Manuel Tejeda Reyes*
Escribo este texto después de conocer cuál fue el resultado final del plan B de reforma electoral que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum ante el Congreso de la Unión, luego de que fracasó su primer intento de reforma constitucional en esa materia, tal y como se había anticipado.
La nueva propuesta de reforma electoral fue más cosmética y de carácter administrativo y no político. Bajo la premisa de que era necesario terminar con los privilegios, Sheinbaum optó por recortar los recursos que manejan los congresos locales y pretendió, sin éxito, adelantar la consulta sobre lo que se mal entiende como “revocación de mandato”, para así estar en la boleta electoral en los comicios del año 2027.
A la luz de los resultados, quedó en evidencia que la Presidenta hizo mal sus cálculos y perdió de fea forma ante el rechazo de sus propios aliados a su primera iniciativa de reforma. Sheinbaum construyó ese proyecto siguiendo un camino errado. Desde el principio equivocó la vía al nombrar una comisión gubernamental de incondicionales, encabezada por Pablo Gómez, un político diestro en el debate legislativo, pero no muy apto para construir acuerdos.
No conformes con eso, la reforma electoral se elaboró por completo desde el mirador del oficialismo. En Palacio Nacional no consideraron pertinente escuchar otras voces que no fueran las de los suyos; actuaron bajo la lógica del “no hay más ruta que la nuestra” y dejaron afuera hasta a los aliados legislativos de Morena, a quienes ni siquiera incorporaron para que participaran en la elaboración de los tópicos que más los implicaban; de forma que esperar que escucharan a los opositores era mucho pedir. Lo cierto es que así no se cambian las reglas del juego de la lucha de acceso al poder y creo que por eso la estrategia presidencial fue fallida, aunado a que se perdió una oportunidad para discutir con amplitud y generosidad las posibles mejoras al sistema electoral. Actuando así, el resultado no podía ser otro.
Por esas fallas se generaron nuevas expectativas frente al llamado Plan B de reforma electoral, pero lo que se propuso fue insuficiente; a mi parecer cosmético. A pesar de los acuerdos públicos relativos a que esta vez Morena y sus aliados irían juntos, los legisladores y dirigentes del Partido del Trabajo (PT) pronto empezaron a deslindarse. La información que se conoció previamente al desenlace en el Senado fue que el martes 24 de marzo la iniciativa logró superar el primer escollo en la ruta para alcanzar la aprobación, dado que la misma fue discutida y aprobada en las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos de la Cámara alta.
Pero las cosas no fueron fáciles para que el proyecto de reforma avanzara, porque para que se concretara la sesión de las comisiones y tuviera lugar el debate hubo una alta dosis de incertidumbre previa, por las horas de retraso para que iniciara la sesión; así como los supuestos arreglos de carácter “técnico”, que pretendieron esconder, sin conseguirlo, las espinosas negociaciones entre los emisarios del gobierno y los integrantes de la banca de senadores del PT, quienes se manifestaron renuentes a aprobar el proyecto de la Presidenta.
Tratando de dar espacio para seguir negociando, los senadores de Morena que comandaron los intentos para alcanzar acuerdos con sus socios legislativos, lograron encauzar el dictamen dentro de las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos, contando para ello con el invaluable apoyo del Partido Verde (PVEM), frente a la notoria ausencia de los legisladores del PT- quienes no obstante toda la polvareda que generaron sus desencuentros con el gobierno en materia de reforma electoral, al parecer todavía son sus aliados políticos-, pero que en esta ocasión mostraron absoluta firmeza, por segunda vez consecutiva, en sus objeciones a los intentos del oficialismo por alcanzar la reforma electoral.
Ahora, el punto de inflexión se localizó en la pretensión de la Presidenta, respaldada por Morena y el PVEM, de empalmar lo que en el gobierno dicen que es una “revocación de mandato”, pero que en realidad constituye una innecesaria ratificación de este, con las elecciones legislativas a celebrarse en junio de 2027, además de abrir la puerta para que la Presidenta de la República hiciera campaña. Esos fueron los puntos de la discordia y resultó que los petistas se mantuvieron firmes en su negativa y no se quebraron. Quizá por esa razón es que los aparentes progresos en el trámite legislativo fueron en realidad una ilusión que entrañaba además un misterio: ¿El gobierno podría obtener los votos necesarios en el pleno del Senado para aprobar su iniciativa de reforma? Al final no los consiguieron.
