La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) respondió que “no se anexan pruebas”, al pedido de Estados Unidos para capturar provisionalmente a diez funcionarios acusados de vínculos con el narcotráfico, con el fin es extraditarlos para que respondan cargos en territorio estadunidense.
En un comunicado, la Cancillería señaló que los documentos que acompañan los señalamientos carecen de pruebas, y, además, incumplen con las provisiones de confidencialidad del tratado bilateral, donde se prohíbe divulgar información con detalles y nombres de los implicados. Por estos motivos, enviará una carta de extrañamiento a la Embajada.
La cancillería también turnó la petición de extradición a la Fiscalía General de la República, que determinará “si existen elementos probatorios de acuerdo con el sistema jurídico mexicano”.
La respuesta llegó después de que el embajador del vecino país, Ronald Johson divulgara en sus redes digitales las acusaciones y peticiones de una fiscalía con sede en Nueva York. Según el fiscal federal Jay Clayton, Rocha Moya, gobernador de Sinaloa y de otros nueve funcionarios del gobierno mexicano, entre ellos el senador Enrique Inzunza y el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez están acusados por conspirar para importar narcóticos y poseer armas.
Rocha Moya rechazó las acusaciones en un comunicado en redes sociales y afirmó que “demostrará, con toda contundencia, en el momento oportuno” que las acusaciones “carecen de veracidad y fundamento alguno”. Las acusaciones implican condenas de entre 40 años y cadena perpetua.
Las acusaciones en contra del gobernador Rocha coinciden con la reiterada petición de la Presidenta Claudia Sheinbaum a los gobernadores para que respeten la soberanía del país, luego de que la gobernadora panista María Eugenia Campos fuera señalada por traición a la patria por permitir la operación en tierra de agentes de la CIA en Chihuahua, si avisar a la federación.
