El modelo de negocios de las empresas de redes socio-digitales y de publicidad frenan la regulación de contenidos en internet, muchos de los cuales afectan los derechos de niñas, niños y adolescentes, coinciden Dardo Neubauer, Eloy Caloca y la abogada Isis Rangel, investigadores del Programa Universitario de Estudios sobre Democracia, Justicia y Sociedad (PUEDJS) de la UNAM.
Los expertos consideraron necesario que el Congreso de la Unión y la Presidencia de la República trabajen en una propuesta de marco legislativo para proteger a las infancias -y a la ciudadanía en general- de contenidos violentos o que promueven la discriminación, vulneran derechos o causan afectaciones sociales negativas.
Dardo Neubauer explicó que los contenidos que se viralizan en el espacio digital tienden a ser cada vez más hostiles, violentos e inclinados a la xenofobia y el racismo. Esto sucede en plataformas diseñadas para mantener la atención de las personas. Es decir, la estructura de las plataformas hace que la presencia y la tensión se expanda y se profundice a lo largo del tiempo.
“En los inicios de internet uno podía culpar a la persona que subía un contenido violento porque era una decisión individual. Sin embargo, los marcos de amplificación de estos discursos hacen que haya una disposición propia de las plataformas y de la estructura algorítmica de amplificar esto. Sabemos que la economía de la atención basa su ingreso económico en que la gente esté todo el tiempo detrás de la pantalla, lo que maximiza el ingreso publicitario”, explicó Neubauer.
Enfatizó que, aunque desde 2015 las plataformas han promovido modelos de autorregulación para evitar contenidos violentos o pornográficos, estos se basan en no afectar el negocio publicitario. Entonces, aunque las plataformas tienen un lenguaje tendiente a los derechos humanos y se muestran abiertas a la discusión plural, al respaldar políticas de términos y condiciones que las personas firman cuando se suscribe a una plataforma, la última palabra la tienen los dueños, quienes establecen hasta qué punto avanzar sin afectar el modelo de negocio.
El investigador recordó que ya se avanza en la regulación de las redes socio-digitales en diferentes latitudes. Por ejemplo, el año pasado Australia tomó la medida de prohibir el uso de redes sociales para menores de 16 años, algo que se intenta replicar en España, como lo declaró el presidente Pedro Sánchez. Otro ejemplo es que las plataformas de juegos, como Roblox, están afinando su proceso de control parental. Mientras que Brasil delimitó el acceso a información violenta o ilegal en beneficio de las infancias.
Eloy Caloca advirtió que uno de los impedimentos para avanzar en la regulación de las redes, además del poder de las grandes plataformas y corporaciones, son las oligarquías o élites porque ahí es donde están las redes de anunciantes y de desarrolladores de contenido. “No solo estamos hablando que empresas como Meta y X, propiedad de Elon Musk, o como Snapchat las que frenan la regulación, sino también una red enorme, empresarial, que ha convertido el modelo de negocios y el diseño algorítmico en una propagación de publicidad”.
Afectaciones sociales en las infancias
En su oportunidad, la abogada y experta en redes sociales, Isis Rangel, explicó que las madres y padres de familia, observan los beneficios de las redes socio-digitales porque facilitan el acceso a contenido educativo o escolar. Sin embargo, mencionó que la búsqueda de información puede llevar a contenido nocivo. Por ejemplo, si un adolescente busca información para ejercitarse en casa sin ir al gimnasio, esa búsqueda lo puede llevar a videos sobre pastillas para adelgazar y en el futuro poner en riesgo su salud.
Señaló que incluso plataformas como Roblox, que parecen estar bien estructurada para que niñas y niños jueguen, tienen resquicios porque hay demasiadas salas dentro de este juego, donde se reproducen contenidos para adultos. Incluso estos juegos pueden generar bullying en el espacio digital que tiene consecuencias en la vida real.
Si bien las madres y padres de familia tienen responsabilidad en los contenidos que consumen sus hijas o hijos, la experta destacó que las empresas digitales tienen la mayor responsabilidad porque saben lo que se consume dentro de las plataformas y conocen los comportamientos de las personas, como los horarios cuando se conecta alguien con una vida escolar o laboral y los periodos cuando se desconecta.
Rangel destacó que incluso en el espacio digital hay un esquema muy riguroso cuando se intenta violar el derecho de autor. Por ejemplo, las reglas son estrictas si se trata de usar canciones que tienen derechos de autor, porque el objetivo es evitar afectar el negocio de la industria musical; pero cuando se trata de proteger a las infancias frente a contenidos violentos, la regulación es endeble y las respuestas tardan o no son óptimas.
En este contexto, los expertos quienes participaron en el programa “Señal Tlatelolco” del PUEDJS, coincidieron en la necesidad de que las autoridades mexicanas analicen las regulaciones de otros países y desarrollen una legislación para definir la responsabilidad de las plataformas en la comisión u omisión de determinados delitos o acciones ilegales.
Informaron que lo expuesto en este programa, se entregó al Poder Legislativo, en el documento Decálogo de Derechos Digitales del PUEDJS, una serie de principios regulatorios en torno a las redes sociales que busca priorizar el bienestar de la ciudadanía y proteger los datos personales, así como la experiencia de la Clínica de Litigio Estratégico que ofrece orientación jurídica gratuita a quienes consideran que sus derechos fueron violados en las redes socio-digitales.
Anayeli García Martínez