La Presidenta Sheinbaum dejó entrever el miércoles 25 de marzo, durante el desarrollo de su conferencia de prensa matutina, que cabía la posibilidad de que se diera una salida que le lavaría la cara a su intento de aprobación legislativa y serviría también para tratar de redimir su denominado “Plan B” ante el pleno del Senado, dando lugar a una votación parcial. Es decir, que se aprobara una parte de lo que propuso y que lo que incomodó a sus socios legislativos quedara para otro momento, o lo que es lo mismo, que ya no fuera aprobado. “No es ceder. Se puede votar una parte y otra no, así es el Senado o cualquier Congreso si así se propone”, espetó Sheinbaum en su conferencia matutina.
La Presidenta señaló que el punto toral de su propuesta de reforma está en lo que identificó como “La reducción de privilegios”, que ella asevera se ilustra con el establecimiento de límites de gasto para los congresos locales y en la reducción de regidurías en los municipios del país, pero más allá de eso, que puede ser positivo, lo que a mí me llamó la atención fue su intento de no salir tan raspada de este lance legislativo, al declarar que era viable que su propuesta de reforma se aprobara dejando para mejor ocasión el cambio de fecha para que se convocara a las urnas al proceso que desde la tribuna oficial llaman “revocación de mandato”, pero que en los hechos no lo es.
Ahí se dio la aceptación de la derrota, la segunda consecutiva, infringida a su proyecto político-electoral. En la previa la mandataria trató de refutar, con muy malos argumentos, que impulsar el cambio de fecha para la puesta en marcha de este instrumento que teóricamente fue concebido como de participación ciudadana, a efecto de que tuviera lugar durante las elecciones de 2027 y no en el año 2028, como normativamente está previsto, escondía en la realidad propósitos electorales y, para tratar de reforzar su punto de vista, acusó a la oposición de objetar la iniciativa sin contar con alguna solidez argumentativa, al mismo tiempo que aseveró que quizá sus aliados, es decir el PT, lo que en realidad trataba de esconder era el posible impacto negativo en su votación.
Desde mi perspectiva, lo que realmente estuvo haciendo la Presidenta Sheinbaum con esas declaraciones, fue tratar de gestionar un eventual control de daños frente a la previsible ruina de su propuesta de reforma al artículo 35 de la Constitución, que al adelantar la teórica revocación de mandato de 2028 a 2027, le habría permitido volver a estar en campaña el año que viene.
En este sentido, el camino que transitó el nuevo proyecto de reforma electoral de la titular del Ejecutivo fue por demás agreste, dado que, primero, la discusión ante las comisiones unidas logró concretarse luego de las negociaciones que sostuvieron los dirigentes y los coordinadores parlamentarios de los tres partidos integrantes de la coalición gobernante, (Morena, PT y PVEM) con la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Se supo por los medios de comunicación que las reuniones se efectuaron la noche del lunes 23 y la mañana del martes 24 de marzo.
Pero lo cierto es que, luego de esas discusiones que en privado sostuvieron los miembros del equipo oficialista, no se pudo convencer al presidente nacional y también coordinador de los senadores del PT, Alberto Anaya, de sumarse y darle el “Sí” a la reforma electoral propuesta por Sheinbaum, no obstante, el compromiso público que los líderes de los partidos afines al gobierno refrendaron con la mandataria.
Viendo los debates, recordé los tiempos en los que la oposición en el Senado, formada únicamente por Porfirio Muñoz Ledo, Ifigenia Martínez, Roberto Robles Garnica y Cristobal Arias Solis, arrasaba en los debates y perdía en las votaciones. Ante la ausencia de los dos miembros del PT que son integrantes en las comisiones de dictaminación (los senadores Lizeth Sánchez y Alejandro González Yáñez), los miembros de Morena y del PVEM parecían desamparados frente a la acometida de los senadores de la oposición. Los miembros del PAN, PRI y MC objetaron radicalmente la propuesta de reforma de Sheinbaum y anunciaron que su voto sería en contra.
El coordinador de los senadores del PAN, Ricardo Anaya, manifestó: “Esta es probablemente la iniciativa más pobre, chafa, precaria y mal hecha que ha mandado la Presidencia. Un reconocimiento a los presidentes de comisión que corrigieron la basura de iniciativa que los torpes asesores de la presidenta le pasaron a firma”. Dicho eso, reconoció la tenacidad del PT para finalmente adelantar que el voto de su bancada sería en contra de la iniciativa presidencial.
