*Gerardo Albarrán de Alba
Fotógrafo y editor de su propia revista, el entusiasmo de mi colega era exultante mientras me contaba cómo extorsionaba alcaldes. Fixer improvisado, cuando mi guía formal –un académico local– tuvo que ausentarse por un día, aceleraba su destartalado auto mientras me conducía por un tramo de alto riesgo en la frontera chica de Tamaulipas. De pronto, sacó debajo de su asiento un fardo de publicaciones que ilustraban el trato a los funcionarios: portadas lisonjeras para quienes le compraban su complacencia; vejatorios encabezados que enmarcaban imágenes desfavorables de aquellos que se resistieron al chantaje. Y sonreía, orgulloso de su mala leche cultivada como género periodístico, la calumnia como modelo de negocio.
No era cinismo, la actitud de mi colega. Era una espontánea y sincera ostentación de una práctica naturalizada en parte de la prensa local, habituada a todas las modalidades del chayo como modus vivendi.
Era 2010, y yo recorría el estado, recabando testimonios de la guerra entre “Zetas” y Cártel del Golfo y de la ominosa desaparición de más de media docena de periodistas de cuyo nombre nadie quería acordarse.
La anécdota viene al caso por la propuesta para crear un “Colegio de Periodistas” local con atribuciones de tribunal deontológico, contenida en una iniciativa reforma a la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas para el Estado de Tamaulipas.
El proyecto fue presentado el 12 de abril por la diputada Cynthia Jaime Castillo supuestamente a petición de un grupo de periodistas, al cual no identificó. Sin embargo, el Colectivo Periodistas A.C. (Coper), que opera en el sur del estado, se atribuyó la promoción de la idea desde hace un par de años.
Según la diputada Jaime Castillo, la intención es armonizar la protección de los periodistas, el respeto a la libertad de expresión y el fortalecimiento de la ética y la responsabilidad social en el ejercicio informativo, mediante las figuras de recomendaciones éticas y de extrañamiento público, “concebidas como instrumentos de autorregulación profesional de carácter no coercitivo”.
La reacción de gremio fue inmediata y disconforme. La prensa local recurrió a la descalificación fácil de la iniciativa porque supuestamente: pretende crear un “colegio regulador” del periodismo o un ente que “sancione” malas prácticas; la colegiación será obligatoria; va a exigir la comprobación de un título de licenciatura en Ciencias de la Comunicación o Periodismo para ejercer; va a interferir en la línea editorial de los medios; es un intento de “ley mordaza”; es un sistema de “vigilancia reputacional”; se trata de un mecanismo de “coacción normativa”; “abre la puerta a la censura”. Y así…
La Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas sintetizó los temores por la iniciativa, a partir de una interpretación fatalista: “puede generar presión, inhibición y posible censura directa”, así como “consecuencias sociales” para periodistas que reciban una recomendación ética o un La Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas sintetizó los temores por la iniciativa, a partir de una interpretación fatalista: ‘puede generar presión, inhibición y posible censura directa’.” extrañamiento público.
Además, advirtió que este tipo de mecanismos puede profundizar las violencias ya existentes contra las mujeres periodistas. Para ellas, la libertad de expresión “no puede estar sujeta a órganos que determinen qué acciones son éticas y cuáles no”.
Y aunque la diputada Jaime Castillo aclaró que la iniciativa plantea la creación de un organismo autónomo, sin intervención del gobierno y sin facultades sancionatorias, donde los propios periodistas definan su organización, reglas y código de ética, bajo un esquema de autorregulación, la polémica ya estaba a nivel nacional.
La postura de la Red de Mujeres Periodistas de Tamaulipas fue retomada por varios medios de la Ciudad de México, y luego el capítulo mexicano de Articulo 19 se sumó al rechazo de un Colegio de Periodistas en el estado.
Según la organización, esta iniciativa, “en su redacción actual, otorgaría un rol de control al Estado sobre lo que considera ‘prácticas éticas periodísticas’, y provoca el riesgo de ser utilizado como herramienta de hostigamiento legal contra la prensa”.
