrumento de pesos y contrapesos. Durante los siglos XIX, XX y parte del XXI los periódicos, medios electrónicos, se caracterizaron por su sumisión al poder político al que se sumó el poder económico para terminar de someterlo. En la etapa de los caudillos había editores que le consultaban al presidente, como ocurrió durante la gestión de Plutarco Elías Calles, sobre el precio de sus ejemplares. Otros llegaban a la extrema obediencia de acatar las instrucciones de las oficinas presidenciales o de Gobernación, sobre las ediciones de sus noticias principales de ocho columnas y hasta de sus editoriales.
El sexenio del primer gobierno de la IV Transformación de la República dio un gran paso al dar por terminado los arreglos fiscales a los que se amparaba a los propietarios de las empresas mediáticas, dueños de organizaciones paralelas ajenas al periodismo: hospitales, escuelas privadas, concesiones de arrendamiento de reclusorios, centros hospitalarios y autopistas.
Lo común en las relaciones prensa-gobierno, durante siete décadas de partido único y régimen neoliberal (PRI-PAN), fue que los empresarios mediáticos arreglaran sus deudas fiscales por las vías de pagos en dación o limpiar y condonar sus expedientes con el sistema tributario. Otra ejemplo similar ocurría con las dotaciones de papel a través de PIPSA, la empresa paraestatal encargada de importar y producir papel, fundada durante el sexenio de Lázaro Cárdenas, que suministraba ese insumo a los periódicos y medios impresos. Fue la historia más negra del periodismo mexicano, donde desde el reportero aprendía que sin fuentes informativaspublicitarias y embutes sus ingresos eran mínimos.
El sexenio de López Obrador acabó con la práctica del perdón fiscal del gobierno a los empresarios de la prensa y sus negocios paralelos y con las reverencias al poder económico- político. Ese paso ya se dio en el sexenio, gracias al “primer piso” de la IV Transformación, aunque desde Estados Unidos el expresidente Ernesto Zedillo, salga desde una cómoda palestra en el extranjero, a chillar por la reforma judicial. La nación requiere de un periodismo oxigenado, que los derechos a la crítica, se fundamenten con fuentes fidedignas, en servir al periodismo y no servirse del periodismo, que el Derecho a la Información sea un derecho social de la ciudadanía y no solamente un coto elitista de iluminados de la “comunicación”, periodistas con el derecho ciudadano de conocer públicamente las entrañas económicas y financieras sobre las que se mueven los medios de las empresas de particulares.
Que también este postulado del Sexto Constitucional propicie la transparencia y rendición de cuentas en las empresas y negocios paralelos de las oligarquías mediáticas dedicadas a explotar y manipular el Derecho a la Información. Y, se les obligue a la completa transparencia fiscal y origen de sus recursos bajo el principio de máxima publicidad para acabar con cualquier signo de impunidad fiscal y garantizar las libertades públicas de expresión y difusión de las ideas, sin ningún sesgo de manipulación y sin confundir libertad de empresa, el laissez-fare, con la libertad de prensa.
Si el ejercicio del Derecho a la Información parte de que se rija por “los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia, objetividad, profesionalismo, transparencia y máxima publicidad”, como señala el Sexto constitucional, el periodismo mexicano estará en las puertas de la dignificación y la confianza como mensajeros genuinos de los diversos sectores de la sociedad mexicana, pero sobre todo porque su principal insumo que es la información no sea lo que el diputado Carlos Ortiz Tejeda expresó en 1976 al discutirse la incorporación del Derecho a la Información garantizado por el Estado, “de ser instrumento de control y dominio” de poderosos monopolios “transmisores de noticias que acaparan canales, instrumentos, recursos…” México, en esta nueva etapa que habrá de conducir una mujer en la Presidencia de la República, con la enorme fuerza de su mandato electoral, bien cabe un renovado Derecho a la Información para dar certidumbre a quienes somos lectores, audiencias de todos los ámbitos públicos de la información, la opinión y entretenimiento, un periodismo de contrapesos en contra de todo abuso de poder, un poder entre poderes.
Un Derecho a la Información democratizador, genuino mensajero entre la ciudadanía y cualquier forma de poder, hasta el religioso; que sea tan cristalino y transparente como “espejo plano”, como dice el Dodecálogo del periodista Camilo José Cela. Un derecho que obligue a la rendición de cuentas y la transparencia, que propicie un periodismo digno, que cuente con la confianza de sus públicos, hasta ahora vulnerada, con informaciones que rayan más en los manejos turbios y perversos de tintes hegemónicos, y no a la certeza de los hechos y de los actos noticiosos ante la globalización económica geopolítica de la información.
Periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
