Gabriel García Hernández
Hay un sentimiento agridulce respecto al caso de Julian Assange, después de 14 años ha sido liberado, viviendo primero siete años como refugiado en la embajada de Ecuador en Londres y poco más de cinco recluido en un penal de alta seguridad en Reino Unido. Se siente como un triunfo de la libertad de expresión y de prensa, pero a la vez de injusticia por el acuerdo al que se tuvo que someter este activista para estar en posibilidad de regresar al lado de su familia en Australia.
El tema no me es ajeno, pues hace casi dos años, tuve la oportunidad de acudir a un encuentro con John y Gabriel Shipton, padre y hermano de Julian Assange, gracias a la invitación de mis compañeros legisladores: la senadora Citlalli Hernández y el senador Héctor Vasconcelos. Durante el encuentro, se resaltó la importancia de levantar la voz a favor de la liberación del activista australiano, destacando lo valioso de su papel en materia del derecho a la información y de los derechos humanos.
Con valentía, John y Gabriel Shipton hablaron públicamente en la Casa del Federalismo sobre los atropellos que se cometieron en contra de Julian Assange y de cómo las naciones más poderosas del mundo se articulan para que las atrocidades cometidas en pueblos invadidos, no vean la luz. De ahí la relevancia de que existan personajes como Assange, quien contra viento y marea exhibió la cobardía, hipocresía y la violencia con la que actúan algunos gobiernos.
A nivel internacional, México ha dado un enorme ejemplo de congruencia libertaria, siendo el Presidente Andrés Manuel López Obrador el primer mandatario en pronunciarse a favor del creador de WikiLeaks, mismo que no paró de insistir en que este caso representaba un pasaje muy oscuro en la historia de Estados Unidos, refiriendo incluso en que debían retirar la famosa Estatua de la Libertad (obsequio francés que fue entregado al vecino país con motivo de la celebración del centenario de su Declaración de Independencia), al considerar que se actuaba contrario a la normativa internacional en materia de derechos humanos y sobre todo de los valores más profundos de toda clase de libertad.
Aunque la liberación de Julian Assange nos hace pensar que “el mundo es un poco menos injusto” tal como manifestó el Ex Presidente de Ecuador, Rafael Correa, mandatario que otorgó protección a Assange en 2012, no dejamos de cuestionarnos si el apegarse al ofrecimiento del gobierno estadounidense significa una vulneración al derecho a la información y la libertad de expresión, contraviniendo así a los principios de la libertad de prensa e inhibiendo cualquier intento periodístico por llegar a la verdad.
Para lograr su completa libertad, Julian Assange deberá aceptar un crimen que no cometió, es decir, tendrá que asumir su culpabilidad de un cargo penal de conspiración por obtener y divulgar documentos clasificados de defensa nacional de Estados Unidos y con ello pasará a segundo plano la relevancia del trabajo de este informático autodidacta que desde muy temprana edad descubrió su propósito: publicar información veraz.
Para el vecino país, las declaraciones de culpabilidad son intercambiadas al más puro estilo de coacción; señala Human Rights Watch a través de su informe “An Offer You Can’t Refuse. How US Federal Prosecutors Force Drug Defendants to Plead Guilty”[1]. Resultan los “Plea Bargaining” (acuerdos de culpabilidad), una herramienta altamente efectiva para resolver casos de manera pronta y expedita, sin embargo, han sido condenados por contener un trasfondo violatorio de la presunción de inocencia, ya que se imputan delitos con severas sentencias obligatorias a cambio de una declaración de culpabilidad.
Es decir se les presenta una oferta a los imputados que difícilmente pueden rechazar toda vez que de sostener su inocencia y de pretender un juicio justo, las condenas van desde los 10 años hasta ser sentenciados a cadena perpetua sin libertad condicional.
En este sentido, y pese a tal declaración de culpabilidad, no podemos restarle importancia a la labor informativa de Julian Assange, específicamente para el caso de México, los documentos expuestos por WikiLeaks revelaron diversos asuntos de intervencionismo y corrupción al interior del gobierno mexicano. Por ejemplo, se confirmó la existencia de la relación del entonces presidente Enrique Peña Nieto con las grandes empresas televisivas, mismas que dotaron todo un cerco mediático para impulsar su imagen como gobernador del Estado de México, lo que sería utilizado como plataforma mediática en sus aspiraciones como Titular del Ejecutivo para 2012.
Otro asunto relevante de dichas filtraciones fue cuando se dio a conocer el material de diversas reuniones sostenidas por personajes como Denise Dresser y Arturo Sanchez Gutiérrez, entonces consejero del Instituto Federal Electoral, con funcionarios de la embajada de Estados Unidos, quienes manifestaron sus personales puntos de vista respecto a los candidatos que se disputaban la Presidencia de la República en 2006: Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, quien finalmente usurpó la presidencia gracias a un fraude perpetrado desde la más alta cúpula del poder en nuestro país.
Por todas las razones expuestas, la declaración de libertad hacia Julian Assange nos sabe mitad dulce, mitad amarga; como se ha sostenido por diversos personajes alrededor del mundo, fue un evento que jamás debió suceder. Hoy la libertad de prensa y el derecho a la información están un poco menos amagados, pero temerosos de revelar verdades incómodas para los poderosos.
Senador por el partido Morena
