La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Lenia Batres Guadarrama advirtió sobre la presunta estrategia de una mayoría de integrantes de la SCJN, para favorecer al dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, a fin de que no pague un estimado de 63 mil millones de pesos (mdp) que adeuda al Sistema de Administración Tributaria (SAT).
En entrevista en el noticiario televisivo Punto de Referencia, del Sistema Público de Radiodifusión de Estado Mexicano (SPR), Batres explicó lo que desde su punto de vista serían los motivos por los que una mayoría de ministros en la Corte “tiene prisa” por aprobar proyectos de sentencia favorables para el empresario, antes de que se renueve la integración de la SCJN tras la próxima elección judicial del 1 de junio.
La ministra insistió en las presuntas irregularidades y violaciones a los procedimientos al interior de la Corte, al determinar esta semana que “está legalmente impedida” para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es el magnate Salinas Pliego, y que se refiere a las facultades de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, para requerir información bancaria del empresario sin la autorización de un juez.
“Las sentencias que se voten ahora (por eso es que me atrevo a pensar que puede ser una prisa), las que se voten ahorita serán consideradas cosa juzgada, es decir, ya tendrán un carácter de sentencia de última instancia, y por tanto no hay ningún recurso que pueda modificarlas”, alertó Lenia Batres.
“¿Cuál era la intención de declararme impedida? O retirarme del voto de los siguientes asuntos, que son los económicos, o generar algún tipo de afectación o beneficio de carácter electoral, en vísperas de que se pueda alterar el resultado del proceso electoral siguiente, justamente por la composición de la nueva Corte que va a determinar estos y temas similares pendientes por resolverse”, abundó la ministra, quien contenderá en la próxima elección judicial en busca de refrendar su cargo.

Batres Guadarrama recordó que desde septiembre de 2024 están pendientes en la Corte cuatro sentencias listas para ser votadas referentes a los adeudos millonarios de Salinas Pliego, quien -criticó- ha incurrido en tácticas dilatorias “que llamamos coloquialmente chicanas”, al interponer 47 recursos de reclamación para impedir que se voten estos proyectos de sentencia.
“Son proyectos públicos en los que se está determinando que sí hay un pago que realizar… pagos que deben hacerse, créditos fiscales, decimos genéricamente, que provienen de multas. De tres de estos cuatro juicios, el de ayer (el pasado miércoles) se refería a las facultades de la UIF para solicitar a los bancos información personal de este señor Ricardo Salinas Pliego, y los próximos son ya los adeudos”, detalló la ministra.
Batres precisó que hay un juicio pendiente por un adeudo de 64 mdp, en el que ella presentó el proyecto, y otros dos juicios más, uno por más de mil 400 mdp y otro por más de 19 mil mdp. “Tendrían que haberse resuelto desde septiembre (de 2024), (pero) tenemos esta táctica dilatoria”, criticó la ministra.
Sobre alguna acción legal contra la decisión de la Segunda Sala por haberle impedido votar en el caso del amparo solicitado por Salinas Pliego, Batres dijo que ya presentó una queja ante el Pleno de la Corte para que se revisen “todas estas violaciones que se están cometiendo… porque me parece demasiada impunidad”. No obstante, apuntó la ministra, el “Pleno se negó a resolver” la queja y la mandó a la propia Segunda Sala.
“Es mi obligación seguir informando para que cualquier tipo de resolución inconsistente, irregular o francamente ilegal, sea de conocimiento público, que tenga al menos esta sanción social, si no puede tenerla jurisdiccionalmente. (Es el) corolario de una era terrible, decadente, sería el colmo de colmos un tipo de resoluciones así, que la Corte termine exonerando este tipo de temas o dispensándolo”, concluyó la ministra.
Rafael Maya