El viejo paradigma del desarrollo y la crisis del modelo neoliberal

Héctor Octavio Carriedo Sáenz*

Victoria de Durango, Dgo.– En el contexto del plan de reconstrucción de Europa durante la pos­guerra y de los movimientos de independencia de varios países en África y Asia, en 1949 el presidente Harry S. Truman, en su discurso inaugural ante el Congreso esta­dunidense, señaló que grandes áreas geográficas del planeta eran “subdesarrolladas”.

Desde entonces los organismos multilaterales como los nacientes -en 1948- Fondo Monetario Inter­nacional y el Banco de Reconstruc­ción y Fomento –BIRF- (hoy Banco Mundial) delinearían y conducirían las estrategias de financiamiento (y endeudamiento) en el mundo para llevar a los países subdesa­rrollados al desarrollo, concebido como perseguir tasas similares de crecimiento económico y con­sumo de la nación hegemónica. Para muchos intelectuales, des­de entonces y por más de siete décadas, la aspiración de ciertas élites dirigentes y clases medias, en particular latinoamericanas, ha sido alcanzar los estándares y niveles de consumo de las clases opulentas en Estados Unidos.

En busca de dicha imagen ob­jetivo del “desarrollo”, en los paí­ses subdesarrollados se fomentó -mediante el incremento de su deuda pública con el exterior- el “crecimiento económico sosteni­do”, como sinónimo de “progreso” y modernidad y, en la mayoría de estos países del tercer mundo, sin perseguir ningún propósito de justicia social o de política redis­tributiva, por lo que se amplió la desigualdad, la pobreza rural y ur­bana, la marginación y exclusión, sobre todo de las etnias indígenas y los pueblos originarios.

Simultáneamente se induciría que los sistemas económicos, po­líticos y culturales de estos paí­ses se parecieran, cada vez más, a los de Estados Unidos u otras metrópolis coloniales referentes de las naciones “periféricas” que fueron colonias de las potencias del mundo.

Grosso modo, en el periodo 1950- 1980 las ideas político-económico-sociales hegemónicas y, en particu­lar las políticas para el desarrollo en los países del tercer mundo, sobre todo latinoamericanos, atravesaron por el siguiente contexto:

– Hegemonía del pensamiento económico keynesiano de la posguerra.

– Inicio de la guerra fría, y de las dicotomías Este-Oeste (socialis­mo vs capitalismo) y Norte- Sur (desarrollo-subdesarrollo).

– En México, Brasil, Argentina y Chile, principalmente, predo­minio de políticas nacionalistas y desarrollistas de crecimiento “hacia adentro” con la incipien­te creación de un mercado in­terno de consumo e inicio de los procesos de industrialización tardía mediante la sustitución de importaciones, sobre todo de bienes de consumo; parti­cularmente, en México, quedó trunca y nunca se culminó una segunda fase de sustitución de importaciones de bienes de capital, que en Brasil fue más exitoso.

– Descampenización (migración campesina del campo a las ciu­dades) y urbanización crecien­tes.

– Políticas extractivistas y de revo­lución verde en la agricultura – a base de agroquímicos y “paquetes tecnológicos” proveídos por em­presas transnacionales- que per­mitieron subsidiar el crecimiento de las urbes con precios esta­bles de los productos agrícolas, agroexportaciones y costos sa­lariales disminuidos, contenidos o congelados de los trabajadores del campo y la ciudad.

– Los países dependientes con mejor suerte –México entre ellos- crearon instituciones de Estado de Bienestar, como la seguridad social, e impulsaron y consolidaron reformas agra­rias; esto desde luego no en la mayoría de los países, ya que en varias naciones de América Latina y el Caribe prevalecían las dictaduras títeres de las em­presas transnacionales como la United Fruit, de ahí la etiqueta de “dictaduras bananeras”.

