Gabriel Sosa Plata*
El Programa Anual de Uso y Aprovechamiento de Bandas de Frecuencias 2026, aprobado por la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), contempla, en el caso de la radio y la televisión, un conjunto de frecuencias que, sin romper del todo con inercias históricas, introduce matices relevantes con el objetivo de fortalecer mucho más la radiodifusión pública y comunitaria frente la preponderancia del modelo comercial que ha prevalecido en México.
En radio FM se consideran 19 frecuencias, de las cuales 6 serían de uso comercial, 9 de uso público y 4 de uso social. En AM se proyectan 21 frecuencias, con 7 de uso comercial y 14 de uso social. En televisión digital terrestre, el programa prevé 12 canales, distribuidos en 4 comerciales, 4 públicos y 4 sociales.
La comparación con el programa de 2025 resulta inevitable.
En el año que está por terminar se contemplaron 89 frecuencias de FM, de las cuales 37 fueron destinadas al uso comercial, frente a 22 públicas y 30 sociales. En televisión, la asimetría fue todavía más evidente: 21 concesiones comerciales, 14 públicas y apenas 5 sociales.
Lo que hoy se observa es un intento, políticamente relevante, de reequilibrar la balanza. No se trata sólo de números, sino del reconocimiento de que la radiodifusión cumple una función social que no puede medirse únicamente en términos de rentabilidad.
En ese contexto resultan también significativas las reuniones que particularmente la comisionada Mercedes Olivares ha sostenido en las últimas semanas con representantes de medios comunitarios e indígenas, actores históricamente marginados de las decisiones estructurales sobre el uso del espectro.
Como en años anteriores, el Programa 2026 no se limita a enlistar frecuencias disponibles, sino que incorpora el análisis de las solicitudes de inclusión de frecuencias, lo que en los hechos construye y actualiza el propio Programa. Es decir, no se trata de un documento cerrado, sino de un instrumento vivo, capaz de ajustarse a las necesidades reales de comunicación de las comunidades.
Más aún: se mantendrá abierta, de manera permanente, la posibilidad de que cualquier persona interesada en obtener una concesión de uso social, comunitario o indígena pueda presentar su solicitud en cualquier día y en cualquier horario hábil, sin depender de convocatorias excepcionales o ventanas restrictivas. Este punto, que podría pasar desapercibido, es un impulso en la democratización del espectro radioeléctrico, especialmente en territorios donde los procesos organizativos no siempre se ajustan a los tiempos administrativos del Estado.
El Programa 2026 dialoga así, de manera directa, con el espíritu de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, que impulsó la presidenta Claudia Sheinbaum y aprobó el Congreso a mediados de este año; una ley que busca reorientar la política pública del sector hacia el interés general, fortalecer los derechos de las audiencias y reconocer a los medios públicos, sociales, comunitarios e indígenas como actores fundamentales para la vida democrática del país.
Un debate que no debe cerrarse
Y ya que hablamos de la presidenta Sheinbaum, hace algunos días tomó la decisión de retirar el impuesto a los videojuegos con contenidos violentos.
Como bien señaló la diputada Dolores Padierna, la discusión de fondo sigue vigente: cómo enfrentar, desde una política pública integral, los impactos culturales, sociales y educativos del consumo digital de los videojuegos y otros contenidos audiovisuales, particularmente entre niñas, niños y adolescentes.
El planteamiento del gravamen no era un acto de censura ni una cruzada moralista, sino una forma de colocar el tema en la agenda pública.
Coincido con Padierna en que el problema no puede reducirse a una decisión fiscal ni despacharse como una anécdota técnica. Lo que está en juego es la responsabilidad del Estado frente a fenómenos como la ludopatía, los fraudes digitales, la exposición temprana a contenidos violentos y la ausencia de una alfabetización mediática sólida.
La cancelación del impuesto no debe traducirse en inmovilidad ni mucho menos como un triunfo de las poderosas transnacionales de la industria del juego. Al contrario, obliga a pensar con mayor profundidad en políticas públicas articuladas que incluyan educación digital, regulación inteligente y mecanismos efectivos de protección para niñas, niños y adolescentes. Veremos en los próximos días la propuesta que presentará al respecto el gobierno federal.
Y con esta columna, nos despedimos del 2025. Le deseo a usted y su familia un maravilloso año 2026. Nos reencontramos la semana siguiente en “Pantallas en Disputa”.
* Profesor e investigador de la UAM-Xochimilco y periodista. Defensor de audiencias. Conduce el programa Media 20.1 en TV UNAM.
