El gobierno de la República comenzó desde el pasado 1 de septiembre un programa piloto para el registro de usuarios de telefonía móvil, con el cual se busca reducir el número de secuestros, extorsiones al igual que fraudes cometidos mediante líneas telefónicas.
Este ejercicio concluirá en octubre próximo, mes en el que entrarán en vigor las nuevas disposiciones en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, las cuales harán obligatorio el registro de usuarios de telefonía móvil.
La forma en la que operará el Registro de Usuarios de Telefonía Móvil consiste en lo siguiente:
- El centro de atención de una operadora telefónica solicitará la Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual ya tendrá los datos biométricos de las personas, ya que las iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada contempla la creación de una CURP asociada a datos biométricos y una Plataforma Única de Identidad.
- El personal del centro de atención corroborará los datos de la CURP y los vinculará a la nueva línea telefónica.
- Respecto a las líneas activas, éstas tendrán un periodo para su registro, por lo que la operadora habilitará la modalidad remota para facilitar todo este nuevo proceso.
Es necesario recalcar que este programa está a cargo de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) y de las operadoras de telefonía móvil como Telcel, Movistar, AT&T, Bait y Altán. Este acuerdo se concretó entre el titular de la Unidad de Coordinación Nacional de Infraestructura Digital de la ATDT, Jorge Luis Pérez Hernández, así como con los representantes de dichas empresas.
Todos ellos se reunieron en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en donde se contó con la presencia del subsecretario de Política Criminal, Vinculación y Protección Civil, José Luis Rodríguez, al igual que el director general de Consulta y Estudios Constitucionales de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), José Antonio Montero.
Registro de Usuarios ya existía, pero fue declarado inconstitucional
En 2021, legisladores aprobaron varias reformas a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, pero el ahora extinto Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y legisladores de oposición promovieron, por separado, una acción de inconstitucionalidad contra esta medida.
El proyecto fue analizado por la ministra de la Suprema Corte Norma Lucía Piña Hernández. La ministra, que anteriormente ya había concedido una suspensión al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) respecto al mismo tema, resolvió que esta medida era invasiva, además de que violaba derechos humanos, por lo que consideró que se trataba de una inconstitucionalidad.
“No debemos olvidar que el tratamiento de los datos personales con el Panaut (Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil) no es optativo para las personas, sino que es obligatorio si quieren tener activa una línea de telefonía móvil, por eso el impacto es fuerte en los derechos humanos. La entrega de los datos personales se impone como obligación a los usuarios a fin de poder conservar una línea de telefonía móvil y el usuario no determina el uso que se dará a sus datos”, argumentó Piña Hernández.
El Panaut fue declarado inconstitucional con el voto mayoritario de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de las Nación en 2022.
Abraham Pensamiento