– Finalmente, una cuestión cen­tral promovida desde los orga­nismos financieros multilate­rales (FMI y Banco Mundial): la creación de un régimen global de deuda que hizo menos sobe­ranos y más dependientes de los centros de poder mundial a las naciones subdesarrolla­das. Es historia muy conocida la crisis de países deudores que padecieron en la década de los ochenta, sobre todo, las naciones latinoamericanas (en algunas naciones se prolongó por más décadas). Por ello, se considera a los años ochenta como la década perdida para muchos países de AL debido a la gran carga de su deuda externa.

El historiador y pensador suizo Gilbert Rist (2002), crítico de la política mundial de desarrollo, considera que el desarrollo es una invención y una doctrina para las instituciones internacionales, que la lucha contra la pobreza es un eslogan y una coartada de las élites en el poder, y la globaliza­ción en realidad es un simulacro de “desarrollo”.

En el caso de México, en el pe­riodo 1946-2018 el desarrollo atra­viesa las siguientes orientaciones sexenales de política económica:

• Desarrollismo (1946-1952).

• Desarrollo estabilizador; con con­tinuidad del desarrollismo, creci­miento con estabilidad de precios y del tipo de cambio (1954-1970).

• Agotamiento del desarrollismo con endeudamiento externo, énfa­sis en el estatismo, inflación de dos dígitos y abandono de la disciplina presupuestaria; crisis financiera y devaluación (1970-1976).

• Estatismo y sobreendeudamiento externo, crecimiento con inflación de tres dígitos, petrolización de las exportaciones y las finanzas públicas; crisis económica, mega­devaluación y estatización de la banca privada (1976-1982).

• Primer ajuste neoliberal antipo­pular con políticas de desinflación y contención salarial; reordenación económica y cambio estructural; primera etapa de la privatización y extinción de empresas públicas; despetrolización de las exportacio­nes e ingreso al Acuerdo General de Aranceles y Comercio (GATT), hoy Organización Mundial del Co­mercio (OMC); megadevaluación e inflación desbordada de tres dígi­tos; crisis financiera; Pacto de Soli­daridad Económica para contener la inflación galopante (1983-1988).

• Inserción en la globalización; re­negociación de la deuda externa con base en las políticas de ajuste estructural neoliberal recomenda­das por el FMI; internacionalización económica, apertura comercial y a la inversión extranjera; construc­ción de tratados y acuerdos comer­ciales internacionales, en especial el TLCAN; privatización de la banca nacionalizada y de empresas pú­blicas (como el monopolio natural telefónico TELMEX); autonomía del Banco de México; desregulación financiera y apertura a la inversión extranjera en distintos sectores de la economía antes vedados; pro­funda crisis financiera de fin de sexenio, debido a la crisis política y al desequilibrio del sector externo por el déficit en cuenta corriente y la salida de capitales (1989-1994).

• Acuerdo Nacional para Superar la Emergencia Económica; am­pliación, consolidación y aprove­chamiento de la red de tratados y acuerdos comerciales interna­cionales, y nuevos acuerdos, entre estos el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUE); blindaje del sistema ban­cario financiero, mediante regíme­nes de reservas bancarias e inter­nacionales; extinción del sistema CONASUPO; privatización y venta de los ferrocarriles nacionales; impulso al FOBAPROA; implemen­tación de los contratos de servicios múltiples y PIDIREGAS en PEMEX y CFE (1994-2000).

• Primera etapa de la degradación de PEMEX y CFE, y dilapidación de la renta petrolera; incorporación del FOBAPROA a la deuda pública que implicó la socialización de las pérdidas y la privatización de las ganancias; transición democrática fallida y fraude electoral de fin de sexenio; avance de la corrupción estructural y sistémica (2000-2006).

• Continuidad de la corrupción rampante y estructural; guerra fallida en contra de la delincuen­cia organizada, pérdida de la paz social y ruptura del tejido social; aumento del derroche de la renta petrolera; deterioro intencionado y progresivo de PEMEX y del sector eléctrico con miras a su privati­zación y entrega a la inversión privada nacional y extranjera me­diante las reformas estructurales (2006-2012).

