La Comisión de Atención a Víctimas y su negligencia
Justicia, Principales

La Comisión de Atención a Víctimas y su negligencia

Marta Durán Huerta

Doña Lupita Fernández era un ama de casa común y corriente hasta que su hijo Antonio Robledo Fernández, fue víctima de desaparición forzada en Coahuila. El joven ingeniero había sido contratado para trabajar en un proyecto en ICA Flor, en Coahuila. Doña Lupita y su esposo Antonio Robledo emprendieron una búsqueda que lleva más de 15 años.

Toño, como llaman cariñosamente a su hijo, se dio cuenta de que ICA Flor estaba lavando dinero de los “Zetas” y eso, le costó la desaparición el 25 de enero del 2009. De inmediato sus papás viajaron a Coahuila para buscar a su hijo y levantar una denuncia por secuestro, ya que en esa época no existía la figura de desaparición forzada.

Apenas llegaron en enero a Coahuila, levantaron el acta correspondiente ante el Ministerio Público. A la una de la tarde, el jefe de seguridad de ICA Flor fue al hotel donde se hospedaban los papás de Toño, para decirles que la empresa no tenía nada que ver con la desaparición de su hijo. Esa misma noche, el jefe de seguridad de ICA Flor, regresó al hotel, pero acompañado de cinco hombres mal encarados que se presentaron como miembros de la última letra.

-¿Qué letra? Preguntó doña Lupita sin entender lo que le decían.

-“La última letra del alfabeto, la zeta. Nosotros somos “Zetas” y sabemos que ya levantó la denuncia. Nosotros mandamos en Coahuila; policías, ministerios, públicos y hasta el gobernador están a nuestras órdenes, así que aquí no tienen nada que hacer”.

El matrimonio aún en shock empacó lo que pudo y regresó inmediatamente a la Ciudad de México. Aquellos “Zetas”, sin saberlo, le marcaron a los papás de Toño el camino a seguir: las instancias federales.

Aún así, los papás de Toño regresaron a Coahuila para buscar a su hijo. Recorrieron hospitales, cárceles, psiquiátricos. Se gastaron todo lo que tenían, además, Toño era su sostén económico.

Doña Lupita y don Antonio conocieron a los familiares de decenas de personas que también buscaban a sus hijos. El obispo Raúl Vera los apoyó, pero primero tuvieron que demostrar que los desaparecidos “no andaban en malos pasos”. Fue muy significativo para las familias descubrir que la mitad de los desaparecidos en Coahuila estaban ahí de paso o trabajando, como Toño. Los que estaban solos, sin sus familias, eran presas fáciles. Las familias tuvieron que hacer el trabajo de investigación que las autoridades de todos los niveles, se rehusaron a realizar. Así nació la primera organización de búsqueda de los desaparecidos.

Doña Lupita y su esposo tocaron todas las puertas posibles. Tuvieron suerte al encontrar funcionarios honestos que les dijeron qué hacer y qué no hacer. Con quién hablar y con quién no. Después de 15 años de investigación y búsqueda, todo su esfuerzo logró que seis miembros de los “Zetas” fueran llevados ante la justicia. Tres de ellos ya tienen sentencia condenatoria.

-“Nosotros no sabíamos a qué nos enfrentábamos, no sabíamos quiénes eran los “Zetas” ni cuales eran sus crímenes y nos quedamos estupefactos cuando nos enteramos que uno de los encarcelados, “El Plátano”, era el principal lavador de dinero de los hermanos Treviño, el “Zeta 40” y el “Zeta 42”, nos narra la valiente mamá y con mucha amargura señala que han pasado 15 años y no hay rastro de Toño.

En 2024 tocaron a la puerta de doña Lupita para preguntar si su esposo ya había aparecido.

-“¡Por poco y me da un infarto del coraje! La base de datos de los desaparecidos está alterada y estos errores intencionados fue para que las víctimas fueran menos. Rasuraron la lista con fines electorales. En la lista oficial confunden a las víctimas de desaparición con sus familiares”, asegura.

La Comisión de Atención a Víctimas

Doña Lupita y su esposo gastaron todo lo que tenían en la búsqueda de su hijo y de justicia. Hicieron el trabajo que le correspondía a las autoridades. Su salud ha ido en declive. Doña Lupita sufrió un infarto y ambos requieren de tratamiento médico y psicológico que desde la pandemia tienen que pagar de su bolsa. Ellos tienen derecho a una compensación económica por parte de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) pero, a pesar de cumplir con todos los requisitos y haber entregado la documentación requerida en tiempo y forma, “un error” de la CEAV ha retrasado por más de 5 años el pago compensatorio al que tienen derecho.

-“Parece que hay víctimas de primera y de segunda para la CEAV pues sabemos de personas que no merecen esa compensación y se las han dado. Nosotros necesitamos esa compensación subsidiaria. Durante 15 años de búsqueda incluso tuvimos que pagar boletos de avión, el hospedaje y la comida de los policías que nos asignaron como escoltas para los recorridos de búsqueda, y esos gastos le correspondían a las autoridades, no a nosotros. Hicimos todo lo que pudimos para encontrar a nuestro hijo. Nosotros cumplimos con todos los requisitos para recibir la compensación de la CEAV”, denunció la valiente mamá buscadora.

Periodista y Doctora en Sociología

9 de septiembre de 2024