El presidente Andrés Manuel López Obrador publicó este miércoles en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se crea la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia, la cual investigará violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano en el periodo de 1965 a 1990.
El documento afirma que las autoridades en ese periodo fueron responsables de la desaparición forzada, la tortura y la ejecución extrajudicial de personas, por lo que la Comisión tiene como objetivo indagar los sucesos, en tanto que el Gobierno debe “brindar a las víctimas y sus familiares garantías para el acceso a la verdad, la justicia, la memoria, la reparación integral y la no repetición de estos hechos”.
En ese contexto, México fue terreno de protestas magisteriales, de ferrocarrileros, médicos, campesinos y estudiantes universitarios, quienes demandaban un cambio social; al principio de forma pacífica y legal, pero ante la no resolución a sus exigencias optaron por levantamientos armados.
Con la aparición de las guerrillas durante las décadas de 1960 y 1970, el Estado combatió el descontento social con la represión, el encarcelamiento, la tortura, las desapariciones forzadas y hasta asesinatos, injusticias que hasta el día de hoy siguen en la memoria colectiva de la sociedad.
El combate a la protesta social fue denominado como la Guerra Sucia, nombre para definir las prácticas de aniquilamiento extrajudicial por parte de las autoridades.
En ese escenario, las instituciones de seguridad como las fuerzas armadas modificaron sus objetivos de defender las fronteras y se dedicaron a reprimir a sectores opositores, acusados de la supuesta conspiración promovida por la Unión Soviética para instalar el comunismo.
El caso más representativo del polémico actuar del gobierno es la represión a los estudiantes el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Situación que se repitió el 10 de junio de 1971, cuando grupos paramilitares conocidos como Los Halcones abatieron a jóvenes universitarios que marchaban al Zócalo capitalino para apoyar a la Universidad de Nuevo León amenazada de perder autonomía.
El pasado 30 de agosto la administración encabezada por Andrés Manuel López Obrador se reunió con víctimas y familiares de la persecución del gobierno, y fue ahí que se anunció la creación de la Comisión.
Una de las obligaciones del organismo será la de “integrar y presentar al presidente de la República, a las víctimas, sus familiares, a las personas sobrevivientes, un informe final de esclarecimiento histórico de los hechos procesos, instituciones y responsables que hicieron posible la comisión de graves, sistemáticas y generalizadas violaciones a los derechos humanos por parte del Estado mexicano, el cual será de libre acceso a la sociedad en general”.
(DOM)