Artículo 19 se dijo también preocupado por que el Estado “quiera enmarcar un criterio de moralidad o ética” en el ejercicio periodístico. Sin embargo, la palabra “moral” sólo aparece una vez en la propuesta no como sustantivo, sino como efecto reputacional de un eventual “extrañamiento público”, lo que ocurriría “únicamente cuando se acrediten faltas graves al código de ética”. La iniciativa no incluye ningún “criterio de moralidad”.
Esta organización reconoce que los colegios de periodistas no son contrarios a la libertad de expresión, pero advierte –y en ello sí coincido– que primero debe existir una definición clara sobre su rol autónomo, separado del Estado “y con mecanismos internos de regulación” que permitan mantener su independencia.
Finalmente, Artículo 19 asegura que “la promoción de estándares éticos dista mucho de generar casos donde se evalúe individualmente la ética (sic) y se publique una evaluación o rechazo de su labor”, olvidando que precisamente los estándares éticos –sistematizados en códigos deontológicos– son el punto de referencia para medir y juzgar la calidad ética de los periodistas profesionales, tanto en lo individual como en lo gremial, así como la credibilidad de los medios.
Y aunque acepta que los colegios de periodistas “pueden generar” protocolos éticos para la prensa, Artículo 19 descalifica a priori la iniciativa tamaulipeca porque, a su parecer, “no deben de generarse tribunales de facto con criterios arbitrarios”.
La interpretación de esta organización, además de catastrofista, no encuentra sustento en ninguna parte del proyecto legislativo. Por el contrario, la iniciativa es enfática al señalar que no es coercitiva y que “no pretende introducir mecanismos de censura ni de control estatal”. Más bien propone un esquema de autorregulación profesional “en el que el propio gremio, a través de un órgano colegiado autónomo, pueda emitir pronunciamientos éticos con efectos exclusivamente reputacionales, garantizando en todo momento la prohibición de censura previa, la libertad de trabajo, el debido proceso y el principio de proporcionalidad”. Los lectores de Zócalo pueden consultar la iniciativa completa en este enlace: https://bit.ly/SdP3244
Desmitificando la autorregulación La preocupación por el ejercicio responsable del periodismo –es decir, ético–, ha acompañado a la profesión desde que se creó la primera ley de libertad de prensa en el mundo (Suecia, 1766). Desde entonces, mucho han cambiado nuestras sociedades, los medios de comunicación y el periodismo. Hoy promovemos valores liberales para defender nuestras libertades y nuestras democracias, que encuentran en nuestra profesión un pilar esencial.
No obstante, en México suelen menospreciarse los mecanismos de autorregulación periodística, aunque en realidad incluso se ignora la existencia misma de la mayor parte de ellos. A esto se suma el contexto de violencia contra la prensa y la rampante impunidad de los crímenes cometidos contra los periodistas en este país. Se puede entender que hablar de controles deontológicos alerte a muchos. Pero de ahí a oponerse por sistema a la autorregulación deontológica hay un largo trecho. En buena medida, los argumentos anteriores son fachada de la vieja y cínica consigna de “perro no come perro”, como suele justificarse hacer caso omiso de la corrupción periodística, que no es sólo material sino fundamentalmente moral.
La autorregulación es todo lo contrario.
Partiendo de los códigos de ética como abstracción de los valores voluntariamente aceptados por un gremio profesional, la autorregulación es la adopción de reglas de conducta obligatorias para los sujetos a un ordenamiento deontológico. Además, los códigos de ética otorgan identidad y estatus a la profesión en la medida en que precisamente norman un funcionamiento colegial. Y esto es lo que verdaderamente permite acotar la competencia interna para tratar de excluir a los no calificados y a los inescrupulosos.
Los “tribunales” de ética –como el que se propone para Tamaulipas– existen con muchos nombres y estructuras en todo el mundo, y son una forma de asegurar el cumplimiento de nuestros códigos profesionales, pero también son un mecanismo para arbitrar diferendos deontológicos.
