Durante el cuarto conversatorio sobre la iniciativa de Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom), realizado este martes en el Senado, las y los participantes demandaron que la normatividad garantice presupuesto suficiente para las emisoras comunitarias, indígenas y afromexicanas, y que les dé preferencia para el acceso al espectro radioeléctrico.
Con el tema “Servicio Público de Radiodifusión”, las y los 16 ponentes se refirieron a las concesiones únicas, y el uso comercial, público, social y comunitario por parte de las radios indígenas y afromexicanas.
En ese sentido, la coordinadora de la Asociación Mundial de Radios Comunitarios (AMARC), Mireille Campos, planteó que la norma debe democratizar al sistema de medios, y definir claramente a las radios comunitarias indígenas y afromexicanas en la legislación y no en la reglamentación, así como incluir su finalidad social y no comercial.
Campos aclaró que las radios indígenas y comunitarias “no son piratas, sino actores legítimos” (…), por lo que denunció que sus transmisiones son interferidas por estaciones comerciales o autoridades locales.
En representación del Comité Nacional de Radios Comunitarias, Indígenas y Afromexicanas, Marina Karina Patrón Hernández, abundó que “el servicio público de radiodifusión indígena reconocido en el marco jurídico nacional e internacional no es un favor del Estado, sino un derecho colectivo esencial para el ejercicio de las autonomías y la libre determinación de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanos”.
Por lo que exigió que los marcos de protección “incluyan a las y los comunicadores indígenas y afromexicanos; que se reconozca nuestra labor como parte de la defensa de los derechos humanos y colectivos y que se nos garantice el acceso a la justicia, a la protección estatal y a las condiciones laborales dignas”.
Igualmente, el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), Adelfo Regino, se refirió a las concesiones sociales y solicitó “el acceso preferente de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas en cuanto al otorgamiento de concesiones sobre el espectro radioeléctrico para el uso público o social”.
Por su parte, el presidente del Sistema Regional de Televisión, Sergio Valles Rivas, se refirió a las concesiones sociales en la TV al advertir que actualmente en México hay un total de mil 239 canales comerciales, 385 públicos y sólo 18 con concesiones sociales genéricas, no comunitarias, lo cual representa únicamente 1.1% del total.
Valles criticó que lo anterior se debe a la “imposibilidad financiara de adquirir equipo transmisor, así como de iniciativas bloqueadas por las grandes corporaciones televisivas”.
Por ello propuso que la Ley Telecom no establezca “normas discriminatorias, (sino que) otorgue igualdad de obligaciones en derechos y prerrogativas a todos los tipos de concesiones sociales (…), acceso al menos al 10% de los presupuestos gubernamentales de comunicación destinados a la publicidad, distribuidos equitativamente”.
Valles Rivas dijo que el porcentaje de 1.1% por hora de publicidad se incremente al 3% de tiempo total aire, y que sólo se excluyan los anuncios de productos y servicios cuyos contenidos afecten la salud o vulneren derechos sociales de las y los televidentes.
En otro tema, Diana Núñez Ronquillo, consejera de la Cámara Nacional de la Industria de Radio y Televisión (CIRT), criticó el “desequilibrio tan marcado que existe entre este (servicio televisivo) y la regulación, prácticamente nula, sobre los servicios de streaming y plataformas como Netflix, Prime Video, Disney Plus, Max, entre otros”.
Núñez observó la necesidad de que esos servicios y plataformas tengan las mismas regulaciones que la industria televisiva, ya que a ésta se le regula en cuanto a la publicidad y a las plataformas no. “El derecho a la programación continua se ha vuelto un lujo en las plataformas de streaming”, lo cual genera un “impacto sobre las industrias sobrerreguladas de televisión”.
En lo anterior coincidió la directora del Centro-I, Elena Estavillo Flores, quien recalcó que los medios tradicionales han quedado rezagados ante los digitales, lo que da como resultado que las y los usuarios puedan ser tanto audiencia como emisoras y transmisoras de información.
Esto tiene “implicaciones políticas, sociales y económicas que deben reflejarse en el marco jurídico”, advirtió Estavillo y propuso una “reconfiguración completa de los roles del poder y de los impactos de la manera en la que nos informamos y comunicamos”.
Finalmente, el representante de la empresa radiofónica duranguense Grupo Garza Limón, Ricardo Garza Mar, expresó su preocupación ante el alza de las audiencias en internet, lo que deriva en problemas de rentabilidad para las emisoras al disminuir el número de radioescuchas.
Alertó que las nuevas generaciones ya no sintonizan tanto la televisión, por lo que propuso “trabajar de la mano con los fabricantes de smartphones para incluir y habilitar de forma obligatoria el receptor de radio; (lo que) dotaría de una nueva generación de receptores accesibles para toda la población”. Además, Garza Mar consideró que es necesario expandir las redes alámbricas e inalámbricas “sobre todo en zonas de baja rentabilidad”.
Camila Doroteo
