Gabriel Sosa Plata*
La presidenta Claudia Sheinbaum presentó una de las iniciativas más relevantes de su gobierno: una ley contra el feminicidio que no sólo busca endurecer penas, sino corregir una falla estructural del Estado mexicano, en la que todos los actores deben hacer un gran aporte para combatir estos delitos, incluidos los medios de comunicación, las plataformas digitales y las redes sociales.
Como se sabe, en México son asesinadas, en promedio, alrededor de diez mujeres al día, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Terrible. Sin embargo, sólo una parte de esos casos se investiga como feminicidio. Y peor aún, lo que impera es la impunidad.
México Evalúa ha documentado que más del 90 por ciento de los feminicidios quedan sin una sentencia condenatoria, es decir, no se castigan.
La presidenta dijo por ello es necesario modificar la lógica institucional que ha permitido la reclasificación de los delitos, la dilución de responsabilidades y la pérdida de evidencia desde el inicio de las investigaciones.
La fiscal Ernestina Godoy explicó que el objetivo es que el Ministerio Público parta de la hipótesis de feminicidio y que habrá un rediseño operativo, con investigación con perspectiva de género, fiscalías especializadas, continuidad en los casos y, sobre todo, el intento de cerrar una práctica que ha marcado la relación entre la justicia y la sociedad en México.
La filtración y difusión de imágenes de víctimas también se combatirá.
Al respecto, Godoy fue directa al señalar que estas prácticas no son episodios aislados, sino expresiones de violencia institucional.
De hecho, como se recordará, esta fue una de las razones por las que nació la llamada “ley Ingrid”.
La difusión de imágenes del cuerpo de Ingrid Escamilla evidenció dos actos reprobables: la filtración de documentos por parte de autoridades y la disposición de algunos medios a convertir el horror en contenido. De esa indignación surgió esa ley, que sanciona la difusión de material sensible de víctimas y busca proteger su dignidad incluso después de la muerte.
¿Qué cambia ahora? El impulso de una política pública integral, que abarca prohibiciones expresas como las que se comentan.
Veremos cómo viene articulada la iniciativa para que, efectivamente, se sancione a quien filtra, pero también haya límites para quienes publican, amplifican o monetizan esas imágenes.
En el caso de los medios de comunicación tradicionales, me parece que no habría tanto problema en establecer controles, pero sí en el caso de las redes sociales.
Ahí el terreno es mucho más resbaloso. No sólo por la velocidad con la que circulan los contenidos, sino por la propia arquitectura de las plataformas.
Las grandes empresas tecnológicas han construido modelos de negocio basados en la amplificación de lo que genera interacción, y pocas cosas generan más clics que la violencia convertida en imagen. De ahí que su disposición a intervenir en la expulsión de contenidos que vulneran derechos humanos sea limitada, fragmentaria y, en muchos casos, poco eficaz.
Y es comprensible. La ausencia de marcos legales robustos ha permitido que estas plataformas operen en una zona gris donde la autorregulación suele ser más discurso que práctica. De esta manera, cuando las audiencias se enfrentan, por ejemplo, a imágenes de víctimas de feminicidio, la respuesta de las plataformas suele llegar tarde, cuando el daño ya se ha multiplicado miles de veces en cuestión de minutos.
A esto se suma otro factor igual de complejo. El anonimato. Usuarios que, protegidos por perfiles falsos o identidades difusas, replican sin consecuencias materiales extremadamente sensibles, para convertir la tragedia en espectáculo y la violencia en tendencia. Y esos temas son, justamente, lo que los algoritmos premian.
Regular la filtración es indispensable, pero también la sanción de publicaciones indebidas. Y no hay marcha atrás. Será otra nueva batalla que deberá emprender el Estado mexicano a favor de los derechos humanos y en contra de intereses económicos globales de las plataformas.
Sin ese componente, cualquier esfuerzo quedará incompleto.
*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista.
