Con el voto de la diputada Luz Itzel Mendo González del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) —aliado de Morena—, el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de Guanajuato logró que se rechazara una iniciativa para despenalizar el aborto en esa entidad.
El cambio en el sentido del voto de la legisladora ecologista fue decisivo para que con 19 sufragios contra 17 se desechara un proyecto para despenalizar la interrupción del embarazo en Guanajuato, uno de los pocos estados —donde actualmente gobierna el PAN— que aún restringe el derecho de las mujeres a decidir sobre su cuerpo.
Mendo González subió a tribuna e informó sobre su cambio de postura: “No creo que una mujer deba ir a prisión por abortar, porque creí que despenalizar era una forma de protegerlas. Pero después de esa sesión (la de la semana pasada en la que hubo empate en la votación), volví a reflexionar más profundamente, escuché argumentos, escuché a mi distrito, hablé con mujeres de mi estado, con juristas y hoy quiero decirlo con toda claridad: hoy he cambiado de opinión”.
Por esa razón, la diputada local del PVEM fue calificada de “vendida” por las legisladoras y activistas que están en favor de la despenalización del aborto, mientras que las panistas la arroparon.
Así, con los votos de las diputadas del PRI y del PVEM, y la única legisladora del PRD, María del Pilar Gómez Enríquez, el PAN logró archivar la iniciativa de legalizar la interrupción del embarazo en Guanajuato, que promovió Movimiento Ciudadano (MC).
Colectivos feministas y agrupaciones Provida acudieron a la sesión de este jueves en el Congreso de Guanajuato, mientras que el Fondo de Población de Naciones Unidas llamó a la Cámara de Diputados estatal a garantizar el derecho de las mujeres a interrumpir su embarazo, según la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 2021.
Hasta ahora, en 23 estados y la CDMX es legal el aborto entre las 12 y 13 semanas de gestación. Mientras que la penalización de este derecho se mantiene en Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
Según organizaciones feministas, de abril de 2007 al 30 de junio de 2024, 560 mujeres guanajuatenses viajaron a la CDMX para acceder a una Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en los servicios de salud públicos, lo que refleja “una política pública que excluye y castiga a quienes no pueden desplazarse.”
En 2021, la SCJN declaró como inconstitucionales las leyes que criminalizan la ILE en los códigos penales de varios estados del país. Gracias a ese fallo, ninguna mujer (en teoría) debería ir a la cárcel por ejercer este derecho.
Camila Doroteo
