Durante la conferencia matutina, la Presidenta Claudia Sheinbaum externó que, tras las acusaciones de vínculos con el narcotráfico emitidas por Estados Unidos contra el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, se exigirá pruebas “contundentes” antes de cualquier aprehensión y extradición, aunque reiteró que su gobierno investigara
Sheinbaum insistió que no puede aprehenderse ni extraditarse a ningún ciudadano sin pruebas, y que mientras no las haya en el caso de Rocha, las imputaciones del Departamento de Justicia son asunto político.
“Nosotros no vamos a cubrir a nadie que haya cometido un delito. Sin embargo, si no existen pruebas claras, es evidente que el objetivo de estas imputaciones por parte del departamento de justicia es político”, puntualizó.
Aseguró que, si la FGR encuentra elementos de un delito, su gobierno procederá conforme a derecho y bajo la jurisdicción mexicana.
“Si la Fiscalía General de la República, que es la autoridad competente, recibe pruebas contundentes e irrefutables, conforme a la legislación mexicana, o en su propia investigación encuentra elementos constitutivos de un delito, deberá proceder conforme a derecho bajo nuestra jurisdicción”, señaló.
Una vez que concluyan las investigaciones, la FGR emitirá su opinión a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) sobre las acusaciones contra el gobernador de Sinaloa y a los otros nueve funcionarios, para que la Cancillería pueda informar a las autoridades de Estados Unidos.
“¿Cómo la Presidenta va a acusar a un gobernador sin pruebas? Actuaría de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN o de Movimiento Ciudadano, imagínense que viniera una petición de detención provisional con fines de extradición a un gobernador de otro partido, sin ninguna prueba. ¿Porque es de otro partido voy a actuar distinto? No, me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía”, señaló.
La mandataria informó que sostuvo comunicación con el gobernador de Sinaloa, y le manifestó que, mientras no existan pruebas, no tiene de qué preocuparse.
Según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos, diez funcionarios mexicanos tendrían relación con el Cártel de Sinaloa, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa; Enrique Inzunza Cázares, senador de Morena y Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa.
Redacción
