El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso de la Ciudad de México III Legislatura, diputado Ernesto Villarreal Cantú, presentó el 7 de octubre de 2025 ante el Pleno, una iniciativa para reformar el Código Penal local, con el fin de establecer agravantes al delito de fraude en contra de personas integrantes de grupos de atención prioritaria y por el uso indebido de programas sociales.
La propuesta, que adiciona un párrafo al artículo 233 y un nuevo artículo 233 Ter al Código Penal para el Distrito Federal, busca sancionar con mayor severidad a quienes obtengan un beneficio propio o de un tercero, aprovechándose de la vulnerabilidad, el desconocimiento, estado de salud o capacidad disminuida de personas integrantes de grupos de atención prioritaria.
De acuerdo con el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México, tan solo en el último año se han reportado más de 12 mil 700 casos de fraude y extorsión contra personas adultas mayores, cifra que supera incluso las denuncias por extorsión telefónica.
La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF) advierte que el 20% de las estafas virtuales en el país tienen como víctimas a personas mayores, muchas de las cuales no cuentan con herramientas digitales para detectar engaños.
La iniciativa propone que las penas por fraude —actualmente de seis meses a diez años de prisión y de 400 a 4 mil días multa— se incrementen hasta en una mitad, y hasta en dos terceras partes, especialmente cuando el responsable sea un familiar directo de la víctima.
Asimismo, se contemplan sanciones para quienes utilicen logos o imágenes oficiales de programas sociales con fines de lucro o engaño.
La propuesta se alinea con medidas adoptadas en otros países donde el fraude a personas mayores se considera un delito agravado. En California, Estados Unidos por ejemplo, existen sanciones específicas por fraude financiero contra mayores de 65 años, mientras que en Costa Rica se incrementan las penas cuando la víctima tiene discapacidad cognitiva o pertenece a la tercera edad. En el ámbito nacional, distintas entidades han avanzado en el mismo sentido, reconociendo que la vulnerabilidad de las víctimas debe aumentar la responsabilidad penal del agresor.
“No se trata solo de castigar, sino de prevenir y de enviar un mensaje claro: en la Ciudad de México no habrá impunidad para quienes lucren con la necesidad del pueblo. Quien defraude a un adulto mayor, engañe a una persona en condición de vulnerabilidad o robe con mentiras a los más pobres será castigado con todo el peso de la ley”, enfatizó el diputado del PT.
Con esta iniciativa, el Congreso capitalino se coloca a la vanguardia en la defensa de los derechos patrimoniales y humanos de personas integrantes de grupos de atención prioritaria, adoptando una política penal moderna, con enfoque de justicia social, dignidad y solidaridad intergeneracional.
