En el marco de la Jornada nacional de lucha por Justicia, Verdad y Libertad, el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) desarrolla actividades políticas de denuncia y movilización en exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos y libertad incondicional de nuestros compañeros presos políticos en el gobierno de la “cuarta transformación”.
Las víctimas de los crímenes de Estado y lesa humanidad nos enfrentamos a la impunidad que prevalece sobre los autores intelectuales y materiales de la práctica de la desaparición forzada y otras graves violaciones a los derechos humanos. Las instancias encargadas de garantizar la justicia en el país están empeñadas en responder con la dilación para perpetuar la impunidad cuando la responsabilidad de un crimen, en cadena de mando, conduce a la cúpula policíaco militar encargada de planificar la represión contra el pueblo.
El caso de los revolucionarios, Gabriel Alberto Cruz Sánchez y Edmundo Reyes Amaya, reivindicados por el Partido Democrático Popular Revolucionario-Ejército Popular Revolucionario (PDPR-EPR), a la fecha es un caso paradigmático ampliamente documentado, derivado de ello, se emitieron recomendaciones como el de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) 007/2009, la Resolución Jurídica 29/2014 emitida por el Noveno Tribunal Colegiado de la Federación, que marcan la responsabilidad del Estado mexicano en la planeación, ejecución y consumación de un crimen imprescriptible.
El discurso gubernamental de justicia y no a la impunidad contraviene la respuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al archivar el caso de los luchadores sociales Gabriel Alberto y Edmundo con la suspensión indefinida del juicio de amparo 51/2020 remitido por el Segundo Tribunal Colegiado de la Federación.
Si la máxima instancia de procuración de justicia en el país asume la actitud política de cerrar filas en favor de los perpetradores de crímenes de lesa humanidad, significa extender el manto de impunidad sobre los criminales de Estado, en este caso los responsables intelectuales y materiales tienen nombre y apellido son: los representantes del Ejecutivo estatal y Federal de ese tiempo, los titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Marina (SEMAR) en el 2007 y las distintas corporaciones policíacas que participaron en el cometido de ese execrable crimen.
No hay crímenes de lesa humanidad que exenten de responsabilidad al gobierno actual, la omisión, la dilación e indolencia es el muro de la injusticia que se extiende como política en el gobierno actual. Las víctimas y la organización popular exigen verdad y justicia por los crímenes de lesa humanidad perpetrados por el Estado mexicano a través de los cuerpos policíaco-militares.
La justicia no debe ser postergada para tiempos mejores, debe traducirse en hechos concretos, en la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, en el conocimiento del paradero de la víctima, en conocer ante la opinión pública las motivaciones políticas del cometido, en el juicio y castigo a los autores materiales e intelectuales y en las garantías de no repetición.
La realidad es adversa en particular para la organización popular independiente, hacia quienes se les dirige la represión de forma selectiva con el cometido de asesinatos políticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura, prisión por motivos políticos y persecución política.
Nuestros compañeros presos por motivos políticos Javier Gonzáles Díaz, Armando Hernández Sánchez, Venturino Torres Escobar, Asunción Gómez Sánchez, Leobardo Reyes Meza e Higinio Bustos Navarro, en Chiapas, Michoacán y Veracruz, son evidencia de la represión de que somos víctimas en el gobierno de la “cuarta transformación”. Mantener en la prisión a cada uno de ellos bajo argumentos jurídicos falaces, es por demás injusto y arbitrario, el gobierno pretende someter la voluntad de lucha y organización de hombres y mujeres luchadores por el socialismo.
Los actos de represión en Chiapas, Michoacán y Veracruz contra los que integramos el FNLS no se diluye con la negación y el silencio cómplice del gobierno federal, refuerza la sentencia de la existencia de un gobierno antipopular que en el discurso sostiene ser un gobierno del pueblo, pero en los hechos afila sus instrumentos represivos e instituciones para asestar golpes políticos y jurídicos contra quienes ejercemos crítica política al actual régimen y al conjunto del movimiento popular independiente.
El caso del Estado de Puebla, actualmente bajo el gobierno morenista de Luis Miguel Barbosa Huerta a dos años de gobierno y a cerca de la conclusión de la LX legislatura, la desaparición de personas sigue siendo una realidad lacerante.
El pasado viernes 20 de agosto se ha aprobado en lo general el dictamen para la expedición de la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, con rumbo a la futura emisión de una Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda, que armonicen con el marco jurídico federal y con el cumplimiento en las leyes y tratados internacionales, pero no se considera la participación de las iniciativas de las familias de las víctimas, organizaciones y colectivos de derechos humanos.
