Norma Irene de la Cruz
La función electoral es una de las tareas de mayor relevancia para el estado Mexicano, ya que a través de ella se logra la renovación pacífica y regulada de los cargos públicos. Esta tarea, desde hace más de tres décadas, fue encomendada a, una autoridad electoral administrativa autónoma, en aras de impulsar procesos electivos en un marco democrático.
Desde el régimen del partido hegemónico hasta el pluripartidismo de hoy, las instituciones electorales se han adaptado a las necesidades de una sociedad cada vez más informada y participativa. Los órganos electorales, nacionales y estatales, son depositarios de la vocación democrática de ciudadanía y las fuerzas, políticas, las cuales mediante consensos conformaron entes que se desempeñan como árbitros, fiscalizadores y organizadores de las contiendas electorales.
Primero, como Instituto Federal Electoral, y actualmente como Instituto Nacional Electoral, este órgano ha tenido la importante labor de impulsar los valores democráticos y reafirmar que las elecciones sean el medio ideal para elegir a representantes y autoridades. De tal forma que, en México, la democracia y sus principios han permeado en los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en su relación con el electorado.
Para este 2025, el INE enfrenta uno de los desafíos más importantes en la historia democrática: la organización de la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial Federal. Proceso inédito a nivel nacional que amplía los derechos políticos de las y los mexicanos al permitirles elegir mediante sufragio a las personas integrantes de los cuerpos judiciales. Este ejercicio representa un parteaguas en la vida democrática nacional y un reto de proporciones titánicas para el órgano electoral.
Si bien, el decreto de reforma constitucional delineó las directrices y espíritu de la elección, le corresponde al órgano electoral la importante tarea de traducir los mandatos constitucionales en procesos, acciones, criterios y materiales para la emisión del voto. Labor en la que el INE tiene como ejes los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.
En la preparación de estos comicios existen múltiples elementos novedosos que el Instituto ha resuelto mediante el uso de sus más altas capacidades. Asegurando que al igual que en los otros procesos electivos, las candidaturas tengan un piso parejo y la ciudadanía pueda elegir libre e informadamente. Este es el compromiso institucional que el órgano electoral ha abanderado desde su creación en 1990 y que en esta ocasión también se cumplirá a cabalidad.
Por ejemplo, en la reforma se establece que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial se elegirían a nivel nacional; las salas regionales del TEPJF en las cinco regiones que le corresponden; mientras que las magistraturas de circuito y juzgados de distrito por circuito judicial. Disponiendo así las áreas geográficas en que debería de realizarse cada elección, aunque sin precisar los elementos para su operabilidad.
En consecuencia, el Instituto realizó un importante esfuerzo técnico para, en apego al principio de certeza, configurar un marco geográfico que concilió la división territorial electoral existente con la ordenado por la reforma y las jurisdicciones de cada órgano judicial. De esta forma, se aseguró que, acorde a las realidades de cada circunscripción judicial, se proteja la igualdad del voto y el equilibrio poblacional.
El decreto también dispuso en su segundo transitorio que las boletas contuvieran información como los nombres enumerados de las personas candidatas distribuidas por orden alfabético, la especialización y la autoridad postulante. Precisando además que las papeletas debían de garantizar que el electorado pudiera elegir los cargos acordes con la paridad de género prevista.
Con ello en mente, se diseñaron seis modelos de boletas que permitirán presentar a la ciudadanía las múltiples candidaturas existentes con la información solicitada, así como emitir su voto de la manera más fácil y didáctica posible. En esta labor, el Instituto explotó su capacidad de síntesis y diseño para presentar materiales fáciles de manejar y comprender. Garantizando, además, que tendrán las condiciones de seguridad que permitirán una emisión legítima del sufragio.
Se prevé que el Instituto, a través de Talleres Gráficos de México, producirá cerca de 600 millones de boletas, lo que implica la impresión diaria de 8 millones. Cifra que sobrepasa por casi el doble las más de 312 millones de boletas de 2024 destinadas a las elecciones de presidente, senadores y diputados Federales. Para lograr este cometido, el Instituto elaboró una calendarización estratégica que le permitirá tener en tiempo y forma los materiales.
La reforma también otorgó al INE responsabilidades específicas respecto de su papel en las actividades posteriores a la jornada electoral. Particularmente, destaca la correspondiente a la asignación de los cargos votados, alternando entre mujeres y hombres. Es decir, el Instituto se convertirá una vez más en garante del cumplimiento de la paridad de género, en esta ocasión, en la integración del Poder Judicial.
A fin de cumplir este deber, el Consejo General aprobó los criterios para garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este documento de normativa interna, cuya finalidad es dar certeza y legalidad a las decisiones del órgano electoral, se desmenuza el actuar que se tendrá en los varios supuestos.
Así mismo, el Instituto ha atendido aquellos aspectos que, aunque no están previstos de manera explícita en la reforma, resultan indispensables en la organización de los comicios. En este supuesto se encuentra la definición del modelo de casilla y la traza del flujo para emitir el sufragio, los cuales debieron planearse acorde a los cargos a elegir y los recursos por disponer. La definición de ambos es de vital importancia para, por ejemplo, reducir el tiempo destinado a votar ante el incremento en las boletas a llenar.
Con este objetivo en mente, la autoridad electoral aprobó la casilla seccional la cual contendrá, una sola urna en la que se depositarán las seis papeletas, de forma que la ciudadanía no tendrá que clasificar sus votos, disminuyendo el tiempo para sufragar y posibles confusiones. Los simulacros realizados han mostrado que el lapso destinado a votar es lo más similar posible al de los procesos electivos anteriores (7 minutos para una elección local vs 9:30 minutos en la del Poder Judicial).
También es relevante mencionar la labor de promoción del voto que se realizará en estos comicios. Esta elección implica una misión más compleja a la de otros procesos, ya que el INE tiene el compromiso de hacer del conocimiento público las funciones de los cargos por votar y su impacto en la vida diaria, además, de prever los espacios para que las candidaturas puedan exponer sus perfiles y planteamientos.
Con este fin, se aprobó el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En el cual se detallan las acciones informativas que buscarán motivar la asistencia a las casillas y la emisión de un voto informado, destacando la continuación de herramientas como Candidatas y Candidatos, Conóceles, cuya efectividad fue demostrada en el proceso de 2024.
También se pondrá en marcha la campaña Conoce, Practica y Ubica (CPU) mediante la cual se dispondrá de un micrositio en el que el electorado podrá ingresar al sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles; practicar su voto en un simulador, y ubicar la dirección de su casilla seccional.
Estos son tan sólo algunos de los retos que ha enfrentado el Instituto, y de los cuales vendrán más, en el cumplimiento del compromiso ineludible que tiene de hacer realidad lo estipulado por la Constitución respecto de la integración del Poder Judicial.
El ejercicio de la función electoral ha pasado por un largo proceso de ciudadanización y profesionalización, cuyo único, objetivo ha sido la organización imparcial de los procesos electorales. Este ha sido uno de los grandes logros del sistema electoral mexicano, el cual se materializa en el Instituto Nacional Electoral.
En todos y cada uno de los procesos electivos, desde los realizados para integrar los poderes de la Unión hasta los de democracia participativa, el órgano electoral ha actuado y continuará haciéndolo en estricto apego a la normativa.
La puesta en marcha de lo estipulado en la reforma al Poder Judicial es una oportunidad histórica para que el INE refrende la confianza de la ciudadanía y su capacidad para hacer realidad los valores democráticos. En ello está puesta la atención y esfuerzo de quienes integramos el Instituto.
*Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral
