Gabriel Sosa Plata*
Brasil tomó la decisión de regular a las redes sociales para proteger a niñas, niños y adolescentes. Y me parece bien, muy bien.
La medida, que entró en vigor el 17 de marzo, obliga a las plataformas a verificar la edad de sus usuarios, vincular las cuentas de menores con personas adultas responsables y, sobre todo, desmontar funciones diseñadas para retenerlos el mayor tiempo posible, como el scroll infinito o la reproducción automática de contenidos. Además, se suma la prohibición de publicidad personalizada dirigida a menores.
El país latinoamericano argumenta que “Estatuto Digital de los Niños y Adolescentes“, del cual se derivan las obligaciones descritas, nace por los casos que se han presentado de explotación y sexualización de menores en entornos digitales. Por eso su respuesta no se limitó a reforzar controles o endurecer discursos, sino que optó por intervenir en el modelo, lo que marca la diferencia con otras medidas que se han tomado en el mundo.
Efectivamente, en Australia, Francia, España y otros países se busca prohibir el acceso redes a menores de edad o en su caso reforzar controles parentales. Y en Brasil se eligió un camino más complejo y que más resistencias enfrenta, ya que implica modificar las condiciones bajo las cuales operan las poderosas empresas como Instagram y Tiktok.
Brasil es el país más adelantado de la región en materia de regulación digital de la infancia, con un enfoque que combina protección de datos, obligaciones de diseño y responsabilidades concretas para las plataformas.
Su apuesta va en el sentido de construir un marco de gobernanza digital, que se suma a otras iniciativas que ha impulsado, como el Marco Civil de Internet (Ley Nº 12.965/2014), que estableció principios como la neutralidad de la red, la protección de datos y la libertad de expresión, así como el Proyecto de Ley Nº 2630/2020, conocido como “Ley Brasileña de Libertad, Responsabilidad y Transparencia en Internet” o “Ley de Noticias Falsas”, orientado a establecer obligaciones como la transparencia algorítmica y la identificación de cuentas automatizadas.
Sin embargo, como es de suponerse, estos avances han generado una enorme tensión y en muchos casos el rechazo de las empresas que serán reguladas. En el caso que nos ocupa, la verificación de edad es cuestionada por los riesgos a la privacidad y el manejo de datos personales. La supervisión obligatoria también reabrió la discusión sobre la autonomía progresiva de niñas, niños y adolescentes. Y, como han advertido diversas organizaciones, cualquier intento de regulación corre el riesgo de quedarse en la superficie si no logra incidir en el verdadero núcleo del problema: el poder de los algoritmos.
La adicción digital no es algo fortuito u ocasional, sino una consecuencia de plataformas diseñadas para capturar atención, procesar datos y maximizar ingresos. Brasil ahora busca regular parte de ese diseño a través de un órgano autónomo, pero garantizar su cumplimiento será otra historia, pese a que la nueva norma establece multas van desde diez reales por usuario hasta un máximo de 50 millones de reales (unos 9.6 millones de dólares).
Para nadie es un secreto que las plataformas operan con lógicas transnacionales, intereses económicos gigantescos y márgenes amplios para reinterpretar o diluir las obligaciones que se les imponen. Y todo intento regulatorio será combatido con ferocidad por dichas empresas y por el envalentonado presidente estadounidense Donald Trump.
Brasil marca hoy la ruta más avanzada en América Latina y hace una contribución enorme en la protección de la infancia en entornos digitales, pero también deja claro que el problema no es solo normativo, sino de poder político y económico, que nos debería llevar a establecer una agenda común en América Latina para enfrentar, en conjunto, esos intereses.
Fundar propone ajustes a estímulo fiscal para cine
En otro tema, la organización Fundar advirtió que el nuevo estímulo fiscal para la producción cinematográfica y audiovisual, publicado el pasado 16 de febrero de 2026, podría no cumplir plenamente su objetivo de fortalecer la industria nacional si no se establecen reglas claras en su implementación.
El incentivo, como se recordará, contempla un crédito fiscal de hasta 30% del costo de producción, con un límite de 40 millones de pesos por proyecto y un tope anual de 400 millones, además de permitir su transferencia a otros contribuyentes, un mecanismo inédito en este tipo de políticas públicas.
Fundar señala en un análisis publicado esta semana que esta flexibilidad, aunque puede facilitar liquidez para los proyectos, también abre la puerta a riesgos como la concentración del beneficio en grandes plataformas de streaming, la simulación de operaciones o la desviación de recursos hacia servicios con menor impacto en la cadena productiva.
Por ello, propone medidas como establecer límites a la transferencia del crédito, fortalecer la transparencia y promover criterios de inclusión, como la participación de mujeres y comunidades indígenas. Asimismo, subraya la necesidad de evaluar periódicamente el impacto económico del estímulo para asegurar que realmente impulse el desarrollo del sector audiovisual en México.
El documento puede consultarse en este enlace: https://fundar.org.mx/publicaciones/estimulo-fiscal-para-la-produccion-cinematografica-y-audiovisual/
*Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista.
