En el segundo conversatorio sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que se realizó este martes en el Senado, participaron 16 ponentes que se refirieron al acceso al espectro radioeléctrico y a la concentración de funciones por parte de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT).
Las y los participantes, entre empresarios, especialistas e integrantes de organizaciones ciudadanas, abordaron la problemática que enfrentan los pequeños operadores de telecomunicaciones, e hicieron propuestas para mejorar la iniciativa de ley.
El coordinador de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, se enfocó en la cobertura social y en la política satelital que plantea la nueva legislación.
Apuntó que, pese a que los grandes operadores de telecomunicaciones han desplegado redes públicas con alta tecnología, no todos los sectores tienen acceso a ellas por no ubicarse en “zonas rentables”. Por ello resaltó que “se deben buscar alternativas que incentiven el despliegue de redes”.
Pérez Hernández aclaró que la iniciativa no pretende excluir al sector privado, sino establecer condiciones para que “el espectro radioeléctrico se utilice de forma eficiente, inclusiva y alineado con los intereses públicos del país”.
En su intervención, Clara Luz Álvarez, investigadora del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y académica de la Universidad Panamericana, apuntó que la ATDT limita el acceso público a las telecomunicaciones al 10% de la población, y que ante la saturación de funciones es necesario un órgano autónomo.
Sobre la accesibilidad al espectro radioeléctrico, Álvarez resaltó la importancia de tener un sistema más incluyente para personas con discapacidad, ya que actualmente la mayoría de los medios de comunicación están muy limitados en ese aspecto.
Respecto a la necesidad de un órgano autónomo, la experta señaló: “Debemos de tener un órgano autónomo porque… las decisiones en una sola persona privan de la necesidad de un órgano colegiado con personas expertas con distintas áreas, que tengan un diálogo y decisiones entre pares, que eso nunca lo va a tener una decisión unipersonal”.
Por su parte, Jesús Miguel Sarmiento Montesinos, presidente de la Federación Mexicana de Radio Experimentadores, se refirió a la cobertura social y el acceso equitativo a las redes de telecomunicaciones.
El especialista explicó que su organización reconoce la necesidad de un marco regulatorio adecuado, al igual que “políticas públicas que garanticen el acceso equitativo al espectro radioeléctrico”, y que promuevan el “desarrollo social y tecnológico del país”.
La presidenta de la Cámara de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, Jimena Ferráez Ramos, propuso cinco puntos para combatir la discrecionalidad y garantizar la certeza jurídica en la materia.
“Primero, definir a los pequeños operadores en el artículo tercero (…); segundo, establecer en la ley un comité de pequeños operadores de telecomunicaciones que diseñe regulaciones específicas, elimine barreras burocráticas y garantice acceso a financiamiento y tecnología”.
“Tercero, garantizar nuestra inclusión en proyectos de conectividad social (…); cuarto, acceso equitativo al espectro radioeléctrico”. Y finalmente, “la necesidad de estratificación de concesiones comerciales”.
Asimismo, Ferráez remarcó que “es imperativo que el gobierno y los operadores de proximidad trabajemos en conjunto para lograr una conectividad verdaderamente significativa que transforme vidas, no que cumpla metas burocráticas”.
El presidente de Asuntos Regulatorios de AT&T, Antonio Díaz Hernández, expuso que “esta nueva ley es una oportunidad única para que las personas que habitan fuera de la zona de cobertura y, sobretodo, aquellas que no cuentan con los recursos necesarios puedan acceder a los servicios de telecomunicaciones”.
Dijo que AT&T está convencida de que para atender estos problemas se requiere de esfuerzos públicos y privados. Igualmente, criticó que “el otorgamiento de concesiones de bandas del espectro radioeléctrico para uso comercial mediante asignación directa, sin licitación ni el pago de una contraprestación, implica un tratamiento preferencial no justificado en favor de las entidades gubernamentales”.
Finalmente, Rolando Guevara Martínez, representante de la Asociación Mexicana de Pequeños Operadores de Telecomunicaciones, opinó que las consultas públicas deben reinstaurarse en esta iniciativa de ley, pues es fundamental para la regulación.
Camila Doroteo
