El Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y radiodifusión, como resultado de los conversatorios realizados en mayo con representantes de los sectores interesados en el tema, legislación que tuvo su origen en la iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Con la nueva normatividad, se reitera que el Estado mexicano controle y administre el espectro radioeléctrico y a la vez otorgue concesiones en igualdad de oportunidades a los sectores público, social, comunitario y empresarial.
En la ley se anuncia la creación de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que sustituye al extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), y también se crea la Comisión Reguladora en Telecomunicaciones, la cual asume atribuciones que en un primer momento se asignaron a la ATDT.
El texto aprobado, la noche del sábado 28, es una norma que atiende los intereses de la ciudadanía, los grupos vulnerables, el acceso y el sostenimiento de radios comunitarias, indígenas y afromexicanas, los medios públicos y de los concesionarios privados pequeños.
La norma obliga a todos los concesionarios de la radiodifusión (públicos, privados y sociales) a contar con Defensorías de Audiencias, lo que no contiene todavía la legislación vigente. Además, deberán establecer códigos de ética. Los defensores de audiencias durarán tres años en el cargo con posibilidad de ser prorrogados hasta en dos ocasiones, y se distingue claramente la información noticiosa de la de opinión que brinden los medios masivos de comunicación.
A su vez, se incorporan derechos para personas con discapacidad tales como: funciones de accesibilidad en aplicaciones y portales web, así como equipos accesibles, acercando a todas las personas al uso de las telecomunicaciones, las cuales contarán con perspectiva de género.
La nueva legislación está comprometida con la accesibilidad, pues buscará cubrir zonas geográficas que han sido excluidas del panorama digital. El Estado estará en igualdad de condiciones con otros concesionarios al prestar servicios de internet mediante licitaciones públicas, con lo que se atiende lo estipulado en el T-MEC.
La concesión brindada al Estado tendrá cobertura social, y el internet será gratuito en sitios públicos. Habrá exención en el pago del espectro radioeléctrico para operadores indígenas y afromexicanos, a fin de que haya plena cobertura social, ya que hay 17 millones de personas que carecen de acceso a internet.
En ese sentido, para las redes de uso social, comunitario, indígena o afromexicanos se garantizará la interconexión y, al mismo tiempo, las tarifas serán accesibles con el propósito de que haya una total inclusión. En otras palabras, la nueva ley busca integrar a todos los sectores que han sido excluidos.
El dictamen anterior de la Ley Telecom estipulaba que la ATDT se encargaría de todas las funciones del extinto IFT, por lo que este nuevo organismo —con carácter de secretaría de Estado— concentraba una cantidad excesiva de poder, según advirtieron especialistas que participaron en los cinco conversatorios organizados por el Senado en mayo pasado.
L a Comisión Reguladora en Telecomunicaciones, como órgano administrativo desconcentrado de la ATDT, tendrá independencia técnica, operativa y de gestión, y actuará con imparcialidad para dictar resoluciones. Su objetivo será garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión. Este organismo operará con cinco integrantes nombrados por el Ejecutivo Federal, quienes tendrán que ser ratificados por el Senado. Las y los comisionados deben tener al menos tres años de experiencia en el sector telecomunicaciones, y estarán en el cargo siete años a diferencia de los nueve que duraban los integrantes del IFT.
La ATDT deberá garantizar un marco regulatorio que fomente la inversión, competencia y eficiencia, asegurando que el acceso a las tecnologías y al internet no sea un privilegio, sino un derecho universal. Igualmente, formulará y conducirá las políticas públicas en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, y tendrá las facultades para regular, promover y supervisar el uso y explotación del espectro radioeléctrico, así como el acceso a redes e infraestructura.
Mientras que la Comisión Reguladora deberá emitir las disposiciones administrativas de carácter general, necesarias para regular las telecomunicaciones y radiodifusión, incluyendo la emisión de planes técnicos fundamentales, lineamientos, Normas Oficiales Mexicanas, modelos de costos, procedimientos de evaluación de la conformidad, procedimientos de homologación y certificación.
También otorgará las concesiones previstas en esta ley, resolverá sobre su prórroga, modificación o terminación por revocación, rescate o quiebra, y autorizará cesiones o cambios de control accionario, titularidad u operación de sociedades relacionadas con concesiones.
Podrá imponer sanciones por infracciones a las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas; o por incumplimiento a lo dispuesto en las concesiones, autorizaciones y títulos habilitantes o a las resoluciones, medidas, lineamientos o disposiciones emitidas por la comisión; dictar medidas precautorias y declarar, en su caso, la pérdida de bienes, instalaciones y equipos en beneficio de la Nación.
La ATDT se coordinará con la Comisión Reguladora para promover el acceso a las tecnologías de la información y comunicación, y a los servicios de telecomunicaciones y radiodifusión, incluido el de banda ancha e internet.
Cero “censura” y más accesibilidad
En la nueva Ley Telecom se eliminó el artículo 109 que permitía al gobierno bloquear plataformas digitales sin ningún procedimiento y sin especificar bajo qué condiciones.
Ese artículo señalaba: “Las autoridades competentes podrán solicitar la colaboración de la Agencia (de Transformación Digital y Telecomunicaciones) para el bloqueo temporal a una plataforma digital, en los casos que sea procedente por incumplimiento a disposiciones u obligaciones previstas en las respectivas normas que le sean aplicables”.
Además, se protegen los derechos de los usuarios de telefonía celular, ya que en la compra de chips, estos se podrán adquirir si se presenta una identificación oficial ante los operadores de telefonía móvil.
Se impulsa a medios sin fines de lucro: Javier Corral
La noche de aquel sábado, el senador de Morena Javier Corral Jurado expresó: “Esta Legislatura entregará al país una mejor Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, dando prueba de la importancia de ante inquietudes legítimas. Este nuevo marco legal es resultado también de las 89 voces ciudadanas que participaron en los cinco conversatorios convocados por este Senado”.
El legislador destacó que en materia de radiodifusión, la Ley Telecom impulsa, “como ninguna otra legislación anterior lo ha hecho”, a los medios sin fines de lucro, sociales, comunitarios, indígenas y afromexicanos, al brindarles viabilidad financiera y económica que equilibre el modelo mercantil y comercial que ha imperado por décadas.
Al enumerar los beneficios de la nueva legislación, Corral dijo que la televisión sigue siendo el principal medio por el que se informa la población del país, por lo que esta ley fortalece la figura de los defensores de audiencia para transitar de “figuras decorativas” a garantes de derechos.
Por ello, abundó, cada concesionario o concesionarios que forman parte de un grupo empresarial contarán con una defensoría propia. “Esta obligación motivará de manera indirecta que la desinformación o las calumnias sean claramente desmentidas”, indicó.
Asimismo, la iniciativa busca garantizar a todo el pueblo de México el derecho fundamental de acceso a internet. “Por ello se establece que el Estado pueda por primera vez brindar servicios de telecomunicaciones a través de una empresa pública y contribuir así en la provisión de este servicio y también de telefonía… nada puede ser más contrario a la censura que expandir internet”, destacó Corral.
Se modificó, dijo, la participación del Estado en concesiones de uso comercial, para que no haya espacio de interpretación de violación al T-MEC. También se impone que el Estado compita en igualdad de condiciones y se asegure el principio de neutralidad de la competencia.
“Se eliminaron todos los artículos de la versión anterior que fueron señalados en la polémica; (además de que) cualquier concesionario podrá instalar infraestructura en bienes del Estado para desplegar redes públicas de telecomunicaciones y de radiodifusión”, dijo Corral al referirse al criticado artículo 109, que permitía el bloqueo de plataformas digitales.
En otro de los cambios que presenta la nueva Ley Telecom y en respuesta a señalamientos de la oposición, el legislador aclaró que se elimina el registro de usuarios de telefonía móvil, por lo que las personas sólo se van a identificar ante el operador, no ante el gobierno, y sólo al comprar un chip, a fin de garantizar que cada línea esté asociada a una persona.
Se garantizan derechos a toda la población
En la Ley Telecom aprobada se eliminaron los polémicos artículos 201 y 202 del anterior dictamen, pues establecían que los concesionarios que presten servicios de radiodifusión o televisión o audio restringido tenían que solicitar la aprobación de la Secretaría de Gobernación.
De modo que con esos cambios se permite la libertad de expresión, al igual que la libertad de transmisión y de contenidos a los concesionarios privados, aunque tendrán que sujetarse a la nueva normatividad.
En ese tenor, la Ley Telecom también protege la soberanía con la limitación de propaganda política extranjera, pero sin afectar la libre expresión, de acuerdo con su artículo 232.
Sobre las radios sociales, comunitarias, indígenas y afromexicanas se facilitará su acceso al espectro radioeléctrico, para que estas poblaciones puedan beneficiarse de su uso y aprovechamiento. Se posibilitará el 3% del tiempo para publicidad y patrocinios, y se destinará a estos medios entre 1 y 10% del presupuesto de comunicación social, según lo previsto en la fracción VII del artículo 68.
Igualmente, las radios comunitarias tendrán acceso a todo el espectro, no sólo a la parte alta del dial de FM, de forma que su participación está plenamente contemplada en la legislación.
Se establecen nuevos mecanismos para la asignación del espectro, entre ellos, esquemas de uso compartido, autorizaciones experimentales, plataformas y se destinará a estos medios entre 1 y 10% del presupuesto de comunicación social, según lo previsto en la fracción VII del artículo 68. Igualmente, las radios comunitarias tendrán acceso a todo el espectro, no sólo a la parte alta del dial de FM, de forma que su participación está plenamente contemplada en la legislación. Se establecen nuevos mecanismos para la asignación del espectro, entre ellos, esquemas de uso compartido, autorizaciones experimentales, plataformas de gran altitud, entornos de prueba controlados y redes de radiocomunicaciones inteligentes.
Con 77 votos a favor de Morena, PT, PVEM y MC, y 30 en contra de PRI y PAN, el Pleno del Senado de la República aprobó la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión (Ley Telecom), la cual tuvo más de 70 modificaciones respecto a la iniciativa presentada inicialmente por la presidenta Sheinbaum Pardo. El dictamen aprobado pasó a la Cámara de Diputados.
José Luis Camacho López
Por primera vez, el Estado mexicano podrá con la nueva legislación sobre las telecomunicaciones y la radiodifusión regular y ser el rector de los espacios radioeléctricos propiedad de la Nación, que los aparatos mediáticos ideológicos privados han convertido en cotos monopólicos para la comercialización de la información y la opinión.
A lo largo de la historia de la radiodifusión y las telecomunicaciones el Estado mexicano siempre ha estado en calidad de rehén, desde que la iniciativa para crear estaciones de radio y de televisión a lo largo de su historia siempre ha estado en manos privados que han convertido en prósperos negocios el manejo comercial de la información, la opinión y el entretenimiento.
La burguesía mediática acusa de censura a la nueva legislación de telecomunicaciones, patalea contra cualquier intención autoregulatoria de los corridos que incitan al crimen, pero ante cualquier asomo o signo que atente contra sus criterios ideológicos o de lucro de la información u opinión, lo censura como una santa inquisición particular.
Ahora que surgió una nueva versión de la reforma para crear una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión expedida en 2014, que sustituirá a la expedida durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, hay que recordar que la censura ha sido ejercida desde ámbitos de la burguesía privada que opera la mayor parte de los espacios mediáticos públicos de la radiodifusión y digitales de la internet.
Una de las víctimas de esa censura privada fue Carmen Aristégui despedida de dos corporaciones mediáticas privadas, la W Radio y MVS por realizar emisiones periodísticas en 2007 y 2015 que en el caso de la W Radio calificó de una “brutalidad” su silenciamiento por dos “poderosos grupos de comunicación Prisa y Televisa.
En su artículo que publicó en Reforma el 18 de enero de 2008, El Derecho de las audiencias, Carmen advertía de los riesgos del modelo corporativo y trasnacional de los consorcios mediáticos y el modo en que “toman decisiones de operación y funcionamiento de los medios de comunicación”.
Para Carmen en esos momentos de haber sido despedida por la censura en W Radio, el debate se centraba en “si se puede o debe colocar la llamada libertad de empresa por encima de la libertad de expresión y de las libertades fundamentales de periodistas y ciudadanos”.
Y exactamente este es el punto en que ahora estamos con la discusión sobre una reforma y nueva ley de telecomunicaciones y de la radiodifusión, durante la cual la burguesía mediática que controla un bien público como es el espacio radioeléctrico y digital, crea un escenario de manipulación de los derechos a las libertades de expresión y de información de acuerdo a lo que decía Carmen: una defensa a ultranza de la libertad de empresa sobre esas libertades que corresponden a toda la población del país y no a grupos privilegiados de las empresas privadas mediáticas.
En las empresas de las telecomunicaciones y la radiodifusión privadas los derechos de las audiencias no existen. La ley expedida en 2014 jamás se ha respetado cuando las audiencias no existen en las políticas y criterios del uso y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones como un servicio genuinamente público apegados a los artículos que dictan los artículos 6o., 7o., 27 y 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”.
Lo importante en esta nueva iniciativa es que los servicios de telecomunicaciones y de la radiodifusión sean realmente servicios públicos de interés general. Sobre todo que el Estado efectivamente ejerza la rectoría en estas indispensables materias de la comunicación, proteja la seguridad y la soberanía de la Nación tal como ya lo especificaba la ley que será sustituida. Y también que el Estado mantenga el dominio originario, inalienable e imprescriptible sobre el espectro radioeléctrico y no solamente sea un discurso como lo fue la ley de 2014.
Un punto importante que se destaca en esa iniciativa es restringir a los concesionarios de la radio y la televisión la difusión de productos de propaganda de abiertamente contenidos intervencionistas con cargas ideológicas, políticas o comerciales producidos por gobiernos del exterior, como ya ocurrió con mensajes personificados por la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem del gobierno estadunidense, que criminalizan al migrante y a la migración.
Otro de los puntos importantes de la nueva iniciativa es que efectivamente esté prohibida la discriminación de cualquier tipo que prohíbe la Constitución General de la República en su primer artículo.
Otro de esos puntos es que efectivamente los concesionarios de la radio y la televisión sean privados, públicos, sociales, comunitarios que cuenten con Códigos de Ética y Defensores de Audiencia, no solo se formulen, se cumplan con el rigor que implica respetar los derechos de los públicos de cada medio.
En los más de una década que operaba el Instituto Federal de las Telecomunicaciones, casi al final de su extinción, intentó convencer a los concesionarios de contar con Códigos de Ética que regularan el comportamiento de los actores mediáticos de las empresas de la radiodifusión tanto privados como los públicos o de otra naturaleza. Un intento fallido.
Es previsible que en la nueva legislación se precise que en las concesionarias sean de uso comercial, público, privado, social, comunitario, en sus programaciones la información y la opinión estén claramente diferenciadas, así como la publicidad o propaganda que se disfraza por medio de los géneros periodísticos.
El otro tema de relevante importancia es el ejercicio del derecho de réplica que regularmente se omite en los espacios mediáticos del espectro radioeléctrico y escandaliza cuando desde la presidencia lo ejercía Andrés Manuel López Obrador y ahora lo ejerce la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes por el hecho de ocupar el más alto cargo de responsabilidad pública no pierden su calidad ciudadana con todos sus derechos constitucionales.
Las telecomunicaciones y la radiodifusión no solamente son servicios públicos de interés general, son propiedad de la Nación y cuya rectoría no puede estar en manos privadas.
En el caso de los narcocorridos levantan sus irascibles voces sobre la sagrada libertad de expresión y se oponen a cualquier intención regulatoria o prohibición en espacios públicos.
Esa burguesía intolerante ha contado con aliados en los juzgados cuando se trata de aplicar censuras ideológica. Así ocurrió cuando un juez del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa otorgó la suspensión temporal de la exposición La Segunda Venida del Señor, de Fabián Chairez por ser “cristianofóbica” y “ofensiva a la moral” según grupos de religiosos católicos que interpusieron un amparo a través de una Asociación de Abogados Cristianos, con el argumento de “daños al honor religioso”.
La segunda exposición de Chairez estaba programada para ser exhibida en el Museo de la Ciudad de México, una propiedad pública del gobierno de la Jefatura de Gobierno capitalina. Chairez ya había tratado de exponer sus obras en la Academia de San Carlos, un espacio de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se muestran ministros, monjas y acólitos religiosos con diferentes actitudes eróticas en nueve lienzos, que molestaron a creyentes de esa santa fe religiosa.
Lo mismo le ocurrió al artista plástico Rolando de la Rosa cuando presentó una exposición con imágenes de la Virgen de Guadalupe con el título de “Virgen Marilyn”, que incitó a cientos de iracundos católicos a condenarla cuando se presentó en el Museo de Arte Moderno el 23 de enero de 1988. La prensa católica se horrorizó y se sumó al escándalo.
Según una versión periodística el propio Arzobispo de la Ciudad de México, Norberto Rivera ordenó la manifestación con militantes de la organización Provida que encabezaba el ultraderechista Jorge Serrano Limón. Uno de los cuadros que incitaron al linchamiento de la exposición fue la que presentaba a la Virgen de Guadalupe con el rostro de Marlyin Monroe y los pechos de fuera.
Treinta y siete años después, se censura otra obra plástica de un pintor por desafiar a los fundamentalistas católicos.
*Periodista y Académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
José Luis Camacho López
La primera intervención del Estado mexicano en materia de radiodifusión y del espectro radioeléctrico fue la señal de Radio Educación, una emisora de la Secretaría de Educación Pública, que en la visión inspirada de quien se acredita su creación: José Vasconcelos, se propuso reducir el analfabetismo en el país y ser vehículo público pedagógico de la educación pública, en una etapa de violentos desencuentros entre los caudillos de la Revolución Mexicana.
Después de la fundación de esta emblemática emisora (1924), el Estado mexicano optó por beneficiar y apoyar a empresas privadas y entregándoles concesiones para la explotación económica del espacio radioeléctrico, cuando aún no se percibía que al Estado, le correspondía también participar en el espacio aéreo radioeléctrico. Entonces, no se tuvo la visión del estratégico papel que le correspondía a un medio de comunicación de esa dimensión como la radio. Aunque para el caso de la BBC de Londres, creada en 1922, sí se tuvo esa visión.
A lo largo del siglo XX, además de la BBC se fundaron Radio Nederland (Holanda), Deutsche Welle (Alemania), Radio Francia (Francia), Radio Televisión Española (España), con una clara función pública de su papel político y sociocultural en el espacio radioeléctrico, y como vehículos para difundir sus lenguas, pero también como representantes de Estados en la disputa de los espacios de la radio y la televisión. Todas ellas, con una característica similar: depender de fondos públicos con diversas estrategias fiscales.
En México, durante los 70 años de partido de Estado en la Presidencia (creado en 1929 por Plutarco Elías Calles), a todas las empresas radiofónicas y de la televisión se les apadrinó y protegió en sus negocios y se mantuvo como aliados políticos. Eran “soldados de la Revolución”, llegó a decir “El Tigre”, Azcárraga, fundador del emporio Televisa. Mientras tanto, la radio y la televisión públicas, creadas casi por accidente, durante décadas fueron condenadas a navegar en el espacio radioeléctrico, regateándoles su vida, sin una política pública definida en todo el espectro radioeléctrico nacional.
El trato que les otorgó el partido de Estado a esos medios fue de exclusión, tanto de gobiernos del Partido Revolucionario Institucional como del Partido Acción Nacional. Los medios públicos eran parte de la “familia incómoda”; no sabían qué hacer con las estaciones de radio y televisión, al grado que durante el periodo del Tratado de Libre Comercio y del periodo económico político neoliberal estaban amenazados con la desaparición.
Radio Educación, Notimex, IMER, Canal 22 y Canal Once parecían tener el mismo destino de la desincorporada Imevisión, que llegó a operar como empresa estatal con nueve canales en la capital del país, Chihuahua, Ciudad Juárez, Guadalajara, Mexicali, Tijuana y Monterrey, además de 90 y 78 estaciones repetidoras. Todo un escandaloso regalo que se le hizo, al empresario Ricardo Salinas Pliego, al venderle Imevisión, quien ahora evade pagar impuestos. La falta de visión de aquellas administraciones gubernamentales para con los medios públicos, llevó a esas burocracias sexenales a nombrar como directivos a políticos, amigos o como “premios de consolación”.
El Canal Once nació en una bodega cercana al Casco de Santo Tomás. Radio Educación tuvo un largo itinerario accidentado con algunas luces por varias décadas sin saberse de su futuro hasta que una profesora María del Carmen Millán en 1970, tuvo la visión de recuperar su original función educativa con el apoyo de un grupo de mujeres judías que le donaron un transmisor.
A cien años de su fundación Radio Educación, que sin duda representa hasta ahora, el ejemplo del porqué el Estado mexicano debe contar con medios de genuina vocación cultural, sociopolítica y pedagógica, todavía no cuenta con una política pública de largo alcance para que sus objetivos incidan en la radiodifusión nacional, cuyo espectro está acaparado por unas cuantas familias de la mercadotecnia políticoeconómica, además de asumirse como voceras de grupos de derecha y ultraderecha.
Reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión
Ahora, para el segundo piso de la IV Transformación de la República, se presenta la oportunidad de elaborar un proceso de construcción que coloque a los medios públicos en una pista de desarrollo propicio para el equilibrio mediático frente a la alta concentración en el sector privado, en donde la información y la opinión son manipuladas, disfrazando la libertad de empresa con la libertad de prensa.
La definición de “medios públicos” debe ser más precisa en la Ley Federal de Telecomunicación y Radiodifusión ya que todos los medios sean de uso comercial, privado, público o social “son servicios públicos de interés general”. Todos esos medios (públicos y privados), se transmiten en un espacio público radioeléctrico propiedad y dominio de la nación, a la que no ha renunciado el Estado mexicano.
Este carácter específico todavía no ha logrado ser completamente discernido cuando todas las empresas radiofónicas son concesionarias del espacio público radioeléctrico, ya que todas son reguladas por un marco jurídico derivado de la Constitución, primero con la anterior Ley Federal de Radio y Televisión y ahora todas como concesionarias, en la vigente Ley Federal de Telecomunicaciones y de Radiodifusión. Emisoras como Radio Educación están definidas con la figura de uso público, mientras que otras, como uso social para grupos comunitarios o indígenas, ambas sin fines de lucro.
Las emisoras dedicadas al lucro fueron descritas como de uso comercial y privado, propias del modelo capitalista de libre mercado. Aunque la misma Ley Federal de Telecomunicaciones y de la Radiodifusión dice que “en ningún caso el factor determinante será meramente económico, sin menoscabo de lo establecido en esta Ley en materia de contraprestaciones”.
La segunda etapa de IV Transformación
Para quienes dirigen la segunda etapa de la IV Transformación de la República, encontrarán en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, grandes desafíos para los medios públicos, entre ellos: mayores recursos presupuestales; proyectos para mejoras técnico-administrativas; y hacerse de amplias audiencias representativas y participativas de sus cartas programáticas. Suficientes recursos, mejores tecnologías y mayores audiencias cuya programación responda a su función pública, considerando el interés colectivo de los grupos sociales, observando el rápido envejecimiento de su población y los cambiantes fenómenos cibernéticos que atrapan a la juventud a edades tempranas.
Para subsanar la insuficiencia de recursos financieros, la queja más frecuente de la comunidad trabajadora productora de Radio Educación, es la necesidad de mayores recursos financieros. Aunque ahora la ley les permite allegarse financiamiento por diferentes vías, no sólo contribuciones federales.
La legislación impide que los medios de servicio público tengan fines de lucro: “dentro de sus actividades la obtención de ganancias con propósitos de acumulación, de tal suerte que los remanentes de su operación sólo podrán invertirse al objeto de la concesión”, advierte la legislación. En un programa de “Tiempo de Análisis”, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, transmitido en AM por Radio UNAM, la subsecretaria del Gobierno de Chile, Nicole Cardoch Ramos, consideró que una fórmula de los medios públicos para obtener recursos, es entrar a la “torta” del mercado publicitario, como lo hace el Canal Nacional de Chile de televisión.
Sin embargo, aclaró que esa forma no es la idónea para conservar la viabilidad de esos medios. La vía correcta, dijo, es que obtengan recursos públicos autorizados por el Congreso para que “no tengan que pelear su existencia” en cualquier cambio de gobierno. La gran tarea de los llamados medios públicos, llegó a decir la funcionaria del actual gobierno de izquierda chileno, es atajar el estridente vendaval de las noticias falsas, que “viajan diez veces más rápidas que las verdades”, donde los medios públicos, sean garantes de que sus audiencias reciban información veraz.
Parte de la historia de los medios públicos en México tiene que ver con los esfuerzos por hacer valer el derecho a la información en los espacios radioeléctricos, dominados por empresas privadas que se escudan en la libertad de prensa para comercializar las libertades públicas de manifestación y difusión de las ideas. A los medios de uso público o de uso social como Radio Educación, del Instituto Mexicano de la Radio (IMER), Canal Catorce, Canal Once, Canal 22, Capital 21, el Sistema Mexiquense de Medios Públicos, así como las televisoras y radiodifusoras estatales, les urge alejarse de la incertidumbre sexenal para no confundir lo gubernamental con lo público.
Un primer paso para garantizar mayores recursos financieros a esos medios públicos, es autorizarles la “venta de publicidad a entes públicos federales”, como se les permite a los de uso social; agilizar sus fuentes de ingreso como donativos; venta de sus productos, patrocinios, proyectos de financiamiento y convenios de coinversión. Además de buscar una mejor vía a la utilizada por la Deutsche Welle, que recibe recursos de un impuesto específico a las concesionarias privadas. Y desde luego revisar sus cartas programáticas con una visión de mayor alcance.
En el caso de Radio Educación recuperar programas exitosos como Del Campo a la Ciudad y El hijo del Chahuiztle con fuertes lazos sociales y con mayores audiencias en esa emisora histórica. Cada medio de uso público debe sacudirse de la polilla y colocarse en los tiempos actuales de un país inmerso en la lucha entre dos proyectos de nación que provienen desde la independencia: el de país con un verdadero sentido de nación en la era de la globalización, la etapa superior del depredador capitalismo mundial.
Periodista y académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Desde su creación hace casi una década, el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano ha tenido como misión legal: Promover el conocimiento, los derechos humanos, libertades y difusión de los valores cívicos; el compromiso ético con la información objetiva, veraz y plural, entre otros. Las dos administraciones que ha tenido el SPR, Armando Carrillo Lavat y Jenaro Villamil Rodríguez (actualmente) han imprimido su toque personal y las directrices gubernamentales en turno.
La programación que ofrece el SPR, a través del Canal 14 y Alta Voz (su brazo radiofónico), así como en los canales de televisión y de radio públicos, se ajustan a lo que establece la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano aprobada en julio de 2014.
El artículo 7 de la Ley del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano recomienda: Facilitar el debate político de las diversas corrientes ideológicas, políticas y culturales; promover la participación ciudadana mediante el ejercicio del derecho de acceso a los medios públicos de radiodifusión; promover la pluralidad de contenidos en la programación y a los acontecimientos institucionales, sociales, culturales y deportivos, dirigidos a todos los sectores de la audiencia, prestando atención a aquellos temas de especial interés público.
Además, promover la difusión y conocimiento de las producciones culturales nacionales, particularmente las cinematográficas; apoyar la integración social de las minorías y atender a grupos sociales con necesidades específicas.
Entre los programas que Canal 14 transmite semanalmente figuran: Debate Público, Versiones Públicas, Polémica en Redes (transmitido hasta finales del año pasado) Consulta Médica, Tv Migrante Informa, Mañanera 360, Noticiero France 24, Largo Aliento, Salud y Deporte, Noticiero Científico y Cultural NCC, Sucesión 2024, Punto de Referencia, Cinema 14, informativo 14, Reportaje 14.
Además de transmitir festivales musicales realizados en la capital del país, el Festival Internacional Cervantino, los informes presidenciales y festividades cívicas (desfile del 15, 16 de septiembre y 20 de noviembre).
La mayoría de esa programación es propia. Algunos otros son producidos por otros canales públicos como Canal 11 y Canal 22 o Tv UNAM, Canal 44 con lo que también se cumple con lo establecido en la legislación, donde se recomienda el intercambio de producciones. Aquella diversidad en la programación, se produce a pesar de las restricciones presupuestarias de la administración federal que recomienda políticas de austeridad. Eso ocurrió desde principios de la administración en 2019.
La administración de Villamil Rodríguez ha tenido que enfrentar la intensidad de las campañas de desinformación producidas desde el inicio del sexenio por los opositores, empresas de la comunicación y poderes fácticos por lo que el SPR ha tenido que responder con mayor producción de programas informativos y de análisis como Mañanera 360, Reportaje 14, Debate Público, Versiones Públicas, Sucesión 2024, Punto de Referencia, con perfil crítico y plural.
Esa programación está lejos de ser gubernamental u oficial. Los contenidos de noticieros y programas de opinión no inducen opiniones o preferencias. Se presentan distintos ángulos de la noticia cubriendo lo mismo a actores gubernamentales u opositores. Los programas de entrevistas, resultan ilustrativos como Largo Aliento que conduce la dramaturga Sabina Berman.
A principios de enero el SPR inició la transmisión del nuevo informativo Punto de Referencia que sustituyó a “Once Noticias”, noticiero estelar en Canal Once. Informativo donde las noticias son analizadas por los propios conductores: Azul Alzaga y Alberto Nájar. Dividido en secciones nacionales, internacionales y capitalina, donde se realizan entrevistas con analistas, así como con opiniones de la gente acerca de alguna nota comentada. Punto de Referencia se transmite en Canal 14 y se retransmite en otros horarios.
La actual programación de Canal 14, prácticamente partió de cero al iniciar la administración actual. Los estándares de calidad de contenidos; el crecimiento tecnológico; la creación de nuevas áreas de producción: y la expansión en su cobertura a nivel nacional con nuevas concesiones para las frecuencias de Alta Voz, avalan la conducción de su titular, el periodista, Jenaro Villamil.
Antes de su arribo a la Presidencia del SPR, Villamil Rodríguez, se desempeñó como reportero del seminario Proceso donde trabajo por muchos años. Además de ser autor de una decena de libros como: Ruptura en la cúpula (1996); La guerra sucia del 2006, en coautoría con Julio Scherer Ibarra (2007); Si yo fuera presidente, El reality show de Peña Nieto (2009); y Peña Nieto: el gran montaje (2012). La caída del telepresidente (2015). Durante once años (1999- 2010), junto a Carlos Monsiváis, coescribió la columna “Por mi Madre, Bohemios”, publicada en Proceso. Durante más de una década Villamil analizó en la revista Zócalo, la agenda mediática, cuestionando al duopolio televisivo y alentando el ejercicio del derecho a la información y la pluralidad en los medios de comunicación.
Las bancadas partidistas en el Senado tienen la oportunidad de refrendar con su voto, la posibilidad de que el Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano continúe consolidándose con Jenaro Villamil al frente..
