Israel Tonatiuh Lay Arellano*
Guadalajara, Jal.- El pasado 15 de abril, el Senado de la República aprobó la nueva Ley Federal de Cine y el Audiovisual. La iniciativa fue presentada por la Presidenta Claudia Sheinbaum en una conferencia de la Mañanera en febrero, documento enviado a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión, donde fue aprobada por los 466 legisladores presentes el 24 de marzo. Posteriormente, la Cámara Alta, avaló el documento con 82 votos a favor, 16 abstenciones y uno más en contra.
¿Qué cambios introduce esta nueva norma en el ámbito cinematográfico? Para el gobierno, esta nueva ley tiene diversos objetivos: integrar el ecosistema audiovisual, esto es, el cine y los contenidos digitales en las plataformas; aumenta la presencia de las películas mexicanas tanto en plataformas como en las salas.
Además, fortalece la promoción de la diversidad cultural, la inclusión y la libertad creativa; brinda certeza al fomento del cine nacional; coloca a los públicos en el centro de la política de este sector; y descentraliza las producciones cinematográficas.
De todos los oradores que hablaron a favor del dictamen, Javier Corral fue el más contundente, al no sólo expresar buenos deseos y discursos nacionalistas, sino al precisar la intención de los cambios, en otras palabras, al enfatizar el espíritu de la reforma.
Coincidimos con el legislador morenista, quien afirmó que el tiempo en pantalla, que continúa teniendo una reserva del 10%, debe entenderse no sólo como competencia comercial ante el cine de Hollywood, sino como la ventana que permite que los estrenos nacionales, sean vistos por más personas con el objetivo de entender la transmisión de la narrativa que los creadores quieren difundir, y por ende la diversidad cultural, razón por lo que se aumentó a 14 días el tiempo de estreno de una película mexicana.
También estamos de acuerdo con la afirmación de Corral, quien asegura que la nueva ley restituye el fomento a públicos al programa de Fomento al Cine Mexicano, conocido como FOCINE (artículo 35), lo cual vincula esta reforma al estímulo fiscal sobre el Impuesto sobre la Renta (ISR) para productores cinematográficos, que entró en vigor el pasado mes de febrero.
A lo anterior, se suma el apoyo del artículo 189 de la Ley del Impuesto sobre la Renta (LISR), y a otros como el aumento del fondo de distribución y el aumento a proyectos de guion y escritura, “lo que revalora al cine mexicano en este segundo piso de la 4T”.
En contra de la minuta habló, por el Partido Revolucionario Institucional, la senadora Karla Toledo señalando que si bien el PRI apoya la renovación del marco jurídico para la cinematografía, que llevaba décadas sin responder a la industria, criticó el contenido del artículo 27, ya que, de acuerdo con su interpretación, “abre la puerta” para que el gobierno pueda intervenir en el precio de las taquillas, lo que a mediano plazo causaría un daño a la industria de la exhibición. Sin embargo, la legisladora al final no votaría en contra.
El diputado Agustín Doran…quienes tes, del Partido Acción Nacional, aseguró que la iniciativa era insuficiente, porque según él, “no resuelve los problemas estructurales de la industria”; al buscar regular las plataformas digitales y no abordar el tema de la Inteligencia Artificial; y porque no incluía apoyo presupuestal.
De acuerdo con el panista, la propuesta de la nueva ley planteada por la Presidenta no busca beneficiar a la industria del sector: “Su prioridad no era la modernización del cine mexicano, sino darles espacio a sus amigos [del gobierno]”, afirmó.
En su oportunidad, el senador morenista Javier Corral contra-argumentó cada afirmación del legislador panista. Los senadores panistas se abstuvieron de votar.
Un dato curioso, los senadores se referían a la ley de 1992, recordando que, desde ese año, no se realizaba ningún cambio importante a esa legislación, olvidando la reforma de 1998, impulsada por la comunidad social cinematográfica, con un objetivo nacionalista y de protección al cine mexicano.
¿Con qué objetivo se omitiría? Quizás fue un simple error o quizás se buscó no reconocer que fue una iniciativa también impulsada por el ahora desbandado Partido de la Revolución Democrática (PRD).
De la misma manera, faltó aceptar que desde 2014, se había reconocido la obsolescencia de la Ley Federal de Cinematografía, en cuanto a los avances tecnológicos en todas las cadenas productivas del cine nacional, por lo que surgió la primera iniciativa para integrar el ecosistema audiovisual, con la iniciativa de Ley Federal de Cinematografía y el Audiovisual, presentada por la entonces senadora panista Marcela Torres Peimbert. Aunque se convocó a foros de consulta y hubo un intenso debate alrededor del tema, la iniciativa no prosperó y se perdió en la “congeladora legislativa”.
Posteriormente, en 2019 se realizaron foros y mesas de consulta en esta materia, impulsadas por el diputado morenista Sergio Mayer desde la Comisión de Cultura de esa Cámara, pero los trabajos fueron suspendidos por la irrupción de la COVID-19 y posteriormente porque Mayer no logró la reelección y se perdió la continuidad.
En 2021, el tema fue retomado por el senador morenista Ricardo Monreal, pero tampoco prosperó en su discusión. Irónicamente, en todas esas iniciativas de reforma siempre se criticó la falta de voluntad política, pues si bien o mal hubo mesas de discusión y debate sobre la temática, los proyectos fueron congelados.
La reforma de este 2026, presentada como iniciativa de ley por la Presidenta Sheinbaum en febrero; dictaminada en la Cámara de Diputados en marzo, y aprobada por la Cámara de Senadores en la primera quincena de abril, ha sido tachada por la oposición como una imposición, una herramienta para tener el control de la producción cinematográfica desde el Estado.
Sin embargo, quienes hemos seguido de cerca la evolución de la legislación y las políticas públicas para el cine mexicano desde 1998, entendemos que se trata de un cambio necesario cuyas ventajas o desventajas deberán de señalarse una vez que comience su aplicación, y que debe ser la comunidad cinematográfica quien impulse cualquier modificación para la correcta regulación del Estado en esta materia.
*Doctor en Ciencias Sociales, profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara.
