Gracias a la participación crítica de sectores sociales, el país contará con una nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión que beneficiará a la nación y a la democracia, en particular a los núcleos poblacionales relegados al olvido, también en esta materia, por las políticas neoliberales.
A los cuestionamientos iniciales al dictamen de aquella ley, esgrimidos por académicos, periodistas y empresarios, la presidenta Claudia Sheinbaum y el Senado fueron receptivos a la revisión del documento, que después de cinco conversatorios con especialistas y académicos fue enriquecido.
Muchas de aquellas propuestas fueron incluidas a la nueva versión votada y aprobada el sábado 28 de junio, acerca de la cual ningún sector interesado manifestó cuestionamientos, salvo senadores opositores en la Cámara Alta. Las versiones de “censura” contenidas en la norma sólo la creyeron ellos.
La iniciativa será debatida en julio en la Cámara de Diputados, donde se espera su aval a la totalidad del documento, si no pasara algo extraordinario.
Con esa ley se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, dedicadas a administrar la política de telecomunicaciones y radiodifusión, y desaparece el Instituto Federal de Telecomunicaciones, organismo cuestionado durante su década de funcionamiento.
En la nobel legislación se prometen políticas públicas que favorecerán a los sectores más vulnerables para que cuenten con servicio de internet, se dijo que 17 millones de mexicanos todavía carecían de ese servicio. Se facilitan posibilidades de mayores ingresos para las radios comunitarias y afromexicanas mediante la comercialización de espacios de tiempo aire y se incrementa la posibilidad de recibir mayores porcentajes de publicidad gubernamental.
Los derechos de usuarios de telecomunicaciones, internet y de las audiencias se fortalecen y se obliga a las empresas del sector a tener Defensores de Audiencia y códigos de ética.
El artículo 32 garantiza que el Estado seguirá controlando el espacio radioeléctrico: “El espectro radioeléctrico y los recursos orbitales son bienes del dominio público de la Nación, cuya titularidad y administración corresponden al Estado”.
El gobierno federal y la mayoría legislativa en el Senado atendieron la demanda ciudadana de ser escuchados y en su caso haber incorporado las propuestas procedentes de cada sector. Los avances logrados por la sociedad con la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión también son fruto del cambio que se vive en México desde hace casi siete años. Los gobiernos neoliberales no habrían actuado de esa manera.
A pesar de las campañas de empresas de la radiodifusión, opositores y opinólogos de derecha, en contra de la propuesta presidencial en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, ésta fue aprobada en el Senado para beneficio de la sociedad
