Luego de seis horas de audiencia, un juez determinó vincular al reportero de nota roja Rafael León Segovia por “encubrimiento por favorecimiento y contra las instituciones de seguridad pública”, pero desechó el cargo de terrorismo.
La decisión del juez ocurrió, luego de que la Fiscalía General del Estado de Veracruz no pudo acreditar la acusación de terrorismo que hizo contra de León Segovia, conocido como “Lafita León”, quien fue detenido el 24 de diciembre, acusado de ese delito.
El juez resolvió que el comunicador, se mantenga bajo la medida cautelar de resguardo domiciliario durante un año, mientras la fiscalía estatal realiza las diligencias necesarias para complementar su investigación.
La eliminación del cargo de terrorismo, satisfizo a León Segovia. Aunque acusó que la Fiscalía Regional de Coatzacoalcos “lo persigue por las publicaciones y notas que publica sobre lo que ocurre en la zona sur del estado”. Según el periodista durante su detención sufrió agresiones y violaciones a sus derechos humanos.
“Estoy contento porque fue conforme a la ley (la audiencia), aquí la fiscalía es la que me odia, me detesta por las cosas que he publicado, (…) me querían destrozar desde el primer momento del 24 de diciembre”, afirmó.
La Fiscal del estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, informó que las investigaciones en el caso del periodista continúan, pero solamente por los dos delitos que fueron acreditados para la vinculación.
De acuerdo con la funcionaria, la dependencia que preside “en todo momento procede con apego irrestricto a la ley y con respeto a la libertad de expresión, además de que el proceso legal se ha desarrollado de manera debida para todos los involucrados.
Detalló que el proceso continuará “en contra del ahora imputado (…), esta institución actúa con estricto respeto a la libertad de expresión y al ejercicio periodístico, garantizando en todo momento el debido proceso a las personas involucradas”, comentó.
El 24 de diciembre, Rafael León fue detenido y acusado de aquellos delitos, relacionados con información que llega a su teléfono celular, luego de cometerse un delito.
Desde su aprehensión diversas organizaciones en defensa de la libertad de expresión, nacionales e internacionales, expresaron su preocupación e hicieron un llamado a las autoridades para garantizar el debido proceso.
