La función electoral es una de las tareas de mayor relevancia para el estado Mexicano, ya que a través de ella se logra la renovación pacífica y regulada de los cargos públicos. Esta tarea, desde hace más de tres décadas, fue encomendada a, una autoridad electoral administrativa autónoma, en aras de impulsar procesos electivos en un marco democrático.
Desde el régimen del partido hegemónico hasta el pluripartidismo de hoy, las instituciones electorales se han adaptado a las necesidades de una sociedad cada vez más informada y participativa. Los órganos electorales, nacionales y estatales, son depositarios de la vocación democrática de ciudadanía y las fuerzas, políticas, las cuales mediante consensos conformaron entes que se desempeñan como árbitros, fiscalizadores y organizadores de las contiendas electorales.
Primero, como Instituto Federal Electoral, y actualmente como Instituto Nacional Electoral, este órgano ha tenido la importante labor de impulsar los valores democráticos y reafirmar que las elecciones sean el medio ideal para elegir a representantes y autoridades. De tal forma que, en México, la democracia y sus principios han permeado en los poderes Ejecutivo y Legislativo, así como en su relación con el electorado.
Para este 2025, el INE enfrenta uno de los desafíos más importantes en la historia democrática: la organización de la elección por voto popular de los integrantes del Poder Judicial Federal. Proceso inédito a nivel nacional que amplía los derechos políticos de las y los mexicanos al permitirles elegir mediante sufragio a las personas integrantes de los cuerpos judiciales. Este ejercicio representa un parteaguas en la vida democrática nacional y un reto de proporciones titánicas para el órgano electoral.
Si bien, el decreto de reforma constitucional delineó las directrices y espíritu de la elección, le corresponde al órgano electoral la importante tarea de traducir los mandatos constitucionales en procesos, acciones, criterios y materiales para la emisión del voto. Labor en la que el INE tiene como ejes los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad, objetividad y paridad de género.
En la preparación de estos comicios existen múltiples elementos novedosos que el Instituto ha resuelto mediante el uso de sus más altas capacidades. Asegurando que al igual que en los otros procesos electivos, las candidaturas tengan un piso parejo y la ciudadanía pueda elegir libre e informadamente. Este es el compromiso institucional que el órgano electoral ha abanderado desde su creación en 1990 y que en esta ocasión también se cumplirá a cabalidad.
Por ejemplo, en la reforma se establece que los integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y del Tribunal de Disciplina Judicial se elegirían a nivel nacional; las salas regionales del TEPJF en las cinco regiones que le corresponden; mientras que las magistraturas de circuito y juzgados de distrito por circuito judicial. Disponiendo así las áreas geográficas en que debería de realizarse cada elección, aunque sin precisar los elementos para su operabilidad.
En consecuencia, el Instituto realizó un importante esfuerzo técnico para, en apego al principio de certeza, configurar un marco geográfico que concilió la división territorial electoral existente con la ordenado por la reforma y las jurisdicciones de cada órgano judicial. De esta forma, se aseguró que, acorde a las realidades de cada circunscripción judicial, se proteja la igualdad del voto y el equilibrio poblacional.
El decreto también dispuso en su segundo transitorio que las boletas contuvieran información como los nombres enumerados de las personas candidatas distribuidas por orden alfabético, la especialización y la autoridad postulante. Precisando además que las papeletas debían de garantizar que el electorado pudiera elegir los cargos acordes con la paridad de género prevista.
Con ello en mente, se diseñaron seis modelos de boletas que permitirán presentar a la ciudadanía las múltiples candidaturas existentes con la información solicitada, así como emitir su voto de la manera más fácil y didáctica posible. En esta labor, el Instituto explotó su capacidad de síntesis y diseño para presentar materiales fáciles de manejar y comprender. Garantizando, además, que tendrán las condiciones de seguridad que permitirán una emisión legítima del sufragio.
Se prevé que el Instituto, a través de Talleres Gráficos de México, producirá cerca de 600 millones de boletas, lo que implica la impresión diaria de 8 millones. Cifra que sobrepasa por casi el doble las más de 312 millones de boletas de 2024 destinadas a las elecciones de presidente, senadores y diputados Federales. Para lograr este cometido, el Instituto elaboró una calendarización estratégica que le permitirá tener en tiempo y forma los materiales.
