Durante la conferencia mañanera de este miércoles, el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, informó que se eliminará completamente el artículo 109 de la iniciativa de ley en la materia, la cual se analiza el Senado, y que en semanas recientes provocó polémica por presuntamente “censurar” a las plataformas digitales.
Igualmente, el funcionario remarcó que la iniciativa imposibilita la transmisión de propaganda política extranjera en México con el objetivo de garantizar la soberanía de la nación.
Merino brindó detalles de la nueva Ley Telecom y explicó que regulará al “ecosistema” digital compuesto por satélites, torres de telecomunicaciones, uso de internet y todos los elementos que se utilizan para transferir información entre sí, y los alámbricos que funcionan con fibra óptica.
Asimismo, se pretende regular el acceso y uso de los recursos en telecomunicaciones, y asegurar con ello la calidad del servicio y la cooperación entre las empresas que ofrecen estos servicios.
El titular de la ATDT destacó la importancia de la reforma, pues alrededor de 10.2 millones de personas viven en regiones sin cobertura 4G, y en cambio hay 4.4 millones que sí habitan en regiones con esta cobertura, pero carecen de los medios para pagar el servicio de telecomunicaciones, con lo que se limita su acceso a la información y otros recursos útiles.
Un objetivo importante de la reforma es garantizar el acceso de toda la población, independientemente de su condición, a los servicios de telecomunicaciones. En ese sentido, Merino reconoció la labor del expresidente Andrés Manuel López Obrador al facultar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para que brinde servicios de internet y telefonía a poblaciones aisladas, mediante el programa Conectividad para el Bienestar.
Al respecto, abundó el funcionario, la norma ya no limita al sector público para brindar servicios de telecomunicaciones, y garantiza que las grandes empresas atiendan a las comunidades locales que no poseen recursos. También se busca satisfacer las necesidades de instituciones como las universidades en materia de telecomunicaciones.
Igualmente, se facilitará a las estaciones de radio de comunidades indígenas y afrodescendientes el acceso a frecuencias y de recursos, para que tengan más difusión y alcance.
En apoyo a la ciudadanía, se establecerán filtros para impedir el abuso de las empresas privadas, y se garantizarán los derechos de las audiencias con un código de ética para los proveedores. En esa línea, se prohibirá el servicio de telecomunicaciones en las prisiones para que no haya abuso por parte de las personas privadas de su libertad.
Asimismo, se creará un órgano desconcentrado que supervisará la correcta ejecución de las normas y el uso de la infraestructura.
Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum añadió que no hay que olvidar que desaparecen el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) y la Comisión Federal de Competencia (Cofece), a fin de que una nueva instancia garantice la seguridad e impida los monopolios en el sector.
Ángel Sánchez
