José Luis Camacho López
Por primera vez, el Estado mexicano podrá con la nueva legislación sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión regular y ser el rector de los espacios radioeléctricos propiedad de la Nación, que los aparatos mediáticos ideológicos privados han convertido en cotos monopólicos para la comercialización de la información y la opinión.
A lo largo de la historia de la radiodifusión y las telecomunicaciones el Estado mexicano siempre ha estado en calidad de rehén, desde que la iniciativa para crear estaciones de radio y de televisión a lo largo de su historia siempre ha estado en manos privados que han convertido en prósperos negocios el manejo comercial de la información, la opinión y el entretenimiento.
La burguesía mediática acusa de censura a la nueva legislación de telecomunicaciones, patalea contra cualquier intención autoregulatoria de los corridos que incitan al crimen, pero ante cualquier asomo o signo que atente contra sus criterios ideológicos o de lucro de la información u opinión, lo censura como una santa inquisición particular.
Ahora que surgió una nueva versión de la reforma para crear una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión expedida en 2014, que sustituirá a la expedida durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hay que recordar que la censura ha sido ejercida desde ámbitos de la burguesía privada que opera la mayor parte de los espacios mediáticos públicos de la radiodifusión y digitales de la internet.
Una de las víctimas de esa censura privada fue Carmen Aristégui despedida de dos corporaciones mediáticas privadas, la W Radio y MVS por realizar emisiones periodísticas en 2007 y 2015 que en el caso de la W Radio calificó de una “brutalidad” su silenciamiento por dos “poderosos grupos de comunicación Prisa y Televisa.
En su artículo que publicó en Reforma el 18 de enero de 2008, El Derecho de las audiencias, Carmen advertía de los riesgos del modelo corporativo y trasnacional de los consorcios mediáticos y el modo en que “toman decisiones de operación y funcionamiento de los medios de comunicación”.
Para Carmen en esos momentos de haber sido despedida por la censura en W Radio, el debate se centraba en “si se puede o debe colocar la llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresión y de las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos”.
Y exactamente este es el punto en que ahora estamos con la discusión sobre una reforma y nueva ley de telecomunicaciones y de la radiodifusión, durante la cual la burguesía mediática que controla un bien público como es el espacio radioeléctrico y digital, crea un escenario de manipulación de los derechos a las libertades de expresión y de información de acuerdo a lo que decía Carmen: una defensa a ultranza de la libertad de empresa sobre esas libertades que corresponden a toda la población del país y no a grupos privilegiados de las empresas privadas mediáticas.
En las empresas de las telecomunicaciones y la radiodifusión privadas los derechos de las audiencias no existen. La ley expedida en 2014 jamás se ha respetado cuando las audiencias no existen en las políticas y criterios del uso y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones como un servicio genuinamente público apegados a los artículos que dictan los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Lo importante en esta nueva iniciativa es que los servicios de telecomunicaciones y de la radiodifusión sean realmente servicios públicos de interés general. Sobre todo que el Estado efectivamente ejerza la rectoría en estas indispensables materias de la comunicación, proteja la seguridad y la soberanía de la Nación tal como ya lo especificaba la ley que será sustituida. Y también que el Estado mantenga el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico y no solamente sea un discurso como lo fue la ley de 2014.
Un punto importante que se destaca en esa iniciativa es restringir a los concesionarios de la radio y la televisión la difusión de productos de propaganda de abiertamente contenidos intervencionistas con cargas ideológicas, políticas o comerciales producidos por gobiernos del exterior, como ya ocurrió con mensajes personificados por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem del gobierno estadunidense, que criminalizan al migrante y a la migración.
Otro de los puntos importantes de la nueva iniciativa es que efectivamente esté prohibida la discriminación de cualquier tipo que prohíbe la Constitución General de la República en su primer artículo.
Otro de esos puntos es que efectivamente los concesionarios de la radio y la televisión sean privados, públicos, sociales, comunitarios que cuenten con Códigos de Ética y Defensores de Audiencia, no solo se formulen, se cumplan con el rigor que implica respetar los derechos de los públicos de cada medio.
En los más de una década que operaba el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, casi al final de su extinción, intentó convencer a los concesionarios de contar con Códigos de Ética que regularan el comportamiento de los actores mediáticos de las empresas de la radiodifusión tanto privados como los públicos o de otra naturaleza. Un intento fallido.
Es previsible que en la nueva legislación se precise que en las concesionarias sean de uso comercial, público, privado, social, comunitario, en sus programaciones la información y la opinión estén claramente diferenciadas, así como la publicidad o propaganda que se disfraza por medio de los géneros periodísticos.
El otro tema de relevante importancia es el ejercicio del derecho de réplica que regularmente se omite en los espacios mediáticos del espectro radioeléctrico y escandaliza cuando desde la presidencia lo ejercía Andrés Manuel López Obrador y ahora lo ejerce la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes por el hecho de ocupar el más alto cargo de responsabilidad pública no pierden su calidad ciudadana con todos sus derechos constitucionales.
Las telecomunicaciones y la radiodifusión no solamente son servicios públicos de interés general, son propiedad de la Nación y cuya rectoría no puede estar en manos privadas.
En el caso de los narcocorridos levantan sus irascibles voces sobre la sagrada libertad de expresión y se oponen a cualquier intención regulatoria o prohibición en espacios públicos.
Esa burguesía intolerante ha contado con aliados en los juzgados cuando se trata de aplicar censuras ideológica. Así ocurrió cuando un juez del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó la suspensión temporal de la exposición La Segunda Venida del Señor, de Fabián Chairez por ser “cristianofóbica” y “ofensiva a la moral” según grupos de religiosos católicos que interpusieron un amparo a través de una Asociación de Abogados Cristianos, con el argumento de “daños al honor religioso”.
La segunda exposición de Chairez estaba programada para ser exhibida en el Museo de la Ciudad de México, una propiedad pública del gobierno de la Jefatura de Gobierno capitalina. Chairez ya había tratado de exponer sus obras en la Academia de San Carlos, un espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se muestran ministros, monjas y acólitos religiosos con diferentes actitudes eróticas en nueve lienzos, que molestaron a creyentes de esa santa fe religiosa.
Lo mismo le ocurrió al artista plástico Rolando de la Rosa cuando presentó una exposición con imágenes de la Virgen de Guadalupe con el título de “Virgen Marilyn”, que incitó a cientos de iracundos católicos a condenarla cuando se presentó en el Museo de Arte Moderno el 23 de enero de 1988. La prensa católica se horrorizó y se sumó al escándalo.
Según una versión periodística el propio Arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera ordenó la manifestación con militantes de la organización Provida que encabezaba el ultraderechista Jorge Serrano Limón. Uno de los cuadros que incitaron al linchamiento de la exposición fue la que presentaba a la Virgen de Guadalupe con el rostro de Marlyin Monroe y los pechos de fuera.
Treinta y siete años después, se censura otra obra plástica de un pintor por desafiar a los fundamentalistas católicos.
*Periodista y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
