La Suprema Corte planteó todo un desafío a la Cámara de Diputados para que realice cambios a la Ley General de Comunicación Social, aprobada por priistas y panistas en 2018, recomendación que adquiere otra dimensión ahora que la mayoría en el Legislativo la tiene el partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), y sus aliados.
En septiembre, la Corte resolvió un amparo a favor de la organización Artículo 19, que había promovido esa garantía en contra de aquella ley por considerar que carecía de instrumentos medibles y transparentes para saber las razones en la asignación presupuestal, que tan sólo en el último año de Peña Nieto se gastó más de seis mil millones de pesos.
Aquella organización reconoce que la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador disminuyó hasta una quinta parte el presupuesto destinado a la publicidad gubernamental, así como otros mecanismos de transparencia establecidos a las empresas periodísticas que reciben pautas publicitarias.
Sin embargo, considera que el Poder Legislativo y el Ejecutivo continúan siendo omisos en impulsar una legislación en la que se indiquen los criterios técnicos para otorgar publicidad, así como crecer los porcentajes asignados a otros medios, porque ahora diez empresas son las grandes beneficiadas de una lista de varios cientos de medios.
Para el Legislativo y el Ejecutivo, una ley con mayores márgenes de transparencia resulta un desafío, en momentos en que, consecuencia de aquellas reducciones presupuestales, el gobierno de izquierda es blanco de todo tipo de cuestionamientos de los medios tradicionales: prensa, radio y televisión, que destacan cualquier insuficiencia gubernamental o magnifican errores administrativos o de política pública; convirtiendo a esos medios en comparsas de la oposición política.
Legisladores y Ejecutivo deberán hilar fino para incluir cambios a la Ley General de Comunicación Social, apoyada en 2018 por priistas y panistas, e incluir en una nueva propuesta requisitos de asignación y transparencia. Deberá incorporar, desde luego, criterios de contenido social y cultural para que los medios a quienes se les otorgue publicidad, cumplan realmente con la vocación social de informar.
