Ayer, 6 de diciembre, la Cámara de Representantes de Colombia aprobó con 73 votos el proyecto de ley anticorrupción, considerada como un retroceso para la libertad de expresión y prensa hacia los detractores del gobierno del presidente Iván Duque.
Dicha ley sancionará a personas u organizaciones que “calumnien” a funcionarios y exfuncionarios públicos. Es decir, que ningún individuo podrá emitir alguna opinión sobre un funcionario sin tener “pruebas contundentes”, ya que podría ser víctima de esta iniciativa.
La legislación se presentó como una forma de transparencia, corrección y rectificación de la información respecto de las autoridades, cuestionando el proceso periodístico y dándole valor a elementos como la presunción de inocencia y la buena fe de los implicados.
Esta no sería la primera vez que el gobierno colombiano toma acciones legales consideradas inconstitucionales para intentar contener a la prensa de oposición, y ejercer actos de censura y represión en contra de los periodistas, actos legitimados por la ley.
Es por ello que diversas organizaciones a favor de la libertad de prensa se unieron para hacer llegar sus inconformidades al Congreso para que la ley anticorrupción y en especial el artículo 68 sean revisados, corregidos o eliminados en favor de los periodistas.
Entre las organizaciones inconformes se encuentran la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), la Asociación Colombiana de Medios Informativos (AMI), Asomedios, el Centro de Internet y Sociedad de la Universidad de Rosario (ISUR), el Veinte y Karisma.
(AMFP)