La reforma también otorgó al INE responsabilidades específicas respecto de su papel en las actividades posteriores a la jornada electoral. Particularmente, destaca la correspondiente a la asignación de los cargos votados, alternando entre mujeres y hombres. Es decir, el Instituto se convertirá una vez más en garante del cumplimiento de la paridad de género, en esta ocasión, en la integración del Poder Judicial.
A fin de cumplir este deber, el Consejo General aprobó los criterios para garantizar el Principio Constitucional de Paridad de Género en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En este documento de normativa interna, cuya finalidad es dar certeza y legalidad a las decisiones del órgano electoral, se desmenuza el actuar que se tendrá en los varios supuestos.
Así mismo, el Instituto ha atendido aquellos aspectos que, aunque no están previstos de manera explícita en la reforma, resultan indispensables en la organización de los comicios. En este supuesto se encuentra la definición del modelo de casilla y la traza del flujo para emitir el sufragio, los cuales debieron planearse acorde a los cargos a elegir y los recursos por disponer. La definición de ambos es de vital importancia para, por ejemplo, reducir el tiempo destinado a votar ante el incremento en las boletas a llenar.
Con este objetivo en mente, la autoridad electoral aprobó la casilla seccional la cual contendrá, una sola urna en la que se depositarán las seis papeletas, de forma que la ciudadanía no tendrá que clasificar sus votos, disminuyendo el tiempo para sufragar y posibles confusiones. Los simulacros realizados han mostrado que el lapso destinado a votar es lo más similar posible al de los procesos electivos anteriores (7 minutos para una elección local vs 9:30 minutos en la del Poder Judicial).
También es relevante mencionar la labor de promoción del voto que se realizará en estos comicios. Esta elección implica una misión más compleja a la de otros procesos, ya que el INE tiene el compromiso de hacer del conocimiento público las funciones de los cargos por votar y su impacto en la vida diaria, además, de prever los espacios para que las candidaturas puedan exponer sus perfiles y planteamientos.
Con este fin, se aprobó el Programa de Promoción de la Participación Ciudadana para la elección de diversos cargos del Poder Judicial de la Federación 2024-2025. En el cual se detallan las acciones informativas que buscarán motivar la asistencia a las casillas y la emisión de un voto informado, destacando la continuación de herramientas como Candidatas y Candidatos, Conóceles, cuya efectividad fue demostrada en el proceso de 2024.
También se pondrá en marcha la campaña Conoce, Practica y Ubica (CPU) mediante la cual se dispondrá de un micrositio en el que el electorado podrá ingresar al sistema Candidatas y Candidatos, Conóceles; practicar su voto en un simulador, y ubicar la dirección de su casilla seccional.
Estos son tan sólo algunos de los retos que ha enfrentado el Instituto, y de los cuales vendrán más, en el cumplimiento del compromiso ineludible que tiene de hacer realidad lo estipulado por la Constitución respecto de la integración del Poder Judicial.
El ejercicio de la función electoral ha pasado por un largo proceso de ciudadanización y profesionalización, cuyo único, objetivo ha sido la organización imparcial de los procesos electorales. Este ha sido uno de los grandes logros del sistema electoral mexicano, el cual se materializa en el Instituto Nacional Electoral.
En todos y cada uno de los procesos electivos, desde los realizados para integrar los poderes de la Unión hasta los de democracia participativa, el órgano electoral ha actuado y continuará haciéndolo en estricto apego a la normativa.
La puesta en marcha de lo estipulado en la reforma al Poder Judicial es una oportunidad histórica para que el INE refrende la confianza de la ciudadanía y su capacidad para hacer realidad los valores democráticos. En ello está puesta la atención y esfuerzo de quienes integramos el Instituto.
*Consejera Electoral del Instituto Nacional Electoral
Por primera vez desde que se creó el Instituto Nacional Electoral (INE), el conteo de los votos no los realizará la ciudadanía tal como ocurre desde 1990. Al contrario, el conteo estará a cargo de los Consejos Distritales del Instituto.
Asimismo, los resultados no se darán a conocer inmediatamente después de la elección del próximo 1 de junio, sino 12 días después, según lo acordado por el Consejo General del INE.
La complejidad de la elección de integrantes del Poder Judicial, tanto local como federal, y que incluye a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, magistrados electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), magistrados electorales de las salas regionales, magistrados de circuito, jueces de distrito, entre otros, trastoca uno de los pilares de la democracia mexicana: la participación ciudadana.