La desaparición de personas en Puebla mantiene la lógica de las desapariciones en todo el país, se trata de un crimen de lesa humanidad en el que usualmente se puede considerar que se trata de desapariciones forzadas debido a la acción directa, aquiescencia y omisión de agentes de Estado. Mientras que la investigación del fenómeno de desapariciones y desaparición forzada de personas por parte de organizaciones y personas independientes se encuentra obstaculizada intencionalmente en la plataforma del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No localizadas (RNPDNO), única fuente de información en la materia, la cual presenta múltiples filtros que impiden el manejo masivo de la información.
Respecto a las cifras presentadas por el Registro, es necesario precisar que todas se encuentran bajo la ambigüedad provocada porque en general en el país, menos del 15% de casos de delitos y crímenes generan una carpeta de investigación, situación que se complica aún más cuando las familias tienen conocimiento de la participación directa de agentes de Estado en las desapariciones de las víctimas.
Entre las cifras emitidas por el Registro, se cuenta que del 15 de marzo de 1964 al 22 de agosto de 2021 hubo 9 mil 404 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas, 54% mujeres y 46% hombres, de las cuales 2 mil 504 siguen sin ser localizadas (27%), 6 mil 525 se localizaron con vida (67% del total) y 375 sin vida (4%). No se reconoce una sola desaparición forzada de personas, el estado ocupa el octavo lugar en desaparición de personas con el 4.21% de todos los desaparecidos de México.
En la actual administración del ejecutivo estatal, se contempla a 665 personas desaparecidas, no localizadas y localizadas (182 desaparecidas y no localizadas, 483 localizadas, de las cuales 43 fueron localizadas sin vida), correspondientes al 7% del total de los desaparecidos y no localizados que se tienen contados desde 1964.
Con relación a la Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla, específicamente en torno a creación del Sistema Estatal de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla enunciada el viernes 20 pasado, diversos colectivos manifiestan que se presentan algunas debilidades:
De la Ley de Búsqueda y la iniciativa por la creación del Sistema Estatal de Búsqueda, emanados del poder ejecutivo estatal y de la diputada Estefanía Rodríguez Sandoval, se reitera en medios de comunicación que se tomó en cuenta la participación de familias, instancias y protocolos como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas en materia de Desaparición Forzada.
Sin embargo, el propio borrador de la iniciativa de Ley de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla no se hizo público en el portal web de la XL Legislatura, lo que nos muestra que se careció desde los elementos más básicos para permitir la participación de los colectivos y organizaciones populares e independientes en materia de derechos humanos, a las familias que buscan a sus familiares, a lo que se suma, la falta de mecanismos claros del Sistema Estatal de Búsqueda en sus protocolos de operación, las reglas para la integración de sus miembros, los procesos de capacitación y certificación que requieren en materia de búsqueda de personas y especialmente en desaparición forzada, los presupuestos destinados a cada una de sus funciones, entre otros elementos necesarios para cumplir con los estándares internacionales. Por ambas cuestiones, reiteramos que en Puebla persiste la misma indolencia e impunidad que en gobiernos estatales anteriores.
A escala nacional, el testimonio de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos contra luchadores sociales, activistas, defensores de los derechos humanos, pueblo organizado y no organizado, es testigo irrefutable de la continuidad de la política represiva que políticos de oficio pretenden evadir con la demagogia.
La protesta en el gobierno de la “cuarta transformación” no es un acto irrazonable producto de la personalización de los asuntos políticos, es, ante todo, por la persistente sistematicidad de las graves violaciones a los derechos humanos cometidos, la impunidad hacia los autores materiales e intelectuales de los crímenes de lesa humanidad, las detenciones arbitrarias e injustas que día con día aumentan en el país.
Dado que mantienen injustamente y sin justificación en la cárcel a los presos políticos; a los detenidos desaparecidos no los han presentado con vida ni acatado resoluciones jurídicas; lejos de tener respuesta se nos amenaza con más de 132 Carpetas de Investigación; se persigue a integrantes del FNLS por su actividad y pensamiento político; y, en tanto, que la violencia institucional no cesa, instalamos un plantón afuera de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en apego a nuestro derecho a la protesta. No desistiremos de nuestra lucha, hasta lograr verdad, justicia, presentación y libertad.
Mientras que en la ciudad de Puebla así como en el municipio de Atlixco iniciamos una campaña de difusión y denuncia a través de volanteos informativos, mítines y pega de carteles con exigiendo la libertad de nuestros presos políticos y la no suspensión indefinida del amparo del juicio de amparo 51/2020 remitido por el Segundo Tribunal Colegiado de la Federación para el caso de desaparición forzada de los revolucionarios Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez.