La postura de los integrantes de las comisiones unidas que pertenecen al PRI no varió el tono. Carolina Viggiano, a nombre de la bancada priista, aseveró: “A ustedes no les importan las regidurías, lo que quieren es la revocación de mandato para que la Presidenta haga campaña con recursos públicos, para que se meta a la elección. No sean hipócritas, no están buscando democratizar al país, quieren un partido único”.
La gente de Movimiento Ciudadano se manifestó en el mismo sentido. Luis Donaldo Colosio Riojas dijo: “La narrativa de los privilegios es solo un pretexto para meter a la mala una revocación de mandato traducida en ratificación de popularidad”. Y tiene razón, porque no se puede soslayar que el fondo de esta trama fue solo uno: la posibilidad de que, con motivo del mal llamado procedimiento de revocación de mandato, la presidenta Sheinbaum estuviera en la campaña y en la boleta electoral en el 2027.
En Morena intentaron responder. Mandaron a la carga a la senadora Cynthia López Castro, que hace un año todavía militaba en el PRI, quien dijo: “Se busca que a los tres años la gente decida si continúa o no el Gobierno. Si hay tanta aversión a la Presidenta, como dicen, no entiendo por qué se oponen”.
Que prevaleciera el dictamen en las comisiones no fue una tarea compleja. El oficialismo tiene ahí una holgada mayoría así que, a pesar de la ausencia de los dos petistas integrantes de las comisiones unidas, Morena y el Verde conformaron un bloque imbatible, que con 24 votos a favor y 11 opositores que votaron en contra del dictamen, sacaron adelante ese paso del proceso legislativo. Pero el verdadero desafío no estaba ahí, sino en el pleno, donde se tendría que dar la discusión y votación definitivas.
Como ocurre cuando se pretende la aprobación de cualquier reforma constitucional, el Plan B requería de mayoría calificada de dos terceras partes de los miembros presentes en la sesión del Senado. Es decir, si acudían la totalidad de los legisladores se necesitaba del respaldo de 86 de ellos para aprobar el proyecto. Morena cuenta con 67 escaños, por lo que le faltaban 19 votos. Sus aliados tienen 20; el Verde 14 y el PT 6, con lo que, si todos se sumaban, lograrían 87 votos en favor de la reforma. Sin embargo, los seis votos del PT no estaban garantizados y bastaba con que dos senadores de la 4T no respaldaran el proyecto, para que la reforma se fuera al precipicio legislativo, como ocurrió el 11 de marzo con la iniciativa original de la presidenta en la Cámara de Diputados.
Ignacio Mier, coordinador de Morena en el Senado y presidente de la Junta de Coordinación Política de esa misma Cámara, intentó mantener el ánimo en las filas del oficialismo, al publicar en sus redes sociales una fotografía de una reunión que sostuvo con senadores y dirigentes de los partidos integrantes de la coalición gobernante, con el siguiente mensaje: “La coalición Morena, Verde y PT seguirá unida y haciendo historia”. Y al final la historia fue la que ya había anunciado la presidenta, porque no pasó la reforma que ella propuso para adelantar la fecha de celebración de lo que mal llaman “revocación de mandato.”
Soy de quienes piensan que hay que tener un mejor sistema de representación proporcional que traduzca la equivalencia del porcentaje de votos con el de escaños, sin las trampas heredadas de la época del priismo sobre la sobrerrepresentación.
Creo que también sería bueno hacer obligatorios los debates sobre temas concretos durante las campañas, para terminar con las canciones y los mensajes limitados y hasta absurdos que escuchamos en la radio y vemos en la televisión. Habría que castigar la simulación de empezar las campañas de manera anticipada, sin respetar los tiempos que prevé la legislación, como ocurrió en las elecciones de 2024 y seguramente pasará en las de 2027.
No pasó la simulación de adelantar la llamada “revocación de mandato”, que en realidad era una ratificación no prevista en la norma, y eso es, desde mi perspectiva, una buena noticia, pero también me parece que resulta absolutamente insuficiente, porque para empezar a hacer realidad el discurso oficial de terminar con los privilegios se necesita ponerles fin a las simulaciones, eliminar la sobrerrepresentación, sancionar ejemplarmente a quien inicie anticipadamente una campaña electoral y/o reciba financiamiento ilegal. De lo contrario todo seguirá más o menos igual.
*Abogado y analista político.