Un buen ejemplo es la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología del Periodismo que tiene su origen en la aprobación del Código Deontológico de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), hacia finales de 1993, aunque entró en pleno funcionamiento hasta 2011. A esta Comisión se han adherido más de medio centenar de medios, entre los que destacan la Agencia EFE y el Grupo Prisa, al que pertenecen el diario El País, el deportivo As, la Cadena Ser, la colombiana Caracol Radio, la mexicana W Radio y muchos otros medios en Estados Unidos y toda Latinoamérica.
Esta Comisión forma parte de una tradición de autorregulación en Europa que se remonta a Suecia, cuando se crea en 1916 el “Consejo de Opinión de la Prensa” (Pressens Opinionsnämnd). Habrá que esperar hasta 1953 para la creación de un Consejo de Prensa que velaría por el correcto ejercicio de la profesión, en este caso en Inglaterra, aunque en el fondo se trató de una respuesta política de los editores ante la amenaza de marcos legislativos más restrictivos que controlara a la amarillista prensa británica.
Este Consejo se transformó en 1991, cuando nuevamente los editores reaccionan a una nueva amenaza de regulación estatal ante flagrantes violaciones éticas de buena parte de los periódicos. Se creó entonces la Comisión de Querellas contra la Prensa (Press Complaints Comission), una institución independiente de autorregulación del sector, que atiende los reclamas de lectores sobre los contenidos de los medios de comunicación escrita.
Estas quejas se relacionan, generalmente, con el derecho al honor, a la privacidad y a la réplica, así como con los derechos de las minorías y de los niños, de acuerdo con un código ético que rije para el conjunto de los medios. Veintiún años después, en 2012, tras un nuevo escándalo que involucró a News of the World, de Rupert Murdoch, una investigación sobre la cultura y ética de la prensa británica (conocido como “Informe Levenson”) recomendó un nuevo sistema de autorregulación independiente para los medios del Reino Unido.
De hecho, en las democracias consolidadas, en muchos casos los consejos de prensa han sido un instrumento de los dueños de los medios para frenar iniciativas gubernamentales de regulación, alimentadas –eso sí– por el descrédito público de los propios medios. Así nacieron el Consejo de Prensa de Alemania (1956) y el extinto Consejo Nacional de Prensa de Estados Unidos (1973). En ambos casos, al igual que el Consejo General de Prensa británico de 1953, enfrentaban la amenaza de que se les impusiera un consejo de prensa gubernamental, luego de severos juicios deontológicos contra la prensa.
Este mecanismo de autorregulación se ha extendido gradualmente, con distintos resultados, y es posible hoy encontrarlo en los cinco continentes.
Solamente en Europa, otras experiencias que abonan a las virtudes de la autorregulación periodística son el Consejo de Prensa de Austria (1961)el Consejo de Medios de Comunicación de Finlandia (1968) y el Consejo de la Prensa de Dinamarca (1992), además de organismos similares en Suecia (donde además hay un News Ombudsman para todos los medios del país), Portugal y Países Bajos.
En Latinoamérica existen dos sólidas experiencias: la Federación de Medios de Comunicación Social de Chile y el Consejo de la Prensa Peruana, ambas nacidas también como respuesta a coyunturas políticas específicas: en Chile, en 1991, al finalizar la dictadura militar de Augusto Pinochet, ante el avance de propuestas legislativas en materia de derecho de la información, y en Perú, en 1997, bajo el cuestionado régimen de Alberto Fujimori, como una forma de defensa de las libertades de información, expresión, opinión y de la libre empresa periodística.
De estos organismos han surgido el chileno Consejo de Ética de los Medios de Comunicación, un órgano de autorregulación de la ética periodística creado en 1991 por un acuerdo de la ya mencionada Federación de Medios, integrada a su vez por la Asociación de Radiodifusores de Chile (ARCHI), la Asociación Nacional de Televisión (ANATEL) y la Asociación Nacional de la Prensa (ANP).