• Segunda generación de reformas estructurales neoliberales, prin­cipalmente la energética, laboral y educativa (que resultaron falli­das), corrupción pública y privada estructural, cínica, epidémica y desbordada (2012-2018).

Surgimiento del modelo neoliberal

Desde los inicios de los años seten­ta, economistas “por el lado de la oferta”, como Hayek y Friedman, sostenían que la relación entre lo público y lo privado se definía mejor mediante el mercado y la libre elección, y no con el Estado actuando en función del interés público (W. Parsons, 2007). En los años ochenta, en la reaparición y auge de este enfoque -connotado en círculos académicos como nue­vo liberalismo- influyeron varios factores: cambio significativo en el patrón de acumulación capitalista global tendiente a fortalecer las ganancias del el sector financiero en detrimento del sector real y, en particular, del factor trabajo; crisis del Estado de bienestar so­cialdemócrata en Europa Occiden­tal; crisis fiscal en América Latina aparejada con el agotamiento del modelo desarrollista latinoame­ricano; caída del socialismo real en la ex Unión Soviética y paí­ses de Europa del Este; cambios en el socialismo de China y Cuba y, finalmente, la imposición del neoliberalismo a escala global a partir de los gobiernos de Margaret Thatcher y Ronald Reagan, en el Reino Unido y los Estados Unidos, respectivamente.

Las políticas y programas de “ajuste” neoliberal en el ámbito de las finanzas públicas tuvieron importantes costos sociales, al desmantelar las incipientes insti­tuciones de Estado de bienestar y las empresas públicas de América Latina, al tiempo que profundiza­ron la desigualdad y la inequidad en la distribución del ingreso en países de la región.

En tal contexto, en los últi­mos 35 años el Estado mexicano fue capturado por una oligarquía rapaz que provocó el aumento y generalización de la corrupción estructural y los conflictos de interés, y profundizó los proce­sos de privatización y exclusión social. Más aún, se normalizaron la arbitrariedad y la impunidad al tiempo que se capturaron y simularon los mecanismos de fiscalización, control y rendi­ción de cuentas. Los procesos de privatización y las alianzas público-privadas, sobre todo en el lapso 2000-2018 trajeron consigo distorsiones en el terreno elec­toral por la injerencia de dinero privado y otros poderes fácticos – como el crimen organizado – en los procesos electorales con tendencias a legalizar el cabil­deo y el clientelismo neoliberal (Sandoval-Ballesteros, 2018).

El neoliberal es ya un modelo agotado, rebasado y fracasado. Prueba de ello es que, en 35 años de aplicación continua en nuestro país, aumentó los porcentajes de pobreza y la brecha de la desigual­dad, la exclusión y marginación; precarizó el trabajo, estancó los salarios y disminuyó el empleo decente; incrementó la economía informal y la migración; enquistó, agravó y normalizó la corrupción que se convirtió en estructural, sistémica y epidémica, junto con la impunidad, la narcopolítica, la inseguridad y la descomposición del tejido social; provocó, entre otros fallos, patrones de consumo irracionales que han causado la epidemia de obesidad y diabetes; protegió privilegios elitistas y prácticas monopólicas, y aceleró el deterioro del medio ambiente, todo lo cual continúa amenazan­do la libertad, la seguridad, la paz y la cohesión social.

Aunque a algunos sectores de nuestra sociedad les parezca para­dójico o difícil de aceptar o enten­der, en el actual momento históri­co, caracterizado por la pandemia con daños irrecuperables en la salud de los pueblos, la economía y el tejido social, cada vez más se nu­tren las corrientes de pensamiento que preconizan que la economía no debe concebirse como el fin para la acumulación capitalista y el sobreconsumo depredador del medio ambiente, procesos que han generado descomposición social, contaminación agravada e impac­tos muy negativos, como el cambio climático.

*Licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública, egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.

Analista político. Académico de la Universidad Juárez del Estado de Durango.