Balbina Flores Martínez
En un hecho sin precedentes, el pasado 10 de junio el periodista Jorge Luis González Valdez, de 71 años, fue notificado por la jueza de Primera Instancia del Ramo Civil del Distrito Judicial del estado de Campeche sobre el acuerdo en el que se le notifica una resolución en su contra por juicio ordinario civil promovido por Walther David Patrón Bacab, coordinador de Comunicación Social de la gobernadora Layda Sansores, en contra del periódico Tribuna y del ahora exdirector de este medio de comunicación.
La jueza Maribel del Carmen Beltrán Valladares dictó la ejecución de sentencia definitiva y ordenó a que en un término de 15 días cumpla con la sentencia del 17 de agosto de 2024, por la que deberá pagar dos millones de pesos a Patrón Bacab por el presunto delito de “daño moral”.
La jueza resolvió que de no cumplirse con la sentencia, se puede recurrir al apoyo policial o de alguna otra autoridad para obligar a González Valdez a que acate el fallo.
Por otra parte, el pasado 13 de junio, la jueza Cuarta Interna del Sistema Penal Acusatorio de Campeche, Guadalupe Beatriz Martínez Taboada, vinculó a proceso al exdirector de Tribuna y al administrador del medio por el presunto delito de “incitación al odio” en contra de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores.
En esa misma fecha, la jueza “suspendió actividades” de la cuenta personal de Facebook del periodista para evitar que siga haciendo publicaciones, así como la suspensión de la página de Tribuna en la misma red social, entre otras medidas cautelares.
Lo anterior, a pesar de que González Valdez, padre de dos hijos, dejó de ser director del periódico desde hace ocho años tras su jubilación, por lo que hoy se dedica a labores académicas y conduce el programa de radio Expediente.
Este es el costo que González Valdez ha tenido que pagar por ser uno de los periodistas más críticos de la gobernadora Sansores, que no entiende que cualquier funcionario está sujeto al escrutinio público, según los principios de libertad de expresión estipulados por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Es preocupante que una gobernadora de la 4T y sus funcionarios hagan uso del sistema judicial para perseguir a un periodista y un medio de comunicación; un acoso que el exdirector de Tribuna ha tenido que sortear prácticamente solo, con un costo económico alto, sumado al impacto psicológico invaluable para González Valdez y su familia. Esta demanda penal contra el periodista sienta un mal precedente para la libertad de expresión en México.
Es necesario y urgente que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Campeche, de manera imparcial, tome cartas en el asunto y que el “nuevo Poder Judicial”, resultado de la elección del pasado 1 de junio, pueda atender y revisar este tipo de casos que más parecieran una venganza política al estilo de los gobiernos caciquiles de otros tiempos.