Es por ello que el INE diseñó dos modelos de casilla: uno con cuatro funcionarios de Mesa Directiva de Casilla, la cual sólo atenderá la elección federal, y otra con cinco funcionarios de casilla para los estados concurrentes.
Debido al recorte presupuestal al INE, se determinó que el número de casillas instaladas no será el mismo para laselecciones presidencial o intermedias, sino que sólo habrá 83 mil 997 casillas en contraste con las más de 170 mil que se instalaron en los comicios pasados.
En esta ocasión, los funcionarios de casilla sólo agruparán los votos de cada cargo a elegir y contarán cuántos sufragios se emitieron para cada cargo. En tanto, personal del INE se encargará de contar los votos correspondientes a cada candidatura.
En el documento del INE se aclara: “Debido a que se tendrán las votaciones de seis cargos a nivel federal, y de ser elección concurrente, de hasta seis cargos a nivel local, no se realizará el escrutinio y cómputo en la casilla, sino en las sedes de los consejos distritales, las y los funcionarios de Mesa Directiva de Casilla Seccional solamente harán la clasificación y conteo de los votos por cargo”.
En tanto, el TEPJF avaló por mayoría de votos el proyecto del magistrado Felipe Fuentes respecto al nuevo esquema del INE.
“Hacer el cómputo en casilla generaría una mayor afectación a la certeza y la rapidez en que se efectúa el cómputo y generaría una dilación en la actividad, e insistiría en la complejidad con la que se realiza que cada ciudadano asiste su voluntad”, expresó el magistrado Fuentes.
Por su parte, el magistrado Felipe de la Mata agregó que “el abandono temporal del paradigma de la ciudadanización de la casilla responde a circunstancias especiales”.
No obstante, la magistrada Janine Otálora y el magistrado Reyes Rodríguez discreparon de la postura del bloque mayoritario del TEPJF, pues aseveraron que esta medida extraordinaria es un retroceso en la democracia, ya que la legalidad, al igual que la transparencia de la elección, reside en el ciudadano.
Abraham Pensamiento
El paro laboral que realizan magistrados, jueces y trabajadores del poder Judicial, que el sindicato rechaza, es criticado por la Asociación Nacional de Abogados Democráticos.
En una carta dirigida a la sección de correspondencia del periódico La Jornada, la ANAD califica como “una vergüenza que denominen paro a ese acto completamente ilegal que incluso se encuentra en delitos previstos en el Código Penal Federal”.
El texto advierte que el “derecho de huelga está reglamentado en la Ley Federal del Trabajo y que para su ejercicio es necesario cumplir con varios requisitos y tener fines lícitos, por el contrario, los “paros” constituyen un derecho de los patrones y para su ejercicio también se requiere cumplir con requisitos para obtener la autorización de los tribunales electorales…
Por lo anterior, “resulta ilícito e inmoral que los encargados de hacer cumplir con las normas jurídicas sean quienes las atropellen y pongan un pésimo ejemplo para todos los ciudadanos y grupos sociales”, se agrega en la misiva de esa organización que preside Bertha Galeana Cisneros.
De acuerdo con el mismo texto, la protesta que ya cumple tres días, los paristas “se hacen acreedores a la rescisión de sus relaciones de trabajo y de las penas correspondientes de los delitos en contra de la administración de justicia en que se encuadra claramente su conducta”.
Al aceptar que algunos ministros de la Corte respaldan y admiten ese paro, la ANAD denuncia que los ministros de la Suprema Corte “no tomarán las medidas disciplinarias y legales que están obligados a tomar por la sencilla razón de que son ellos los que iniciaron y dirigen tales actos”.
Finalmente, la ANAD llama a los otro poderes de la Unión a que “enfrenten con firmeza esta grave alteración al orden constitucional..”.
En un artículo de opinión publicado por el abogado laboral, Manuel Fuentes Muñiz, en el portal electrónico La Silla Rota, afirma discrepar del paro “porque no es genuino, y a quienes lo encabezan no les importa afectar a las personas que han perdido su libertad, salario y empleo, derechos individuales y sindicales, incluso sus propias viviendas, por el uso indebido del poder del Estado…”
“Disiento del paro por no ser congruente, porque si los trabajadores suspenden labores deberían dejar de recibir salarios y todas sus prestaciones. ¿Dónde se ha visto que te paga el patrón por dejar de trabajar?”, agrega Fuentes Muñiz.
De acuerdo con el artículo 225 del Código Penal Federal, “Son delitos contra la administración de justicia, cometidos por servidores públicos”. La fracción VIII dice lo siguiente: “Retardar o entorpecer maliciosamente o por negligencia la administración de justicia”.
