Balbina Flores Martínez
Si habría que resumir la situación de la prensa al cierre de 2024, diría que fue un año difícil, no muy distinto a otros. El 30 de septiembre concluyó el gobierno de la llamada 4T encabezada por AMLO, e inició la era del Segundo Piso, con la presidenta Claudia Sheinbaum, con grandes desafíos no sólo para el país, sino en particular para la situación de la prensa. Al cierre de 2024, siete periodistas fueron asesinados, en cuatro casos por lo menos aquellos hechos están relacionados con su labor periodística. Aquella cifra es más alta que en 2023, que concluyó con cuatro homicidios de comunicadores.
Combatir la inseguridad entre el gremio seguirá siendo uno de los grandes desafíos de la presidenta Sheinbaum. En los primeros 60 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, ha dado señales de querer ser distinta en su trato a la prensa, podemos verlo en el discurso con un lenguaje no agresivo en sus conferencias hacia los medios y periodistas, pero no todo está dicho hasta ahora, aún le queda un largo camino por recorrer en adelante. El primer gesto ahí está.
Tristemente, ya en la actual administración federal, el 29 de octubre fue asesinado en Uruapan, Michoacán el periodista Mauricio Cruz Solis, del medio Minuto X Minuto, y conductor de un Programa informativo en Radiorama, segundos después de haber entrevistado al alcalde municipal independiente Carlos Manzo, funcionario, con un discurso fuertemente estigmatizante hacía la prensa, quien desde que llegó al puesto reprodujo ese lenguaje. Sin embargo su primera reacción ante el asesinato del periodista Mauricio Cruz Solis a pregunta de una reportera en la mañanera del 31 de octubre, la respuesta de Sheinbaum fue fría y distante;”ya se está investigando”.
La respuesta sin un gesto de sensibilidad me dejó desconcertada. Pregunto si será esta la respuesta de los siguientes años, espero que no. Hechos como este, lastiman no sólo a los familiares, sino a todoel gremio periodístico, desde hace años. Se esperaba una respuesta más enérgica de la Presidenta, un mensaje directo y contundente pero sobre todo un compromiso de que estos hechos no deben repertirse.
Este primer caso ocurrido al inicio del gobierno debe ser motivo suficiente para que se enciendan las alertas en el inicio de este sexenio y empezar a impulsar una política integral de atención a las causas de estos crímenes y que como bien menciona Reporteros Sin Fronteras (RSF) en la carta compromiso que firmó la presidenta en mayo de 2024: “Se impulse una política integral para atender las zonas de alto riesgo para la prensa, impulsando acciones encaminadas a la investigación, transparencia y protección para que estas zonas de riesgo no se amplíen” y que el silenciamiento de periodistas no continúe.
Urge política con perspectiva de derechos humanos que garantice protección de periodistas, defensores Una política que necesita un mensaje contundente desde arriba pero también de recursos suficientes humanos y económicos para garantizar una política de atención y prevención a corto y largo plazo.
Al revisar el presupuesto solicitado para 2025 por la Secretaría de Gobernación, se proyecta para la Dirección General de Protección de Defensores y Periodistas la cantidad de 598 millones 259 mil pesos, cifra menor a lo solicitado en 2024, que fue de 800 millones de pesos. Ese presupuesto no refleja la importancia de proteger a defensores y periodistas sobre todo para un Mecanismo que ha incrementado su atención en un 193 por ciento en comparación con el inicio de la administración anterior.
La protección de defensores y periodistas debe ser una prioridad en el presupuesto, como parte de esta política integral que se requiere para garantizar la libertad de expresión. El compromiso número 5 de la carta firmada por la Presidenta en el tema de protección denominado promover legislaciones que garanticen el ejercicio periodístico, plantea “destinar los máximos recursos disponibles a la política pública”, en el tema de protección. Actualmente, el Mecanismo de Protección tiene bajo resguardo a dos mil 336 personas, 654 periodistas y mil 257 defensores más 425 familiares.
Una política humanista que tenga como eje principal la atención a los derechos humanos sería otra forma de atender las causas de la violencia, y los presupuestos planteados para 2025, reflejan una mayor austeridad cuando no un recorte significativo a sus gastos de operación.
Por ejemplo, en el tema de víctimas la organización Fundar en su análisis publicado recientemente, el presupuesto indica que la Comisión Nacional de Búsqueda tendría un recorte de 8.11 por ciento y en menor medida para las comisiones locales un 4.12 por ciento. Esas Comisiones son las responsables de dar seguimiento a la búsqueda e identificación de personas.
La Comisión de Atención a Víctimas tendría un recorte del 3.6 por ciento, donde las ayudas sociales (asistencia, apoyo y reparación) registra un recorte de 0.4 por ciento en 2025. Los mismos datos de Fundar indican que en materia de acceso a la justicia, “en el ámbito de la investigación de violaciones graves a derechos humanos, como la desaparición y tortura, las fiscalías especializadas en cada materia de la Fiscalía General de la República (FGR) presentan descensos de 0.8% y 3.6%, respectivamente.
Mientras que la Fiscalía de Derechos Humanos —a la que están adscritas las dos anteriores— registra un aumento sólo de 0.1%. En términos porcentuales la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (FEMDO) proyecta un incremento de 0.6%, que equivale a sólo 3.7 millones de pesos.
Con esos presupuestos de austeridad y recortes en áreas importantes, la pregunta es ¿cómo podemos esperar resultados en materia de derechos humanos y de investigación?, si las cantidades asignadas, no son las necesarias a las problemáticas que enfrenta el país desde hace años, como son los asesinatos y desapariciones de periodistas más de 150 homicidios, (47) en el gobierno que concluyó en septiembre. Ya no hablemos de los recursos humanos y técnicos de los que carecen las fiscalías que pareciera no importar a nadie.
Una política humanista que no considera la atención a las víctimas como prioridad no tiene un compromiso con los derechos humanos. Ojalá y los legisladores sí tengan esta visión humanista y en sus decisiones logren asignar más recursos a la protección, defensa y atención a las víctimas de este país. No ver eso, es negar sus derechos humanos y garantizarlos desde una política humanista.
Corresponsal en México de Reporteros Sin Fronteras
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