La CNDH reitera el deber de adoptar de manera urgente medidas que refuercen la seguridad, la gobernabilidad y la operatividad al interior de los centros del Sistema Penitenciario de esa entidad
Urge a las autoridades de ese centro penitenciario a gestionar oportunamente el acompañamiento legal, administrativo y atención médica necesaria a las personas lesionadas y a familiares de las personas fallecidas
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) se mantiene atenta y da seguimiento a los acontecimientos ocurridos el pasado 02 de agosto de 2024, en el Centro de Reinserción Social de Tuxpan, en el estado de Veracruz, en el que se suscitó un motín que derivó en disturbios e incendios al interior del centro, provocados por las personas privadas de libertad ante su inconformidad por posibles actos de autogobierno, cobros y extorsiones ejercidos por ciertos grupos de personas internas hacia ellas y sus familias. Ante los hechos ocurridos, se originó una movilización de cuerpos de seguridad locales con el apoyo de elementos de la Secretaría de Marina, Defensa Nacional y Guardia Nacional y servicios de auxilio médicos.
De acuerdo con información obtenida de distintos medios de comunicación y de las autoridades de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, los incidentes violentos dieron como resultados preliminares el fallecimiento de al menos 7 personas y 11 heridas, todas privadas de la libertad; así como el traslado de las personas que fueron identificadas como las generadoras de los disturbios a otro centro penitenciario.
Al respecto, la CNDH lamenta los hechos ocurridos en dicho centro penitenciario y advierte que, tras la emisión del Pronunciamiento para la adopción de acciones urgentes que garanticen la debida operatividad, seguridad y gobernabilidad en los centros penitenciarios del país, a fin de proteger los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, sus visitas y del personal que labora en los mismos, solicitó a los sistemas penitenciarios de las entidades del país y a las autoridades corresponsables realizar acciones para detectar y atender áreas de oportunidad y factores que, de no ser observadas, contribuyen a generar incidentes violentos, que comprometen gravemente los derechos humanos de las personas privadas de la libertad, del personal que labora en los centros y de sus visitas.
En cumplimiento a las peticiones realizadas en dicho Pronunciamiento, en junio de 2023, la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana de la Secretaría de Seguridad Pública de la entidad, informó a este Organismo que los 17 centros penitenciarios y el Módulo de Prisión Preventiva de Veracruz en funcionamiento se reportaban sin riesgos de posibles factores que detonaran incidentes violentos, que se mantenía el debido orden, la debida operatividad y funcionamiento al interior de éstos.
Sin embargo, preocupa a la Comisión Nacional, que a partir de los resultados emitidos en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria correspondientes al año 2023, el CERESO de Tuxpan obtuvo una calificación de 7.01. Si bien, el centro ha observado mejoras sustantivas en algunos aspectos relevantes para la mejora de las condiciones de estancia digna e integridad personal, persisten diversas áreas de oportunidad a las que se debe prestar especial atención porque constituyen riesgos para la seguridad y el gobierno tales como: insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos, insuficiencia de vías para la remisión de quejas de probables violaciones a los derechos humanos; falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte de la persona titular; falta de normatividad que rige al centro e inadecuada clasificación de las personas privadas de la libertad, entre otras.
Asimismo, de acuerdo con los resultados del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2024, el Sistema Penitenciario de ese estado obtuvo una calificación global de 6.31 y se observó que eran prioritario atender, la falta o insuficiencia de personal de seguridad y custodia; insuficiencia de programas para la prevención y atención de incidentes violentos; falta de supervisión del funcionamiento del centro por parte de la persona titular, y en otros centros, la presencia de sobrepoblación y hacinamiento.
Por lo que, tras los hechos ocurridos, este Organismo Protector advierte que, en materia de Seguridad y Gobierno se han realizado limitados esfuerzos para contrarrestar dichas deficiencias, por lo que urge a las autoridades del Sistema Penitenciario Estatal, para que, se salvaguarde al máximo los derechos humanos a la salud, a la integridad, a la vida y al contacto con el exterior de las personas privadas de la libertad ante los incidentes ocurridos; se garantice el acceso oportuno a la atención médica, alimentación e higiene para toda la población y, de manera especial, la de las niñas y niños y de toda persona que pertenezca a algún grupo de atención prioritaria, por el contexto de mayor vulnerabilidad en el que pueden encontrarse; se detecten prontamente los factores y circunstancias que propiciaron tales acontecimientos y se adopten aquellas medidas diligentes y estrategias de seguridad reforzadas que correspondan y que eviten la repetición de estos hechos en ese centro y/o cualquier otro de ese estado.
A la par este Organismo Autónomo reitera enérgicamente a todos los sistemas penitenciarios del país, sobre la obligación de generar acciones y programas destinados para la mejora de las condiciones de seguridad de sus centros penitenciarios, entre estas, realizar una debida clasificación y ubicación de las personas que viven en los centros penitenciarios, erradicar los factores de cogobierno o autogobierno que persisten en los centros, de conductas de extorsión, cobros o conductas ilícitas y solventar la falta o insuficiencia de personal de seguridad y custodia, en observancia al Pronunciamiento emitido por este Organismo en el año 2023.
Asimismo, esta Comisión Nacional solicita se generen mecanismos de comunicación oportunos, para brindar información oficial, en un contexto pacífico a las y los familiares de las personas privadas de la libertad, que les permita conocer la situación actual que prevalece al interior de ese establecimiento y el estado de salud de la población penitenciaria y de aquellas que resultaron lesionadas. Además de gestionar oportunamente el acompañamiento legal, administrativo y psicológico a las personas familiares para la solicitud de los cuerpos de las personas fallecidas, evitando cualquier acto de revictimización o prejuicio, recordando que las autoridades penitenciarias son responsables de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
Especialmente, se pide verificar que en este y cualquier evento violento que se presente al interior de los centros penitenciarios de esa entidad, éste sea atendido con estricto cumplimiento a los protocolos y/o manuales establecidos para ello y se colabore diligente e imparcialmente en el inicio de las investigaciones y procedimientos administrativos o penales que se deriven tras los hechos ocurridos.
La CNDH estará atenta a las acciones que se realicen por parte del Sistema Penitenciario del estado de Veracruz, a fin de restituir la seguridad en el CERESO de Tuxpan; así como, dará seguimiento a las acciones implementadas para atender las causas que pudieron detonarlo, el mejoramiento de las condiciones del centro y la atención que se ofrece a las personas privadas de la libertad y sus familias.
¡Defendemos al Pueblo!