Redacción
El Presidente Andrés Manuel López Obrador informó esta mañana que el 5 de febrero presentará un paquete de reformas a la Constitución en Palacio Nacional, en el recinto donde en 1857 se aprobó la Carta Magna.
“Voy a presentar ese día todas las iniciativas de reforma a la Constitución, aquí en la Ciudad de México, es un paquete de iniciativas que tiene que ver con salarios, pensiones. La reforma al Poder Judicial, la electoral, el día 5 de febrero”, precisó.
Desde el Salón de la Tesorería, el mandatario dijo que las iniciativas que presentará tienen el propósito de erradicar la herencia neoliberal. La reforma a las pensiones busca que los jubilados obtengan una remuneración del 100% y que siempre suba con respecto a la inflación.
A pesar de que no detalló en qué consiste el resto de sus propuestas, en conferencias anteriores ha dicho que busca que los consejeros electorales, ministros, magistrados y jueces sean electos por voto popular. También ha señalado que insistirá en la anexión de la Guardia Nacional a la SEDENA, así como en una propuesta para la industria eléctrica que contrarrestará la iniciativa que Enrique Peña Nieto propuso.
La presentación de esas iniciativas, se realizará en “el recinto donde se aprobó la Constitución Liberal de 1856-1857, porque considero que es un recinto histórico, siempre hablamos de la Constitución de 1917, pero mucho de los fundamentos de la Constitución de 1917 se definieron en la Constitución Liberal, incluso se mantuvieron muchos artículos”, explicó.
“Es un paquete de reformas importantes, en beneficio del pueblo de México, es lo que, pensamos nosotros, va a ayudar a tener un marco jurídico acorde a los nuevos tiempos, que facilite el que siga avanzando el proceso de transformación”, aseguró López Obrador.
Por Abraham Pensamiento
Al inaugurar, el ciclo de conferencias acerca de una posible reforma judicial, el exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar dijo que “cualquier ejercicio que tenga que ver con la justicia tiene que partir de que los seres humanos no son expedientes”.
“Hacemos este primer foro de reforma integral de la justicia para escuchar a las víctimas viéndolos a los ojos con empatía, con sensibilidad, porque cualquier ejercicio que tenga que ver con la justicia tiene que partir de que los seres humanos no son expedientes”, detalló.
Los “Diálogos por la transformación” buscan que la población se sensibilice por las personas que fueron señaladas con acusaciones infundadas y, consecuentemente, encarceladas sin un juicio justo, se explicó durante el encuentro de especialistas y víctimas de delitos.
El acto, se realizó en el Aula Magna San Ignacio de Loyola, de la Universidad Iberoamericana, al que asistieron víctimas de derechos humanos como cinco personas: Alejandro Cortés Vallarta, Jessica Vallarino Godínez, Beatriz Maldonado, Claudia Sánchez Mayorga e Irinea Buendía. Los cinco presentaron a la audiencia su testimonio sobre la inoperancia del sistema penal relatando los hechos que padecieron.
Cortés Vallarta, sobrino de Israel Vallarta narró cómo ocurrió la detención de ambos (2006-2009) por elementos de la extinta AFI. Por su parte, Vallarino habló sobre las irregularidades del caso de una mujer policía federal (Dulce Belén Sánchez Castañeda), detenida en 2012 a quien torturaron.
Irinea Buendía detalló el asesinato de su hija ocurrido en 2010, así como los obstáculos que tuvo que allanar para encontrar justicia a través de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Los participantes destacaron que el sistema de justicia penal tiene considerables fallas estructurales; sin embargo, resaltaron el trabajo de la SCJN en el combate a las múltiples injusticias. Claudia Sánchez informó que durante la presidencia de Arturo Zaldívar, ella pudo salir libre debido a que éste decidió visitar el penal de Santa Martha para escuchar los testimonios de las mujeres presidiarias.
“No vivimos en un Estado de derecho, porque si lo hiciéramos hasta la gente culpable tendría que salir libre si se respetara el debido proceso”, destacó Sánchez.
Alejando Cortés, por ejemplo, aseguró que tiene confianza en que las condiciones van a mejorar con el siguiente sexenio: “Creo en la 4T”, sentenció.
Los “Diálogos por la transformación” son el primer paso para reformar las instancias judiciales y, con ellas, la procuración de justicia, se dijo.