Desde 1996, el Tribunal de Ética del Consejo peruano soluciona conflictos éticos en el periodismo, resuelve reclamos de la ciudadanía y promueve la autorregulación de los medios. El Tribunal funciona con cinco vocales, seleccionados a través de una comisión, que mantienen independencia y autonomía respecto de todos los órganos del propio Consejo que, a su vez, es una asociación civil sin fines de lucro, no gubernamental y sin afiliación partidaria “ni de otra índole”, según declara ella misma.
Cabe señalar que todos estos consejos y tribunales dan la razón a quien la tenga, desestimando siempre quejas infundadas y socializando así el buen quehacer ético de periodistas y medios.
Desde siempre, el tema de la colegiación es uno de los que más divide la opinión de los periodistas latinoamericanos. El resquemor tiene un anclaje histórico, pues a lo largo del siglo XX la mayoría de estas instituciones fueron producto de la intervención estatal mediante leyes que hacían obligatoria la afiliación de los profesionales, ganándose la percepción de ser organismos de control más que de reconocimiento de un estatus profesional. En muchos casos fue así, particularmente en contextos de dictaduras militares. Por fortuna, desde 1985, la Corte Internacional de Derechos Humanos (CIDH) determinó que está práctica contraviene la Convención Americana de Derechos Humanos y viola el derecho a la libertad de expresión, pues el periodismo no es solamente una profesión, sino el ejercicio de un derecho humano.
En cualquier caso, discutir sobre la pertinencia de un colegio profesional de periodistas aún hoy implica tener que tomar posición entre uno de los dos extremos que polarizan una discusión tan vieja como el propio periodismo: ¿Es éste un oficio o es una profesión? Y cuando la idea surge de cualquier instancia de gobierno, el debate se enrarece, mezclándose juegos de intereses extraperiodísticos, como en el caso actual de Tamaulipas.
De por sí es común la oposición de antemano a cualquier intento de legislación en torno al periodismo, en particular, y a los medios de comunicación, en general. Esta postura responde a la demonización del Estado por parte de propietarios y organizaciones empresariales de medios que se sintetiza en la expresión: “la mejor ley es la que no existe”.
Es verdad que existe una tentación natural de todo grupo de poder por controlar a los medios para ponerlos a su servicio. Pero también es cierto que desde éstos últimos existe el permanente impulso a ejercer una libertad ilimitada, a costa de los demás derechos sustantivos. En ambos casos, se supone que en un Estado democrático y social de derecho encontramos las herramientas para contener esos apetitos.
Sí, regular es un riesgo; no hacerlo es un peligro.
Me quedo con uno de los argumentos de la iniciativa para crear un Colegio de Periodistas en el estado de Tamaulipas, independientemente de que prospere o no: la protección del ejercicio periodístico “no excluye la necesidad de promover estándares éticos que fortalezcan la credibilidad, la responsabilidad social y la confianza pública en los medios de comunicación”. En efecto, son objetivos complementarios.
*Es periodista desde hace 47 años, ejerciendo varias funciones en medios como La Jornada, El Financiero y Proceso, entre otros. Estudió una Maestría en Comunicación en la Universidad Iberoamericana y un Doctorado en Derecho de la Información en la Universidad de Occidente. News Ombudsman desde 2011, fue el creador y primer titular de una Defensoría de las Audiencias de una radio comercial en México, en Noticias MVS; luego fue defensor en Radio Educación y en Ibero 90.9, así como en Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara. Es miembro de The Organization of News Ombuds and Standards Editors (ONO), de la que ha sido integrante de su Junta Directiva, y es fundador de la Organización Interamericana de Defensorías de Audiencias (OID), de la que también fue miembro de su primer Consejo Directivo. Fue presidente del primer Consejo Consultivo del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Ciudad de México y tuvo a su cargo la Agenda de Libertad de Expresión de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México. En X se encuentra como @saladeprensa.
